Un tribunal británico pone en jaque una parte de la refinanciación de la deuda de FCC

Este mismo jueves, un juez británico se ha pronunciado en contra de una de las tres partes en que se estructuró la refinanciación de la deuda de FCC al declarar en event default (situación de impago) los bonos convertibles del grupo, cuyo plazo de vencimiento amplió la compañía ahora controlada por Carlos Slim el año pasado hasta 2020.

Se trata de una pequeña victoria para un pequeño grupo de bonistas, liderados por Black Diamond, Double Black Diamond y CVC, que se opusieron al proceso de homologación de deuda que la empresa española impuso a los acreedores disidentes, al haber conseguido el visto bueno del 94% de sus entidades financiadoras.

En defensa de sus intereses, estos acreedores solicitaron a la corte inglesa una sentencia declarativa sobre estos bonos para proporcionar más argumentos a su oposición a otra de las tres patas en que se estructuró la refinanciación. En concreto, estos disidentes siempre se han mostrado contrarios al acuerdo del conocido como tramo B, de 1.350 millones de euros, porque consideran “desproporcionadas” las condiciones impuestas por el grupo de infraestructuras.

Por el momento, han conseguido una pequeña victoria, ya que la justicia británica ha dictaminado que, conforme a la cláusula 10 del bono convertible, esta deuda se encuentra en caso de impago, lo que les confiere el derecho a solicitar la devolución de su inversión en el bono, importe no desvelado oficialmente, pero que fuentes conocedoras aseguran que apenas ronda los 10 millones de euros, sobre el total de 450 millones que emitió FCC.

El problema es que los demandantes no persiguen tanto recuperar este dinero, como tener con esta sentencia un arma que tratarán de utilizar para oponerse a la quita forzosa del tamo B, su verdadero caballo de batalla. Como adelantó El Confidencial, a principios de este mismo año, nada más firmarse la ampliación de capital de 1.000 millones que dio entrada a Slim y devolvió la estabilidad al grupo, un grupo minoritario de acreedores preparó una demanda ante las autoridades españoles para oponerse al perdón de 200 millones de euros aceptado por el 85% de los acreedores, que condonaron un 15% del citado tramo.

Esta es la verdadera batalla que quieren ganar los bonistas disidentes, una guerra donde, al contrario de lo visto en Reino Unido, por el momento siempre han tenido el viento de contra. De hecho, la estrategia legal de FCC al otro lado del Canal de la Mancha se ha centrado en recurrir la jurisdicción británica, por considerar que este caso queda fuera de sus atribuciones, y centrar todo el caso en el proceso iniciado en España.

Sin embargo, el mismo juez que se ha pronunciado este jueves a favor de los bonistas disidentes, también ha refrendado su autoridad para llevar el caso, a pesar de que este frente apenas está respaldado por un pequeño grupo, ya que no todos los acreedores que se opusieron a la refinanciación han impugnado la homologación impuesta por FCC.

Alicia Koplowitz, la principal bonista

Se da la circunstancia de que Alicia Koplowitz, tía de la actual presidenta del grupo y hermana de Esther Koplowitz, es la principal tenedora privada de este bono ahora puestos en entredicho por la Justicia británica, al tener invertidos cerca de 16 millones de euros a través de sus sicavs Morinvest y Fermat 2006, según la última información pública oficial.

Con una rentabilidad del 6,5%, los 450 millones que emitió FCC con este bono cotizan por encima de la par desde principios de febrero y, actualmente, se mueven  en los 104 enteros. Los títulos de la compañía se han dejado este jueves un 2,43% hasta 11,22 euros, lo que los convierte en uno de los peores títulos del Ibex 35 en la jornada de este jueves.

La compañía española siempre ha rechazado cualquier tipo de incumplimiento de la cláusula 10 a la que se ha acogido este grupo de bonistas al tiempo que ha defendido que el recurso presentado ante los tribunales británicos en realidad sólo es una estrategia para tratar de conseguir argumentos a su favor de cara a los tribunales españoles.