HSBC exige otro crédito de 200 millones a la banca española para salvar Abengoa

No hay descanso para Abengoa. A pesar de la junta extraordinaria que aprobó la ampliación de capital el pasado sábado, la tensión entre las entidades financieras que la soportan está lejos de amainar. Se trata de la última exigencia de HSBC, el segundo mayor acreedor, que vuelve a condicionar su participación en el rescate del grupo a que la banca española conceda otro nuevo préstamo a la multinacional sevillana.

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Según han confirmado varias fuentes involucradas en la operación, la entidad inglesa, Crédit Agricole y Banco Santander, las tres entidades que respaldan con su balance la ampliación de capital de 650 millones de euros, han pedido a Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular y Bankia que le otorguen otros 200 millones adicionales a Abengoa en forma de capital circulante.

El motivo de esta solicitud es que HSBC, que ya amagó con retirarse de la operación, Crédit Agricole y el propio Santander consideran que la compañía no tiene liquidez suficiente para hacer frente a los pagos del día a día. Los tres bancos aseguradores están convencidos de que los inversores no suscribirán la oferta pública de suscripción (OPS) si no les garantizan que Abengoa tiene una situación confortable de liquidez, por lo que corren el riesgo de que finalmente tengan que comprar ellos mismos las acciones que saldrán al mercado por un máximo de 650 millones.

Por su parte, Caixabank Sabadell, Popular y Bankia no están de acuerdo con la nueva exigencia de HSBC, Crédit Agricole y Santander, al considerar que la empresa, con los datos ofrecidos cuando se acordó la ampliación de capital, el pasado 24 de septiembre, no necesita más dinero después de que estos bancos españoles ya le diesen en paralelo una línea de liquidez de 165 millones. Una cantidad que había que sumar a los 120 millones que prestaron a la familia Benjumea para que pudieran acudir a la OPS y no perder casi la totalidad de su participación en la compañía. Se da encima la circunstancia de que Bankia no puede prestar dinero nuevo a Abengoa por las limitaciones que le impone Bruselas a la hora de financiar a compañías cotizadas.

De no ser por este crédito, los fundadores hubieran pasado del 60% de los derechos políticos actuales a apenas el 30%, mientras que gracias a ese dinero conservarán cerca del 40%. Por su parte, sus derechos económicos, dada la división del capital entre acciones tipo A y B, se hubieran reducido del 30% al 15%, por lo que los dividendos que cobraría la familia para pagar a su vez el crédito aún serían menores en el futuro.

La banca española sostiene que ya ha asumido 300 millones de euros de riesgo adicional con Abengoa y sus accionistas y que no está dispuesta a aportar otros 200 en concepto de circulante. En la actualidad, Banco Santander, que es el único que al estar en los dos lados de la operación trata de convencer a sus homólogos, tiene una exposición al grupo de 1.558 millones, la mayor de todas las entidades financieras. Por 'ranking' racional le siguen Bankia, con 582 millones, Caixabank, con 570 millones, Sabadell, con 387 millones, y Popular, con otros 334. En total, 3.431 millones.

Retraso en la ampliación

De momento, esta nueva batalla entre los tres aseguradores y la banca española ha tenido un primer efecto. Y es que la ampliación de capital no se llevará a cabo hasta finales de noviembre o principios de diciembre. El motivo es que HSBC, Crédit Agricole y Santander quieren que la OPS se haga con unas cuentas proforma del cierre del tercer trimestre del año, de tal forma que todos los potenciales inversores conozcan con precisión los estados contables de Abengoa y se eviten posteriormente posibles demandas contra los colocadores.

Las espadas están ahora mismo lo más alto, pero se confía en que todas las partes hagan un nuevo esfuerzo adicional para llegar a una solución. “Lo de HSBC no es nada serio”, señalan. No obstante, varias entidades españolas no descartan que el futuro de Abengoa corra grave riesgo si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas. Fuentes próximas al Consejo afirman que la petición de 200 millones es una exigencia de los aseguradores, no de los gestores.