BBVA presiona al PP para aprobar en pleno extraordinario la 'Operación Chamartín'

Tres meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy, el de la Comunidad Autónoma de Madrid de Ignacio González y el Ayuntamiento de la capital escenificaran el apoyo para el lanzamiento de la Operación Chamartín, el mayor desarrollo urbanístico del futuro en España, los trámites para lograr el visto bueno del consistorio municipal siguen empantanados, hasta el punto de que será necesaria la convocatoria de un pleno extraordinario para bendecir el proyecto liderado por BBVA.

Según han confirmado varias fuentes del Ayuntamiento de Madrid, en el orden del día del próximo 28 de abril no se ha incluido la aprobación del nuevo plan parcial urbanístico en el que tendría que encajarse la prolongación del Paseo de la Castellana promovida por la entidad financiera. Se trata de la última vez que se reúne el pleno municipal para dirimir las últimas cuestiones antes de que se celebren las elecciones del 24 de mayo.

En consecuencia, será necesario convocar una nueva sesión, ya con carácter extraordinario, de la junta de gobierno del Ayuntamiento para autorizar la Operación Chamartín, un proyecto nacido en 1993 pero cuya complejidad administrativa y una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han bloqueado hasta la fecha. BBVA, el mayor accionista de Dutch, la promotora del proyecto, está presionando a Ana Botella para que no se marche de la alcaldía sin aprobar el desarrollo urbanístico, rebautizado como Distrito Castellana Norte.

Tanto el banco como San José, la constructora de Jacinto Rey, accionista minoritario, quieren que la mujer de José María Aznar saque adelante la operación ante el riesgo de que un cambio radical en el Consistorio madrileño tras los comicios de mayo paralice de nuevo la obra, un proyecto presupuestado en 6.000 millones de euros durante veinte años y que podría crear hasta 120.000 puestos de trabajo.

Ahora, la responsable del Consistorio debe sopesar si fuerza un nuevo pleno antes del 24 de mayo o si deja pasar la hoja del calendario para que sea el nuevo alcalde el que tome una decisión de este calado. Aunque la convocatoria de una nueva reunión del equipo de Gobierno sería totalmente legal hasta el mismo día de las urnas, habitualmente ningún ayuntamiento suele llamar a consulta a sus concejales salvo para asuntos de extrema urgencia.

Compromiso verbal

El debate ya ha llegado al despacho de Ana Botella, que ha mantenido diversas conversaciones con los representantes de Duch para acelerar los trámites burocráticos y bendecir la operación. La alcaldesa se ha comprometido verbalmente con BBVA y con San José a que hará todo lo posible por sacar adelante el proyecto antes de las elecciones municipales y autonómicas, si bien algunas voces de dentro del PP le han aconsejado que no convoque un pleno extraordinario porque trasmitiría la sensación de que le estaría haciendo un gran favor a la entidad financiera.

Hay que tener en cuenta que Francisco González, el actual presidente de banco, fue nombrado primer ejecutivo de Argentaria, el embrión del actual BBVA, por José María Aznar cuando el partido de derechas llegó a la Moncloa en 1996. Procedente de FG Valores, un bróker de bolsa que después vendió a Merrill Lynch, González recibió el encargo de, primero, privatizar totalmente la entidad y, segundo, fusionarse con BBV para sacar a las familias vascas del que en ese momento era el segundo grupo financiero de España.

El Gobierno central también se ha implicado en las conversaciones puesto que Adif y Renfe recibirían unos 1.000 millones de los cerca de 3.600 que ingresarían las distintas Administraciones Públicas, un dinero que vendría muy bien para equilibrar las maltrechas cuentas tanto de las dos empresas ferroviarias como de las arcas generales. La ministra de Fomento, Ana Pastor, es la que está presionando a Ana Botella para que certifique el proyecto antes del próximo 24 de mayo por lo que pudiera pasar. Hay mucho dinero en juego.