Visita exprés de Alierta a Venezuela para defender el interés de Telefónica ante Maduro

César Alierta no es ajeno a las tensiones entre España y Venezuela, que en los últimos meses han generado gran preocupación a uno y otro lado del Atlántico, incluidas acusaciones graves de financiar al terrorismo. Al punto de que el presidente de Telefónica visitó recientemente el país latinoamericano presidido por Nicolás Maduro, donde la compañía tiene importantes inversiones en depósitos bancarios.

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Según han confirmado fuentes oficiales de Telefónica, Alierta estuvo en Venezuela en los primeros días de mayo aprovechando un viaje a Brasil. Allí se entrevistó con la recientemente reelegida presidenta Dilma Rousseff, a la que le ratificó la apuesta de la multinacional española por un país cuyo crecimiento económico se ha estancado. Su encuentro con la líder del Partido de los Trabajadores se hizo público con un comunicado oficial. Su paso por Venezuela fue más discreto.

Desde Telefónica se asegura que la escala en Caracas estaba motivada por un asunto interno, para reunirse con parte del equipo directivo de la filial venezolana, y que no hubo ningún encuentro con representantes del Gobierno. Otras fuentes discrepan y aseguran que el presidente de Telefónica sí se vio con miembros de los principales partidos políticos del país, que en los últimos años le ha dado más de un disgusto.

De hecho, desde 2010, Telefónica ha tenido que reconocer depreciaciones de 7.500 millones de euros en Venezuela por las constantes devaluaciones del bolívar, la moneda local, decretadas por los ministros de Economía de Hugo Chávez y después del propio Maduro. El último impacto lo sufrió en el cuarto trimestre de 2014, cuando tuvo que aplicar el nuevo tipo de cambio venezolano, lo que le supuso reconocer pérdidas contables de 3.000 millones de euros.

Aplicar el nuevo precio del bolívar de 12 unidades por dólar a 50 por la entrada en vigor de un nuevo sistema cambiario le propinó una caída del beneficio operativo y del resultado neto de 915 y 399 millones de euros, respectivamente, contra las cuentas del pasado ejercicio El problema adicional es que Telefónica, como el resto de compañías extranjeras, no puede repatriar los dividendos que obtiene en el país (lo mismo sucede en Argentina), por lo que esos 7.500 millones depreciados están en depósitos en bancos locales. Una cantidad que representa, según algunas fuentes, el 8% del total del sistema financiero venezolano.

Un viaje estratégico

Fuentes cercanas al directivo español aseguran que se trata de un viaje estratégico, dado que no se tenía constancia próxima de que hubiera estado antes el país. Y que el objetivo principal era tender puentes de diálogo con el Gobierno de Maduro para defender los intereses de España y, en especial, de Telefónica. Especialmente porque en Moncloa se teme que, tras varias devaluaciones que han golpeado seriamente las cuentas de BBVA, Repsol, Mapfre y Sol Meliá, entre otras, el próximo paso del Partido Socialista Unido de Venezuela pudiera ser la nacionalización de las filiales españolas.

El último conflicto entre España y el régimen chavista viene derivado de la visita que Felipe González iba a hacer al país para asistir como asesor de la defensa jurídica de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma. Maduro calificó al exlíder del PSOE de “apoyar un golpe de Estado” contra él y contra Venezuela. “Por un buen sueldo muy grande en euros se sumó a la campaña en favor de los golpistas”, dijo el presidente de Venezuela sobre el veterano político español, al que declaró persona non grata. Precisamente, González había asesorado a Telefónica en 2006 para tomar el control de Cantv, una empresa local de telecomunicaciones, que finalmente fue nacionalizada.

Antes, el sucesor de Chávez ya había atacado con dureza a Mariano Rajoy, al que tildó de racista, así como al Gobierno del PP por apoyar el terrorismo y por formar parte de una conjura internacional para derrocarlo. Una escalada dialéctica que propició que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, llamara a consultas al embajador español en Caracas, Antonio Pérez-Hernández. Previamente, Exteriores había convocado al embajador de Venezuela en España para transmitirle que estas declaraciones eran "intolerables".