Cambio de cromos con Draghi: los créditos fiscales bien merecen un aumento de capital

La actualidad del sistema financiero vuelve a incidir en un asunto que empieza a ser recurrente cada vez que se habla de la banca española. Otra vez, la obligación de aumentar el ratio de solvencia a través del llamado core capital como termómetro para medir la posición real de cada entidad en el mercado. Los más de 250.000 millones de provisiones y saneamientos varios efectuados por el sector a lo largo de los años de crisis no parecen suficientes para los nuevos reguladores del Banco Central Europeo (BCE), que van a exigir una enésima vuelta de tuerca a los catorce grupos bancarios existentes en nuestro país.

Durante el mes de julio los principales responsables ejecutivos de los bancos españoles han estado especialmente ajetreados en viajes de ida y vuelta a Fráncfort, donde han tenido que pasar nuevos exámenes con las autoridades europeas que ahora son las que mueven el cotarro dentro del sector. Las entidades han tenido que padecer el más riguroso análisis de sus balances, exponiendo sin ningún tipo de cortapisas los riesgos inherentes de su gestión, incluyendo también todos los aspectos relativos a los distintos mecanismos de gobernanza interna que tanto preocupan al BCE.

Tras la rentrée veraniega los contactos con el regulador se vienen intensificando estos días de acuerdo con un calendario que previsiblemente terminará a finales de octubre. Para esa fecha, todo lo más tardar, el BCE quiere fijar el nuevo listón de capital a cada una de las entidades españolas, lo que se traducirá previsiblemente en una exigencia adicional del ratio de solvencia, establecido ahora en una media del 8% y que fuentes cercanas al Banco de España aseguran que será incrementado hasta un 10%. En definitiva, un aumento del 25% sobre la base oficial de capital que puede traducirse en nuevos esfuerzos financieros para todos aquellos que todavía no dan la talla.

El BCE fijará un nuevo ratio de capital individualizado para cada uno de los 14 grupos bancarios españoles que elevará la media del sector del 8% actual a un 10%

Las cuentas presentadas al cierre del primer semestre por los bancos cotizados demuestra que la inmensa mayoría de marcas supera el objetivo previsto ya que todo el sector ha corrido raudo en los últimos tiempos para mostrar una foto fija que garantice los objetivos más ambiciosos dispuestos por el Banco Internacional de Pagos de Suiza con vistas al año 2019. El llamado fully loaded de Basilea III ha sido anticipado en los estados contables de las entidades españolas como una necesidad reclamada por los analistas e inversores internacionales, que no están dispuestos a conceder tanto tiempo para que la banca española alcance su velocidad de crucero, establecida precisamente en esos dos dígitos de capital de primera calidad.

El ratio del 10% es una asignatura aprobada por la inmensa mayoría, aunque al resultar como media ponderada de todo el sector es lógico pensar que alguna entidad será obligada a obtener una nota algo más alta. Las miradas de los analistas se dirigen con mayor o menor descaro hacia el Banco Santander, cuya nota en el examen de junio fue del 9,8%. Ana Botín tendría que recurrir al mercado en busca de una ampliación de capital realmente peliaguda en los tiempos que corren en bolsa o quizá debería reducir el dividendo como señalan algunos estudios de analistas. En todo caso no parece que el balance del primer banco español encuentre muchas dificultades para obtener plusvalías con alguna venta de última hora que ayudase a superar la prueba de finales de año.

Los requerimientos del BCE tienen por horizonte el próximo 31 de diciembre y deben asegurar una proyección de balance para los tres próximos ejercicios, en clara sintonía con los planteamientos del organismo encargado de velar por la estabilidad monetaria y financiera a nivel mundial. Basilea ha marcado la tendencia que los reguladores de Fráncfort quieren imponer a todas las entidades bancarias de la eurozona, pero en el caso de España el desafío de levantar nuevo capital constituye una extraordinaria oportunidad para despejar la espada de Damocles que la Comisión Europea ha desenvainado en contra de los célebres activos fiscales diferidos más conocidos como los DTA por sus siglas en inglés.

Los créditos tributarios que la Hacienda Pública tiene reconocidos al sector por las multimillonarias provisiones de estos años suponen un colchón a futuro del orden de 41.000 millones de euros; al cambio, un importe equivalente a todo el rescate bancario solicitado por España a Bruselas en junio de 2012. Los activos fiscales diferidos están contabilizados a fecha de hoy como capital en el balance de las entidades y Bruselas ha decidido poner bajo vigilancia esta dotación con el argumento de que podrían tratarse de ayudas de Estado prohibidas en el ordenamiento comunitario.

Las entidades financieras aceptan el nuevo listón pero reclaman una garantía para contabilizar los DTA de 41.000 millones en la futura base de capital

Si la alarma sembrada por los funcionarios de la Comisión Europea se confirmase, a más de uno no le iba a llegar la camisa al cuello ya que la supresión de los DTA dejaría famélicos los recursos propios de buena parte de los grandes bancos del país. Para hacerse una idea, basta con señalar que Bankia tiene activos fiscales diferidos por valor de 4.400 millones de euros, que representan 5,2 puntos de su ratio de capital; Sabadell dispone de 4.500 millones (4,9% del capital); Caixabank tiene 3.600 millones (2,5%); BBVA alcanza los 7.600 millones (1,9%); Popular registra 1.100 millones (1,4%) y Santander contabiliza 3.900 millones (0,6%).

Los principales bancos que cotizan en bolsa suman más de 25.000 millones de créditos fiscales. El resto se reparte entre las entidades creadas a partir de la fusión de las antiguas cajas de ahorros, que también podrían verse seriamente afectadas. El Gobierno ha hecho ver a los principales dirigentes comunitarios el peligro que supone abrir una nueva crisis en el sector bancario después de todo el gasto, económico, político y social, que ha supuesto la crisis financiera en España. Tanto el presidente Rajoy como el ministro de Economía, Luis de Guindos, han abordado el asunto en sus contactos con los máximos responsables de la Comisión Europea pero es ahora cuando verdaderamente se puede llegar a un acuerdo definitivo con Mario Draghi de por medio.

El presidente del BCE se ha mostrado como un aliado de excepción a la hora de apagar fuegos que estaban a punto de estallar. Las brasas de los DTA podrían extinguirse definitivamente a cambio de un compromiso firme para apuntalar los cimientos básicos del sector por la vía de un incremento generalizado de la base de capital. Las entidades españolas están por la labor, a condición eso sí, de que el futuro ratio individualizado sea establecido de manera clasificada, reservada y secreta para no soliviantar odiosas comparaciones entre unas y otras marcas. La autoridad monetaria fijará a cada cual un objetivo ‘manu militari’ por el que nadie debe preguntar y nadie debe contestar; solo el mando ha de saberlo. Veremos a ver cómo reaccionan los inversores y si existe consenso en el mercado para apuntalar la cotización de los bancos españoles en lo que se prevé como una verdadera cita a ciegas en bolsa.