OHL reclama 285 millones a Madrid y a Fomento por el tren fantasma a Navalcarnero

Cristina Cifuentes ya sabe cómo se las gastan los constructores de postín cuando las obras no dan el beneficio esperado. Ana Pastor, la ministra de Fomento, ya tiene experiencia en esta lides. La Comunidad de Madrid y el ministerio de infraestructuras han recibido una reclamación formal por parte de OHL en la que la compañía de la familia Villar Mir les exige la liquidación del contrato de gestión del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero y la devolución de 285,44 millones de euros. Un proyecto iniciado bajo el mandato de Esperanza Aguirre que ahora acabará en los tribunales.

La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid concedió esta infraestructura a OHL en 2008 para unir estas dos ciudades dormitorio de la capital, una obra presupuestada en 362 millones, con un trazado de 14,6 kilómetros, que, sin embargo, empezó a tener problemas de ejecución a los dos años de colocar la primera piedra. Dados la incapacidad de la compañía de obtener financiación para continuar con el desarrollo, OHL empezó a ralentizar las obras, al tiempo que pedía al Gobierno autonómico del PP y al Ministerio de Fomento –que se hizo cargo de la infraestructura– que le modificara el proyecto para hacerlo rentable. Fuentes de la anterior administración regional recuerdan que OHL fue quien licitó la obra, que la Comunidad no puso ni un duro y que, a posteriori, subvencionaría con una cantidad cada billete de cada usuario.

Las conversaciones entre Juan Miguel Villar Mir, Ignacio González y Pastor se prolongaron durante meses para encontrar una solución, que según la constructora sólo pasaba por un nuevo diseño de la línea férrea y cambios en las condiciones de la concesión. ¿Qué significaba esta petición de OHL? Que la Comunidad de Madrid y Fomento asumiesen un sobrecoste por las obras, le ampliara los años de la privatización o una mezcla de ambas alternativas. En definitiva, lo mismo que ha hecho ACS al demandar al Estado español por el quebrado tren de alta velocidad entre España y Francia.

Es lo que se conoce el restablecimiento del equilibrio económico-financiero, de tal manera que la obra, que es deficitaria, le genere beneficios al contratante. Las pérdidas obedecían a que OHL había proyectado que el tren lo utilizarían unas 20.000 personas al día, pero la paralización del desarrollo urbanístico en la zona, derivado de la explosión de la burbuja del ladrillo, redujo esa proyección de tráfico de pasajeros a apenas 4.000. Un error de cálculo sustantivo del que Villar Mir quería que se responsabilizara la Administración.

Pero el expresidente del PP le dio largas al marqués de Villar Mir, que se ha cansado de esperar una respuesta positiva de la Administración autonómica y del Gobierno. Por ello, el pasado 12 de junio, OHL solicitó la resolución del contrato de concesión “por causas imputables al órgano de contratación –a la Consejería de Transportes y al Ministerio de Fomento– por la imposibilidad de la ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles”.

La constructora, que recientemente ha anunciado una ampliación de capital dados sus graves problemas financieros, reclama a la Comunidad de Madrid y a Fomento “el pago de las inversiones efectuadas hasta la fecha, las cuales ascienden a 238,94 millones de euros”. A esta cantidad hay que añadir lo que OHL llama daños y perjuicios y, aunque tiene partidas que valorar, se elevan al menos a 46,50 millones. En total, el marqués de Villar Mir exige 285 millones.

La compañía ya se ha llevado la maquinaria de la zona y ha cerrado los túneles que abrió en su día para unir las dos poblaciones, que recientemente han cambiado de regidores tras las elecciones municipales. Tanto en Navalcarnero como en Móstoles, el PP ha dejado la alcaldía para dar paso al PSOE, cuyos representantes habían cargado duramente contra OHL cuando estaban en la oposición por abandonar el proyecto a medio construir.

No es la primera vez que OHL le pide cuentas a la Administración para resolver errores de cálculo en sus proyecciones. Con anterioridad hizo lo propio con el Metro Ligero Oeste, el tren que unía Madrid con Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, que tuvo un coste de 600 millones de euros. Como el flujo de usuarios fue muy inferior al estimado, Villar Mir convenció a Esperanza Aguirre para que la Comunidad se hiciera cargo del déficit. Sin embargo, los sucesores de la también marquesa no han tragado con las exigencias del octogenario empresario.