acuerdos secretos con las multinacionales

España, Luxemburgo y otros doce países ocultan información sobre los 'tax rulings'

Catorce países miembros han denegado los documentos al Comité del Parlamento Europeo que investiga los posibles fraudes tras el escándalo 'LuxLeaks'
Foto: Los Papeles de Luxemburgo han puesto en entredicho la figura de los 'tax rulings'.
Los Papeles de Luxemburgo han puesto en entredicho la figura de los 'tax rulings'.

Cuando la lucha Europea contra la fiscalidad blanda de lo estados miembros con las multinacionales parecía encauzada, ha llegado un nuevo obstáculo. Catorce de los 29 países de la UE han rechazado aportar documentos confidenciales sobre los 'tax rulings' -acuerdos privados con los que una empresa acuerda con la administración tributaria de un país cuánto y cómo pagar impuestos- al Comité Especial del Parlamento Europeo que está investigando el asunto, según consta en un documento del PE al que ha tenido acceso este diario.

España se ha sumado a este grupo excusándose en que se trata de información privada que violaría la actual ley sobre los datos tributarios, explican fuentes de Hacienda a este periódico. Y la administración española está en buena compañía. Reino Unido, Rumanía, Países Bajos y, sobre todo, Luxemburgo, tampoco han facilitado ningún tipo de documentación a los eurodiputados del Comité.

La presencia del Gran Ducado en este listado es la más llamativa, ya que los 'tax rulings' que justamente este pequeño estado firmó con más de 200 empresas fueron el centro del caso LuxLeaks. Esa investigación periodística, en la que participó El Confidencial, hizo públicos estos acuerdos secretos que permiten a las multinacionales ahorrarse miles de millones de euros en impuestos. 

Esta misma semana, un año después de que se hiciera pública esa información, la Comisión Europea ha concretado sus propias investigaciones. Starbucks y Fiat han sido las primeras en ser multadas por fiscalidad agresiva, ya que sus acuerdos para evitar pagar impuestos en los estados miembros se considerarán ayudas de Estado. En total, más de 50 millones que deberán ser devueltos a las arcas europeas.

El Parlamento Europeo, por su parte, ha creado el citado Comité Especial para investigar los Tax Rulings de los diferentes estados, pero este grupo de trabajo no está teniendo la vida fácil. Antes que los estados, ya 14 multinacionales rechazaron comparecer en las reuniones de la Comisión. 

A esta dificultad y a la falta de cooperación de algunos estados, Pierre Moscovici, comisario de Economía, intentó fijar una solución que garantizara tanto transparencia como eficiencia de la investigación. Sin embargo, debido a una normativa de 2010, cualquier documento confidencial que tenga que ser examinado necesita la autorización del estado que lo ha clasificado como tal.

Guía para no perderse en los papeles de Luxemburgo


Y la solución no es cómoda. Varios diputados han confirmado a este diario "las condiciones precarias" que la Comisión ha impuestos al Comité de Investigación de los 'tax rulings' para poder trabajar. Los documentos clasificados como confidenciales han sido "puestos a disposición" de los europarlamentarios en una única sala de lectura en la que está prohibido hacer copias, fotos o recibir asistencia. Los documentos, 800 páginas, quedarán en esta ‘cámara oscura’ tan solo una semana. "En un plazo de una semana y con las condiciones que nos impone la Comisión, no podremos llevar a cabo una investigación adecuada del mayor escándalo fiscal de la historia de la UE", comenta Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.

Intercambio automático

Hasta el momento, el mayor acuerdo al que han llegado todos los estados miembros, España incluida, se centra en el intercambio automático de información. A comienzos de este mes, los ministros de Economía de la UE han acordado que cada seis meses se produzca un intercambio de información sobre los acuerdos que han sido firmados, en una apuesta por la transparencia ante la opacidad fiscal. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, destacó la importancia de este "acuerdo político de principios sobre los 'tax rulings'". Los acuerdos, eso sí, seguirán sin ser públicos para la ciudadanía.
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