Industria ofrece al PP 1.500 millones de superávit eléctrico para bajar el recibo de luz

La reforma energética llevada a cabo por el Ministerio de Industria no será en balde, por lo menos desde la perspectiva del programa energético que prepara el Partido Popular de cara a las elecciones generales del 20-D. El ministro José Manuel Soria tiene ya los datos de la liquidación de los costes del sistema eléctrico correspondientes al pasado año, y los resultados han superado las previsiones optimistas, de manera que el célebre y tradicional déficit cosechado desde principios de siglo ha cambiado el signo y se ha transformado en un superávit de 500 millones de euros. En 2015, la cifra superará los 1.000 millones de largo y la intención del Gobierno es que los 'números negros' sirvan como exponente de la agenda social exprés en beneficio de una bajada del recibo de la luz a lo largo del próximo año.

El colchón acumulado por el ajuste draconiano llevado a cabo en el mercado eléctrico a lo largo de esta legislatura ha servido para resolver uno de los problemas que más preocupaban a Mariano Rajoy cuando llegó hace cuatro años al Palacio de la Moncloa. No en vano, la deuda del sistema se ha convertido en una peligrosa bola de nieve que acumula cerca de 26.000 millones de euros, pero ahora la situación que se plantea no consiste tanto en evitar su crecimiento sino en satisfacer su reducción, complaciendo al mismo tiempo los intereses del consumidor español, que viene padeciendo una subida acumulada de tarifas de más del 70% durante la última década.

Las políticas impulsadas por la Secretaría de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal han revertido la situación, pero la Ley del Sector Eléctrico impide, en teoría, destinar los excedentes que genere el sistema a ningún otro cometido que no sea la amortización de la ingente deuda mencionada. Los objetivos de consolidación fiscal y los compromisos adquiridos con la Unión Europea condicionan las prioridades del Gobierno, pero el partido en el poder no quiere desaprovechar la puesta en valor de un éxito tan rotundo y reconocido por el propio sector eléctrico como es la eliminación del célebre déficit de tarifa.

La propuesta de los servicios técnicos del Ministerio de Industria consiste en incluir dentro del programa económico del PP un compromiso con los electores que garantice los preceptivos cambios legislativos para que una parte del superávit registrado en 2014 vaya directamente a compensar las subidas de la luz de estos últimos años y permita también mejorar aspectos básicos en la relación del sector con los consumidores más desprotegidos. En este sentido, los responsables de la política económica quieren extender la aplicación efectiva del bono social creado en 2009 con el fin de evitar la exclusión derivada por la pobreza energética que afecta a buena parte de los colectivos más vulnerables en España.

El Ministerio de Industria quiere que el bono social extienda su alcance efectivo para que llegue realmente a los colectivos más vulnerables

El Gobierno efectuó una primera incursión en esta estrategia el pasado verano, cuando el Consejo de Ministros adoptó un real decreto para rebajar la parte regulada de los llamados peajes eléctricos. La disposición ha supuesto en la práctica una disminución de la tarifa del 2,2% para los consumidores domésticos y fue propiciada gracias al recorte del 40% de los llamados pagos por capacidad, destinados a financiar la utilización potencial de instalaciones de reserva, cuya misión es evitar una saturación de demanda. Dichos pagos han perdido virtualidad desde el momento en que la potencia total instalada en España es ahora de 100.000 megavatios frente a un pico de demanda de poco más de 40.000 megavatios.

La posibilidad de apagones está descartada en la actualidad, por lo que los pagos por capacidad constituyen una especie de lujo que contrasta con las dificultades que tienen muchos consumidores para hacer frente al recibo de la luz. Sin embardo, desde el punto de vista legal, la medida del Gobierno representó algo así como una 'pequeña trampa' en el solitario de la regulación vigente. El plan es no tener que improvisar nuevas actuaciones equivalentes sino más bien disponer de un marco legal que facilite una política mucho más equitativa con los actuales consumidores. La hipoteca del déficit de tarifa será asumida con un programa de amortizaciones a más largo plazo, a sabiendas de que el sistema eléctrico ofrece ahora una viabilidad sostenible en el tiempo.

El margen de actuación que reportan los 1.500 millones de superávit esperado para el bienio 2014-2015 permite ciertas alegrías que hace poco parecían impensables. Baste señalar que cada punto de caída en el recibo de la luz supone un coste para el sistema de 100 millones de euros. En otras palabras, la tarifa eléctrica podría bajar el próximo año en torno a un 7% con solo destinar a este objetivo la mitad de los 'números negros' previstos para estos dos años. Un regalo que tiene lógicas connotaciones electorales pero que, al margen del debate político, puede ser muy bien recibido por el sufrido consumidor. A fin de cuentas, a nadie le amarga un dulce.