Indra insiste en impugnar el contrato de las elecciones hasta poner en riesgo el 20-D

Indra, en defensa de todos sus accionistas, entre ellos el Estado, ha recurrido contra el propio Gobierno por segunda vez la adjudicación del contrato para el recuento de votos de las elecciones generales previstas para el 20-D. El nuevo recurso de la compañía participada por el Ministerio de Defensa dilata el litigio hasta el punto de complicar que los comicios puedan celebrarse el día anunciado por Mariano Rajoy.

Fernando Abril-Martorell, el ejecutivo que sustituyó a finales de enero a Javier Monzón, ha decidido pelear contra la adjudicación por parte de la dirección general de Política Interior a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Tecnocom y Scytl del contrato para administrar el recuento de los votos de las próximas elecciones. Una labor que Indra había llevado a cabo desde hacía cerca de treinta años y que por primera vez en la democracía caía en manos externas.

Tecnocom, controlada por Lalo Azcona, uno de los hombres más influyentes en el mundo empresarial, y Scytl, una empresa catalana especializada en voto electrónico, ganaron la contrata al imponerse en la subasta. Consiguieron mejor nota general -92,65 puntos contra 90,46- porque su oferta económica fue sensiblemente más baja que la propuesta por Indra, que ofreció cobrar 11,86 millones de euros con IVA y 10,8 millones de euros sin tener en cuenta la retención fiscal. Tecnocom y Scytl se comprometieron a hacer el mismo trabajo por un millón menos.

El Ministerio del Interior tiene que pronunciarse el 16 de octubre sobre el recurso de Indra, que ya había solicitado aclaraciones sobre aspectos del pliego en forma de alegaciones por escrito. Ante la primera queja de la compañía participada en un 20% por el propio Estado español, el Gobierno rechazó la reclamación de Indra y mantuvo el pasado 21 de septiembre la adjudicación inicial (3 de septiembre) a Tecnocom y Scytl,

Ambas compañías se pusieron manos a la obra para iniciar los preparativos con el objetivo de llegar a tiempo el 20 de diciembre. La segunda demanda de Indra ha provocado que el Ministerio del Interior no haya traspasado todavía los datos personales del censo a Tecnocom y a Scytl, las cuales no pueden seguir avanzando en los trabajos hasta que dispongan de toda la documentación. Fuentes internas de estas compañías reconocen el riesgo de que, si debido a la disputa administrativa de la empresa estatal se demora el trasvase de datos, no haya tiempo suficiente para preparar todo el sistema informático y la logística.

“El problema no es nuestro, es del Gobierno. Nosotros tenemos una adjudicación oficial con la firma de la administración, que validó nuestras capacidades. Si se anula el contrato, nos tendrán que compensar”, aseguran desde estas dos compañías. “Si se sigue adelante, Interior deberá acelerar el proceso para llegar a tiempo el 20-D. De lo contrario, Rajoy tendrá que cambiar la fecha”, concluyen.

La concesión de este contrato de las elecciones generales ha sido un golpe muy duro para Indra. No por el importe, que no llega a los 10 millones de euros en una compañía que ha llegado a facturar más de 3.000 millones. De hecho, la compañía ha ganado otro similar para gestionar las elecciones en República Dominicana por cerca de 30 millones. Pero si por la reputación, con la vista puesta en los clientes internacionales. Sobre todo cuando la firma está participada por el propio Estado.