Cepyme deja que sus expresidentes se queden 1,3 millones cobrados de forma opaca

La patronal de las pymes no tiene ningún interés en reclamar los aproximadamente 1,3 millones de euros que sus anteriores presidentes, Jesús Bárcenas y Jesús Terciado, cobraron de forma opaca entre 2006 y 2014 y por los que tuvo que dimitir Terciado. El juzgado que investiga el sistema de pagos ofreció a Cepyme personarse en la causa como perjudicado, pero renunció a hacerlo para pasar página. Como ese supone renunciar a unos 1,3 millones euros que recibieron en diversos conceptos los expresidentes pese a que oficialmente no tenían sueldo, el fiscal pidió el pasado 25 de septiembrer que se identifique a los que decidieron no reclamar nada. El ministerio público lo hace "en orden al ejercicio de las acciones procedentes", según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial. Así, la decisión de dejar el dinero en los bolsillos de Terciado y de Bárcenas amenaza de nuevo a la patronal, dependiente de CEOE. Una portavoz de Cepyme no quiso ayer hacer comentarios.

En 2010, Jesús Terciado accedió a la presidencia de Cepyme en sustitución de Jesús Bárcenas. Procedía de la patronal de Castilla y León, donde fue denunciado por gastos abusivos que el juzgado archivó. El cargo de presidente de Cepyme -que conlleva ser vicepresidente de CEOE- no tenía sueldo. Pero en su primer año, Terciado facturó a Cepyme a través de sus empresas 103.000 euros. Lo hacía con facturas con el concepto 'asesoría'. El sistema siguió y en 2011 facturó 177.000 euros y 136.000 hasta septiembre de 2012. Además, pasaba gastos por viajes y comidas (entre 6.000 y 18.000 euros, según el año). En total, Terciado facturó a Cepyme en 2011 y 2012 un total de 416.000 euros a través de dos de sus empresas.

Bárcenas recibía 64.000 euros al año por el alquiler de un coche de alta gama que ponía su propia empresa

Directivos de la patronal de Salamanca, Confaes, denunciaron que Terciado percibía ese sueldo aunque el salario no estaba previsto en los estatutos. Terciado acabó aceptando que había cobrado así y en octubre de 2012 pasó a tener un contrato de alta dirección de 140.000 euros al año: “Estoy cobrando sueldo desde 2012, antes lo hacía desde la facturación de mis empresas para compensar los gastos de vivir en Madrid y por la dedicación al cargo”, dijo entonces. En total, recibió unos 730.000 euros (sumando facturas, dietas y contrato) entre 2010 y 2014.

Confaes se fue al juzgado en 2014 y el titular del juzgado de instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, comenzó una minuciosa investigación que ha revelado ya datos chocantes. No fue solo Terciado, sino que Bárcenas, presidente entre 2006 y 2010, recibía 64.000 euros en concepto de alquiler de vehículo. La particularidad es que el vehículo de alta gama que usaba lo ponía Jesús Bárcenas SL, la empresa que tenía él mismo en Valdepeñas. Así que al dejar el cargo se quedaba el coche, que conducía él mismo y con el que hacía muchos kilómetros. Además, cobraba unos 65.000 euros al año fijos en gastos de representación. Esto no impedía que pasara gastos con su Visa empresas por comidas. En total, entre 2006 y junio de 2010, cuando dejó el cargo, recibió unos 580.000 euros (sin contar las comidas pagadas con la Visa), según fuentes conocedoras del caso.

La CEOE forzó la salida de Terciado en noviembre pasado por estos pagos, y su sucesor, Antonio Garamendi, testificó en el juzgado el pasado 5 de marzo. Allí, el magistrado ofreció a Cepyme personarse en la causa como perjudicado. Si Terciado y antes Bárcenas habían cobrado ilegalmente, el daño sería para Cepyme. El juez investiga si los cobros mediante facturas o mediante el coche de la propia empresa o con gastos de representación fijos eran legales, pero también quién aprobó el contrato de alta dirección de Terciado, porque no estaba en los estatutos.

Garamendi decidió no personarse e involucró al máximo a la organización en su decisión de pasar página. Primero informó al comité ejecutivo de Cepyme y este decidió "por unanimidad de sus miembros un texto consultado con sus asesores jurídicos" para someterlo a la junta directiva. Este órgano tiene 122 miembros, ya que están representados todos los líderes de las patronales englobadas en Cepyme.

Cepyme afirma ahora que “no se ha producido perjuicio para el patrimonio de la organización“

El pasado 15 de abril, la junta directiva adoptó ese texto: "La junta directiva de Cepyme ha acordado a propuesta de su comité ejecutivo no ejercitar acciones legales contra los anteriores presidentes de la entidad Jesús Bárcenas y Jesús Terciado". Añade el texto que "no desea personarse en el procedimiento penal [...] al considerar que no se ha producido perjuicio para el patrimonio de la organización", según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El acuerdo salió adelante por 46 votos a favor y tres en contra. La patronal de Salamanca, que se opuso y que había iniciado el caso, pidió que constara en el acta su oposición a dejar pasar el tema. En su posición, entregada por escrito, se reconoce "favorable a ejercitar las acciones civiles y/o penales que le han sido ofrecidas en su condición de perjudicado, rechazando expresamente cualquier acuerdo que conlleve la renuncia al ejercicio de las mismas".

La fiscalía reclama que los auditores den “las razones por las que no han sido contabilizadas las cantidades entregadas y otras retribuciones“

Dos días después de la junta, Garamendi envió al juzgado el acuerdo en el que negaba que Cepyme se hubiera visto perjudicada. Pero su decisión amenaza con volverse en contra. El pasado 25 de septiembre, el fiscal del caso pidió, entre otras cosas, la "relación de asistentes a la reunión de la junta directiva del pasado día 15 de abril en la que se declina la posible reclamación de las cantidades a las que pudiera tener derecho de resarcimiento o restitución, en orden al ejercicio de las acciones procedentes".

El fiscal también pide que declare José María Lacasa, secretario general de la CEOE desde 2008 hasta abril de este año, "a quien los imputados atribuyen participación, conocimiento y consentimiento en la fijación y retirada de sus retribuciones". También pide que declaren los auditores de las cuentas de Cepyme para que expliquen "las razones por las que no han sido exteriorizadas ni contabilizadas las cantidades entregadas y otras retribuciones" que cobraron Bárcenas y Terciado. Los auditores citados son socios de PWC y EY. Reclama que expliquen también "el procedimiento de auditoría seguido y la ubicación real de tales partidas y fondos así como su cuantificación".