Los acreedores se reúnen con Fomento para nacionalizar el AVE de ACS a París

Menos de un mes falta para que el Gobierno se enfrente a un nuevo envite que, como las autopistas de peaje o el Castor, pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo de solventar un problema privado. Se trata de la próxima entrada en concurso forzoso de acreedores de TP Ferro, la concesionaria propiedad de ACS y la francesa Eiffage, dueña de la línea de AVE que une España con Francia. La última opción puesta encima de la mesa para evitar la liquidación de esta sociedad es la nacionalización de la línea férrea.

Según aseguran fuentes próximas al caso, esta es la medida que los acreedores han propuesto al Ministerio de Fomento para eludir que TP Ferro pase el próximo 19 de julio de estar en concurso voluntario de acreedores a forzoso, es decir, una situación que derivaría inmediatamente en la entrada en vigor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

En consecuencia, sería el Estado el que debería hacerse cargo de los pasivos de la empresa, que arrastra una deuda de 428 millones de euros;la generación de caja -los ingresos por el tráfico de trenes- no es suficiente para pagarla. La situación es similar a la de las autopista de pago que han quebrado en España con un pasivo cercano a los 5.000 millones, con la diferencia de que los acreedores no son los bancos tradicionales, sino fondos oportunistas que compraron la deuda a entidades como el Santander y quevendieron su posición a la vista del riesgo de bancarrota.

La diferencia es sustancial porque mientras BBVA, Caixabank y Bankia, los financiadores de TP Ferro, suelen siempre buscar algún acuerdo para no tomar decisiones contra el Gobierno, paralos fondos oportunistas el factor político es secundario, ya que su objetivo es maximizar su inversión. Más aún, al ser sociedades domiciliadas fuera de España, las demandas las suelen interponer en tribunales suizos u holandeses donde el Ejecutivo no tiene capacidad de influencia.

Aunque la propuesta de nacionalización pudiera ir contra los principios básicos del PP, lo cierto es que esta opción sería la menos costosa para el Estado. Fuentes próximas a los acreedores aseguran que si el Gobierno toma la propiedad de TP Ferro, los fondos se comprometen a refinanciar la deuda sin exigir aportaciones de dinero en metálico para sacar a la compañía del concurso.

La segunda alternativa que han planteado los fondos titulares de la deuda es que el Gobierno haga un desembolso para cubrir las necesidades más urgentes de liquidez y atender los pagos más inmediatos, como varios vencimientos que están a la vuelta de la esquina. Un dinero que tanto ACS como Eiffage se niegan a aportar al considerar que ya han cumplido con las exigencias de los contratos que firmaron con la Administración cuando renegociaron la concesión.

En las reuniones mantenidas hasta la fecha, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha negado a usar dinero de las arcas públicas para salvar de la suspensión de pagos a una empresa privada controlada, además, por dos constructoras. Un rescate que tendría un impacto político difícil de defender, ya que el PP sería acusado de ayudar de nuevo a Florentino Pérez.Porque el Gobierno tiene muy en cuenta el uso que hizo la oposición de los 1.350 millones que Industria tuvo que pagar para evitar que el gaseoducto del Castor, propiedad de ACS, entrase en concurso de acreedores. Una factura que, como es obvio, repercutirá posteriormente en los consumidores por la subida del precio del gas.

Demandas contra el Gobierno

Mientras tanto, las partes están esperando las resoluciones de un tribunal de arbitraje de Suiza donde Florentino Pérez y su socio francés han presentado hasta tres demandas. En la última reclaman 34 millones de euros, que se suman a los 93 millones de euros que pidieron para reequilibrar la situación patrimonial -cubrir pérdidas- de la línea de AVE entre Lleida y Perpignan y a los 350 exigidos por sobrecostes.

De momento, el tribunal helvético solo se ha pronunciado sobre esta última reclamación. La sentencia fue favorable a los gobiernos de España y de Franciaen contra de las dos constructoras, a las que no reconoció el derecho de exigir una compensación por una obra que en su día costó 1.200 millones y por la que solicitaban una factura adicional del casi el 30%.