Cifuentes y Carmena se pelean para liderar la guerra contra las eléctricas por cortar la luz

Las empresas eléctricas empiezan a sentir la presión de los políticos por ganar votos defendiendo a las personas más vulnerables. Un propósito en el que coinciden dos partidos totalmente opuestos, PP y Podemos. Responsables de ambas organizaciones han mantenido esta semana encuentros con las tres grandes eléctricas para pedirles que sean magnánimas con las familias que este invierno no podrán hacer frente al pago de la factura de la luz y del gas.

La primera reunión tuvo lugar el pasado lunes en la Comunidad de Madrid, donde la consejera de Economía, Empleo y Haciendo, Engracia Hidalgo, se vio con directivos de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para exponerles el problema del colectivo de personas que están en riesgo de exclusión social y que carecen de recursos para pagar la electricidad. A este encuentro también acudió Madrileña de Gas, una empresa propiedad de la china Gingko Tree y el fondo holandés PGGM desde abril de este año, tras pasar por las manos de Morgan Stanley y antes por Unión Fenosa.

La segunda tuvo lugar en la sede operativa de Iberdrola, donde Manuela Carmena y Marta Higueras, edil de Derechos Sociales, se acercaron para reunirse con la cúpula directiva de la primera eléctrica española. Pero ni Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo energético, ni Francisco Martínez Córcoles, el número dos, pudieron recibirlas por motivos de agenda. La alcaldesa de Madrid, que en citas anteriores sí tuvo la oportunidad de sentarse con Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Francisco González, su homólogo de BBVA, tuvo que conformarse con entrevistarse con un tercer espada de la compañía con sede fiscal en Bilbao.

Una reunión que Carmena aprovechó para solicitar, como había hecho el día previo el PP de Cristina Cifuentes, un trato favorable para las personas que dada su precariedad laboral son incapaces de tener garantizados servicios tan básicos como la luz y el gas. Como sucedió el día anterior, Iberdrola explicó a la alcaldesa de la capital y a su número dos que las empresas eléctricas ya ayudan con tarifas más baratas a las familias en apuros económicos a través del llamado Bono Social, que abarca a más de dos millones de hogares. Por su parte, Endesa expuso en el encuentro con la Comunidad de Madrid que ya tiene acuerdos con 90 ayuntamientos para evitar cortar la luz y el gas a los colectivos que están en situación de la llamada pobreza energética.

El ejemplo de Castilla y León

En ambas citas, Iberdrola expuso su disposición a aplicar en Madrid el mismo convenio firmado el pasado verano con la Junta de Castilla y León, presidida por Juan Vicente Herrera (PP). Un acuerdo para tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad autónoma o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.

Una medida condicionada a que los servicios sociales de las administraciones locales de Castilla y León concedan una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Mediante este acuerdo, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro de electricidad a dichos clientes mientras se gestiona la concesión, por parte de esas administraciones, de la citada prestación económica, ayuda que tendrán que destinar a abonar la deuda derivada de dicho suministro.

Tras la reunión del lunes y la del martes, las partes volvieron a verse este jueves para poner medidas concretas encima de la mesa antes de que llegue el invierno, periodo de mayor riesgo para las personas sin recursos. Las eléctricas salieron de los encuentros con la impresion de que el PP y Ahora Madrid, filial de Podemos, quieren apuntarse el gol político de ser los luchadores contra la pobreza energética. Así quedó demostrado hace una semana cuando el partido de Pablo Iglesias hizo una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para garantizar los servicios básicos a los ciudadanos, iniciativa que fue rechazada por el PP, que al día siguiente convocó a las eléctricas justo para conseguir el mismo objetivo.