REGULACIÓN DE MEDIOS PROPIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS

Hacienda empuja a Ineco y Tragsa para que suelten las muletas del Estado

El Gobierno quiere evitar tensiones con el sector de la ingeniería privada y va a poner coto a los privilegios de las empresas públicas Ineco y Tragsa como suministradores preferentes del Estado
Foto: Trabajadores de la BRIF protestan para exigir mejoras laborales. (EFE)
Trabajadores de la BRIF protestan para exigir mejoras laborales. (EFE)

El Ministerio de Hacienda ha salido al quite de la batalla que el sector de la ingeniería privada mantiene a cara de perro con las empresas estatales Ineco y Tragsa con una regulación orientada a la reordenación de las compras públicas, y que tiene por objeto favorecer una mayor competencia en el mercado. El departamento que dirige Cristóbal Montoro se ha hecho fuerte para sacar adelante una serie de restricciones y condicionantes destinados a acabar de una vez por todas con los privilegios que han disfrutado estas compañías de capital público como proveedores y aliados preferentes de la Administración del Estado.

La reforma se plantea a través de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE el pasado 2 de octubre y que entrará en vigor en el plazo de un año, una vez que se hayan puesto en marcha los diferentes mecanismos que permiten la adecuación de los futuros procedimientos de contratación. La normativa acota el marco del sector público institucional y dentro del mismo fija los requisitos de lo que se conoce como medio propio y servicio técnico, que permite a dos instituciones de la misma naturaleza estatal establecer relaciones habituales de carácter comercial.

La figura del medio propio está protegida por la legislación vigente a partir del real decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que ahora se produce es una vuelta de tuerca en la homologación de las empresas que funcionan con dicha licencia, ya que la consideración de medio propio deberá ser acompañada en adelante con una acreditación adicional que certifique la eficacia y sostenibilidad de la entidad que trabaja con dicha etiqueta especial, de acuerdo con los más estrictos criterios de rentabilidad económica.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La opción de utilizar un medio propio dentro de la Administración del Estado deberá asimismo superar un estándar mínimo de calidad y eficiencia que ponga de manifiesto la necesidad de recurrir a este tipo de servicios sin pasar por las exigencias de una contratación pública en toda regla. Para ello se establece la obligación de acompañar una memoria justificativa de garantía con un informe específico de la IGAE que sirva para otorgar la declaración de medio propio con las siglas identificativas 'MP'. Solo a partir de este salvoconducto se entenderá que una institución, organismo o ente público está en condiciones de trabajar con carácter prioritario para el Estado.

El marco jurídico previsto para regular las relaciones internas en el seno del sector público contempla la aplicación de todos estos nuevos requisitos, tanto a los medios propios que se creen en el futuro como al 'stock' de los ya existentes en el ámbito estatal. Para estos últimos, el plazo de adaptación que fija la normativa es de seis meses, por lo que los beneficios que han disfrutado en esta materia empresas como Ineco y Tragsa tienen sus días contados, lo que probablemente favorecerá la negociación de acuerdos con otras empresas rivales del sector privado.

Las grandes patronales del sector de la ingeniería, como Fidex y Tecniberia, se han mostrado especialmente activas durante los últimos meses a la hora de denunciar lo que consideran una flagrante competencia desleal por parte de Ineco. En un momento especialmente crítico para la licitación pública, es si cabe más significativa la predilección que la empresa estatal de ingeniería obtiene como contratista destacado de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria que ha adjudicado a dedo a su ‘hermana’ del Ministerio de Fomento un 60% de todos los encargos efectuados en lo que va de año.

Foto: Ineco.
Foto: Ineco.

Todas estas operaciones han sido efectuadas a partir de lo que se conoce como ‘encomiendas de gestión’ que, para entenderlo más claramente, vienen a ser la coartada legal que permite a los altos cargos del Estado esquivar el concurso público cuando actúan como clientes en la oferta de un servicio o un bien de dominio público. Denuncias equivalentes han sido elevadas también al Ministerio de Hacienda en relación con los trabajos efectuados por Tragsa como proveedor de corto, medio y largo alcance del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La estrategia de control que trata de imponer el Gobierno para frenar estas prácticas está orientada también con la intención de soslayar la intervención frontal de la CNMC. El organismo regulador de los mercados se ha demostrado especialmente celoso en casos de análoga naturaleza y su mediación en el conflicto podría abocar a un proceso de privatización de entidades que, de momento, parecen claves para el Estado. El Ministerio de Fomento ha acariciado en alguna etapa más o menos reciente la opción de vender la mayoría de capital de Ineco, pero el momento político actual no parece el más indicado para afrontar una operación de tanto calado.

La futura ley de Régimen Jurídico del Sector Público constituye la última oportunidad para establecer un verdadero sistema equitativo dentro de sectores de actividad que han sido víctimas propiciatorias de la escasa inversión pública durante los años de crisis y recesión. Los periodos de tránsito que la normativa faculta para la adecuación de los medios propios dentro de la Administración del Estado facilitan una reconversión ordenada que debe contribuir a aliviar las tensiones entre empresas públicas y privadas. De lo contrario, si la nueva regulación se muestra incapaz de arreglar el desaguisado, todo hace indicar que Ineco y Tragsa tendrán que soltar definitivamente las muletas del Estado en las que ahora tanto se apoyan.

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