Industria, productores y distribución: qué hace falta para que comercien en paz

Primer año natural de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. La trascendencia del marco regulatorio aprobado a comienzos de 2014, aunque su desarrollo completo se hizo esperar doce meses, representa un escenario de juego muy distinto al que estaban acostumbrados los operadores del sector, es decir, productores, industria y distribución. Para hacer balance de esta evolución, la asociación de fabricantes Promarca y El Confidencial invitaron a varios representantes del sector, además de contar con la participación del tutor de la ley, Fernando Burgaz, director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura.

A la hora de analizar el resultado final, la satisfacción es generalizada. "Nos referimos a un marco novedoso que marca un antes y un después entre los agentes", subraya el alto cargo ministerial, que aunque es consciente de que las costumbres no cambian de la noche a la mañana, insiste en señalar que "la nueva ley define condiciones que implican un gran cambio". Por eso, Burgaz apela a los próximos años para medir el verdadero impacto del reto legislativo que supone la Ley de la Cadena Alimentaria: "Es muy avanzada respecto a todo lo existente en la Unión Europea y por eso es más compleja en su ejecución e implantación".

Hasta las voces más críticas reconocen los avances logrados. El propio Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, valora sobre todo la utilidad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como herramienta para resolver los conflictos que surgen entre los operadores de la cadena. No en vano, ya se han resuelto enfrentamientos gracias al desarrollo legal de este organismo. Sin embargo, para el responsable del lobby industrial es necesario seguir avanzando en los límites al uso de la información privilegiada que manejan los distribuidores, competidores a su vez con sus propias referencias (marca blanca).

"Hay que ver de dónde partíamos", recuerda Agustín Herrero, subdirector general de Cooperativas Agro-Alimentarias. Sólo con ese pequeño ejercicio basta para apreciar el avance alcanzado con la nueva ley, que para satisfacción de todos "es una referencia en Europa". Y sobre todo, porque puede convertirse en la palanca que sirva para cambiar comportamientos, "que es lo más difícil alcanzar, desarrollar una nueva cultura de la relación comercial". También lo piensa así Pedro Barato, presidente del sindicato agrario ASAJA, para quien esta ley "sirve para articular el sector primario, siempre señalado como el más débil de la cadena".

Aun así, el histórico dirigente agrario señala que hay aspectos de la cadena alimentaria no resueltos por la ley, como la fijación de precios en el sector lácteo, la venta a pérdida o la capacidad de sanción transferida a las comunidades autónomas. "Hay que seguir trabajando para corregir los desequilibrios existentes". Mucho más diplomático, Mauricio García de Quevedo, director general FIAB, reconoce el valor de la ley como un "marco de actuación para superar diferencias", al que se ha dotado de instrumentos para hacer que se aplique, por lo que "hay que perder el miedo a denunciar y a que procedan las inspecciones de oficio".

La implantación de la ley será efectiva "cuando se consiga que los agentes se vean como cooperadores necesarios", recuerda Burgaz. Para el presidente de ASAJA, sin embargo, la ley es buena, "pero el régimen sancionador no es disuasivo" y recuerda que aún por salir el Código de Buenas Prácticas, "que debería servir para hacer discriminación positiva con los buenos operadores". Esta guinda, como recuerda el responsable de Cooperativas, es la culminación que falta para completar el cambio, aunque, por ir más lejos, el presidente de Promarca reclama que se conozca la identidad de los sancionados. Si la multa es asumible, que al menos cueste en reputación.