El fondo TCI, con un 7,7% de Aena, declara la guerra a la CNMC por intentar bajar las tasas

El fondo de inversión The Children Investment (TCI), principal accionista internacional de Aena y miembro del núcleo duro del gestor aeroportuario español, ha decidido sacar el ‘hacha de guerra’ contra la pretensión de la CNMC de forzar una bajada de las tarifas aeroportuarias el próximo año 2016. A tal efecto TCI ha solicitado al consejo de administración de la compañía española que incluya un orden de día complementario en la próxima junta general de accionistas convocada para el día 3 de junio con el fin hacer un llamamiento expreso al Gobierno español para que defienda los intereses de Aena.

La decisión del hedge fund que más directamente apostó por Aena en la salida a bolsa del pasado mes de febrero se articula a través de sus filiales TCI Luxembourg y Talos Capital Limited. Ambas sociedades controlan un 7,71% del capital de la compañía, lo que convierte al citado fondo de inversión en el principal accionista individual de Aena después de Enaire, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento, que actúa como garante del Estado español con una participación del 51%.

El objetivo inmediato del principal socio privado de Aena no es otro que emitir un ‘grito de socorro’ ante la resolución que hizo pública el organismo regulador el pasado 30 de abril en relación a la asignación de los costes aeroportuarios de la compañía que preside José Manuel Vargas. La CNMC quiere transferir cerca de 70 millones de costes regulados al capítulo de gastos comerciales aprovechando el sistema contable de ‘doble caja’ que maneja Aena. Este ajuste implicará una reducción directa en los ingresos regulados que la empresa obtiene vía tarifas y que el supervisor mayor del Reino estima entre un 2 y un 3%.

El recorte de las tasas aeroportuarias se haría efectivo en 2016, que es el año de transición utilizado como referencia para la posterior congelación durante los siguientes cinco años de todos los pagos que deben asumir las aerolíneas por la utilización de las infraestructuras aeroportuarias en España. En definitiva, las tarifas sufrirían un bajada acumulada del 10% de aquí al año 2021, lo que tendría una incidencia directa en la cuenta de resultados de Aena en detrimento de todos los accionistas que se han incorporado al capital de la empresa con motivo de la reciente oferta pública de venta (OPV) en bolsa.

Ante la grave situación creada TCI plantea una propuesta de acuerdo para que Aena ponga en conocimiento del Gobierno español la necesidad de llevar a cabo todas las medidas necesarias “a fin de evitar los efectos derivados de la asunción por la CNMC de funciones fuera de su ámbito de competencia o contrarias al marco regulatorio vigente en materia de tarifas aeroportuarias”. El fondo de inversión pide, en consecuencia, que se impugne o adopte cualquier medida necesaria o conveniente frente al mencionado acuerdo de la CNMC o cualquier otro derivado del mismo organismo regulador y que pudiera afectar negativamente al actual sistema de cálculo de las tarifas aeroportuarias.

TCI se pone así la venda antes de recibir el segundo golpe que prepara la entidad presidida por José María Marín Quemada con vistas al reconocimiento del déficit de tarifa acumulado por Aena durante los últimos tres años. La propuesta remitida por el fondo de inversión al consejo de Aena supone un ataque directo al regulador desde el momento en que denuncia que la CNMC está actuando al margen de sus competencias, lo que exige la utilización de todas las vías y medios legales para defender la correcta aplicación del marco regulatorio.

El nuevo punto complementario del orden del día que será abordado en la junta general del 3 de junio advierte además de que “la falta de actuación en las cuestiones planteadas puede dar lugar a un daño irreversible y permanente desde el punto de vista operativo y financiero para Aena que, en opinión de TCI, sería perjudicial para los clientes, accionistas y contribuyentes españoles”. “El consejo de la sociedad –añade el fondo de inversión- tiene, en este sentido, el deber de proteger los intereses de todas las partes involucradas”.