El juez admite a trámite una demanda contra Telefónica por subir tarifas en Movistar

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Facua-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. En los próximos días, el juzgado hará un llamamiento a los casi cuatro millones de perjudicados a que se sumen a la causa “de forma gratuita”, según adelantó a El Confidencial el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

El juez argumenta que la cuantía es “indeterminada”, así como que procede “sustanciar el proceso por los trámites del juicio ordinario”. La demanda se tiene que hacer pública “en un plazo de 20 días” en un periódico de tirada nacional para que los perjudicados se puedan informar y personar en la causa. A partir de la publicación, “habrá 30 días para que las demandantes puedan presentar su denuncia”, según el magistrado.

“Se trata de una de las acciones colectivas con mayor número de afectados en España”, explicó Sánchez en declaraciones a este diario. Según esta asociación, la “subida ilegal” de las tarifas de Movistar Fusión en cinco euros mensuales hizo que la multinacional aumentara “de forma ilícita” sus beneficios en más de 220 millones de euros anuales. Fuentes oficiales de Telefónica declinaron a El Confidencial hacer “ningún tipo de comentario”.

Fuentes próximas a la operadora resaltaron a este diario que la oferta cumplía con “todos” los requerimientos de la ley y del Ministerio de Sanidad y Consumo. “Dimos un mes de plazo para que los que querían irse lo hicieran sin ningún tipo de permanencia, ni penalización. Ofrecimos más minutos de datos, más llamadas, pasamos de 100 a 300 megas y de 10 a 30. No era una subida lineal”, añadieron las mismas fuentes.

Facua ha creado una plataforma de afectados donde se incluirá información sobre cómo presentar la documentación. “Habrá un llamamiento masivo a los afectados y solo habrá que decir que eres o has sido cliente de Movistar y presentar alguna factura. En cuanto se publique el auto, habrá 30 días para que los afectados puedan dirigirse al juzgado por correo certificado. Es importante personarse en la causa para luego recuperar el dinero”, explicó Sánchez.

Hay tres perfiles de afectados: los que se quedaron en Movistar tras la subida de cinco euros; los que se fueron tras el incremento de tarifas, y los que se quedaron en Movistar un par de meses y luego se marcharon al comprobar cómo aumentaba el precio de su factura. “Es Telefónica quien ha incumplido. Los que tenían un contrato de permanencia podrían tener que pagar hasta 190 euros. Legalmente, cuando Movistar sube la tarifa se rompe la obligación de permanencia”, subrayó el portavoz de Facua.

La asociación de consumidores reclama en su demanda que la subida tarifaria de estas ofertas integradas de servicios de telefonía fija, móvil, televisión e internet en casa sea declarada “un acto de deslealtad” hacia los consumidores. Y es que desde el lanzamiento de Movistar Fusión, en septiembre de 2012, Telefónica aseguró en su publicidad e información comercial que mantendría sus precios "para siempre", una promesa con valor contractual.

“Irresponsable pasividad de las administraciones”

La denuncia también ejercita una acción de “cesación de la conducta desleal y de prohibición de su reiteración futura, a fin de que Telefónica paralice la subida. Asimismo, plantea una acción de remoción de los efectos producidos en los consumidores, de modo que la compañía tenga que devolver las cantidades cobradas de más”.

Facua ya criticó la “irresponsable pasividad de las administraciones ante este fraude masivo, que obliga a judicializar el caso”. La asociación presentó una batería de denuncias contra Telefónica a mediados de abril, “sin que ninguno de los organismos con competencias para intervenir en este asunto hayan anunciado medidas para proteger los derechos de los consumidores”.

Las denuncias fueron remitidas a tres organismos ministeriales, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), del Ministerio de Industria, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del Ministerio de Economía. Facua también se dirigió a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la compañía tiene su sede social.