La Fiscalía insta a Plaza de Castilla a investigar la venta de Sedesa a Ezentis

Tras más de un año pasándose el caso de un tribunal a otro, el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha iniciado el proceso para aclarar si hubo un delito de admnistración desleal o fraudulenta en la venta de Sedesa, constructora de Vicente Cotino también investigada por su presunta implicación en la trama Gürtel, a Ezentis.

Así lo ha instado el Ministerio Fiscal, que además de no aceptar la inhibición dictada por el citado Juzgado madrileño, que había alegado un conflicto de territorialidad con Sevilla, ha concluido que los hechos recogidos en las denuncias "podrían constituir" un delito penal.

Con este pronunciamiento, el fiscal da alas a las denuncias presentadas por dos grupos de minoritarios de Ezentis, uno formado por Javier Tallada, ex accionista de referencia de la compañía, u otro encabezado por Luis Miguel Medina de la Heras y conformado por un grupo de minoritarios de la compañía.

Sendas denuncias coinciden en señalar que el acuerdo de compra de Sedesa, cuando la constructora se encontraba ya "en aparente situación ruinosa", según el escrito del fiscal, "provocó el desplome en bolsa" de la acción de Ezentis, que entre principios de 2010 y junio de 2011 pasó de cotizar en 0,70 euros a desplomarse hasta 0,18 euros, "ocasionando importantes pérdidas a los accionistas", según el Ministerio Público.

En concreto, los hechos a que se refieren las denuncias tienen su origen en un consejo de administración celebrado el 20 de mayo de 2010, en el que se examinó por primera vez la compra de Sedesa, operación que el mismo órgano terminó aprobando en otra reunión celebrada el 16 de junio, y que se refrendó en una Junta General de Accionistas tres meses después.

Para conseguir todas estas luces verdes, fue clave que en la citada Asamblea que acuerda la operación, sólo participó el 37,2% del capital social, entre accionistas presentes y representados, y los votos de que disponía Thesan Capital (casi el 20% del capital) gracias a un pacto sellado en 2008 con Tallada, por el que sindicaban su participación y que forzaban al empresario a votar conforme a lo que determinara la filial del banco de inversión Nomura.

La compra de Sedesa se acordó en 30 millones de euros mediante una amplación de capital consistente en la emisión de 35,29 millones de acciones a un precio de 0,85 euros por título, suscritas en su totalidad por Cotino mediante la aportación de todas las participaciones sociales de Asedes Capital, matriz del grupo Sedesa, que terminó cayendo en concurso de acreedores en junio 2011, apenas siete meses después de su compra.

Un mes después, el 30 de noviembre de 2011, el consejo de administración de Ezentis aprobó deshacer la operación, lo que permitió "el lucro" de Vicente Cotino, con perjuicio de los accionistas de Ezentis, según una ampliación de la denuncia presentada por Tallada y que la Fiscalía ha ordenado también investigar en Plaza de Castilla.

Esta denuncia va dirigida contra Manuel García-Durán, presidente de Ezentis, y las entidad TSS Luxembuourg I, Nomura Holding Inc y Nomura Investment Advisers, entre otros. A los tres últimos, junto al entonces presidente de Ezentis, Mario Armero, les acusa de haber orquestado toda la operación de compra de Sedesa a espaldas del resto de administradores, llegando a encargar una due dilligence a Deloitte sin informar a todos los consejeros y sin someterlo a la comisión de Auditoría.

Ampliación de la denuncia

La ampliación de la denuncia también acusa de ocultamiento e irregularidades la reversión de la 'operación Sedesa', que se orquestó mediante la devolución de la constructora a Cotino, a cambio de más de 17 millones de acciones de Ezentis que son adquiridas por la propia compañía para autocartera, lo que permitió al empresario valenciano conservar otros 17,6 millones de títulos, el 5% del capital.

"Si Cortino aporta el Grupo Sedesa valorado en 30 millones a cambio de 35,29 millones de acciones de Grupo Ezentis valoradas en 30 millones, y un año más tarde se le devuelve la aportación no dineraria verificada, pero sólo se recupera la mitad de las acciones que se le entregaron a cambio (17,6 millones), es obvio que, con independencia de que se apropia del valor de esas acciones (9,4 millones de euros) sin contrapartida alguna, que las meritadas 17,64 millones de acciones emitidas en el aumento y ahora propiedad de Grupo Ezentis como autocartera no han sido desembolsadas nunca", recoge la ampliación de denuncia.

Esta también pide que se investigue la venta que llevó a cabo Thesan del 10,15% de su participación en Ezentis a Manuel García-Durán (consejero delegado), Fernando González (director ejecutivo), José María Maldonado y Jorge de Casso Pérez. El primero pagó por cada uno de los 30,8 millones de títulos que adquirió 0,12 euros, según el escrito, cuando el valor de cotización en aquel momento era de 0,87 euros. En esta misma línea, Tallada pide que se aclare a quién, cuándo y a qué precio vendió Cotino el 5% de Ezentis que mantuvo tras deshacerse la 'operación Sedesa', y qué beneficio obtuvo.