Montoro echa un pulso a Telefónica y le anula un 'premio' fiscal de 2.600 millones

La cruzada fiscal de Cristóbal Montoro contra las grandes corporaciones tiene un nuevo capítulo. El ministro de Hacienda se ha opuesto a que Telefónica pueda aplicarse unos créditos fiscales –beneficios futuros– de 2.600 millones derivados de una reclamación que la operadora hizo a la Agencia Tributaria por las pérdidas registradas en la compra de Terra Lycos hace ahora quince años.

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Pese a que en diciembre de 2012 la Audiencia Nacional le dio la razón a Telefónica en su pelea contra el Estado, sentencia que fue ratificada en casación en el Supremo, la compañía ha admitido que no ha podido apuntarse tales beneficios fiscales porque Hacienda le ha puesto objeciones a las actas fiscales de los ejercicios de 2008 a 2011.

Este mismo mes de julio, la Agencia Tributaria finalizó las inspecciones de las cuentas de estos años para todos los impuestos, que Telefónica ha firmado en conformidad salvo en lo referido al Impuesto sobre Sociedades. El resultado fue una cuota cero, por lo que se deduce que Hacienda ha advertido incorrecciones por 2.600 millones de euros, la misma cantidad que la compañía se quería apuntar como beneficio tras la resolución de la Audiencia Nacional.

Recurso de Telefónica

De hecho, Telefónica reconoce que los ajustes practicados por la inspección de Hacienda compensan las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que la compañía tenía pendientes de utilizar. “Sin perjuicio de que el Acuerdo de liquidación referido al Acta de disconformidad no da lugar a cuota tributaria alguna porque únicamente se propone la minoración de las bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros, Telefónica ha interpuesto recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por los ajustes con los que no está de acuerdo”, admite el grupo presidido por César Alierta.

Por tanto, la batalla continuará a futuro en la que hasta la fecha ha sido la mayor reclamación fiscal de una empresa cotizada a Hacienda. El conflicto se inició en 2004 cuando Telefónica solicitó poder deducirse las pérdidas registradas por las adquisiciones de la brasileña TeleSudeste, Telefónica Móviles México y Terra Lycos. La compañía reclamó un crédito fiscal de 7.400 millones brutos, que una vez ajustado se quedaba en 2.600 millones netos, prácticamente todo el beneficio obtenido en 2014 por el grupo.

En diciembre de 2012, la Audiencia Nacional consideró fiscalmente deducibles las minusvalías fiscales por la transmisión de determinadas participaciones sociales en las tres filiales. La parte mollar de la sentencia era la relacionada con Lycos, posteriormente refundada como Terra Networks. Telefónica solicitó a Hacienda el reconocimiento de una mayor base imponible negativa por un importe máximo de hasta 7.418 millones de euros. La compañía pidió aplicar como valor de adquisición fiscal el que resultaría de tomar el valor de mercado de las acciones de Lycos Inc. recibidas, en lugar del valor contable por el que fueron registradas por haberse acogido a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Montoro no quiere pasar por caja

Es lo que se llama el fondo de comercio o diferencial entre el valor en libros al que se tiene registrada la participación y el precio pagado en la compra. Después de ocho años de tiras y aflojas con la Administración, Telefónica ganó el pleito, que, no obstante, fue recurrido en casación por Hacienda ante el Supremo. El Alto Tribunal también le dio la razón a la operadora de telecomunicaciones, pero ahora Montoro se las ha arreglado para evitar que la multinacional eluda pasar por caja.

Esos 2.600 millones son los que dejaría de pagar Telefónica en impuestos, ya que la legislación española permite utilizar el 30% de las pérdidas contables para reducir los pagos impositivos sobre los beneficios posteriores que genere la compañía.

En marzo, Telefónica sí se llevó un revés en los juzgados en su pelea por evitar una sanción de la Agencia Tributaria. Según una sentencia del Tribunal Supremo, la compañía presidida por César Alierta ha tenido que hacer frente a una liquidación de 279,2 millones por una contabilidad inadecuada de las cuentas de 2001 a 2004. Los magistrados fallaron a favor de los abogados del Estado que llevaban más de seis años pleiteando contra la multinacional.