reunión con el jefe del área jurídica del banco

El Sepblac pone a Abanca como 'objetivo prioritario' por blanqueo de capitales

El organismo que persigue las operaciones sospechosas en la banca ha llamado a capítulo al secretario del consejo de la entidad gallega por sospechas sobre determinados clientes
Foto: El presidente de Abanca, Javier Etcheverría (d), el vicepresidente Juan Carlos Escotet (c) y el consejero delegado Francisco Botas en una imagen de archivo (EFE)
El presidente de Abanca, Javier Etcheverría (d), el vicepresidente Juan Carlos Escotet (c) y el consejero delegado Francisco Botas en una imagen de archivo (EFE)

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

Según ha podido saber El Confidencial, hace un par de meses, Juan Manuel Vega, el director general de la institución que persigue los delitos monetarios, pidió una reunión con el responsable del área jurídica de Abanca y secretario del consejo, José Eduardo Alvarez Naveiro. El ejecutivo, un histórico de la antigua Caixa Galicia, acudió a las dependencias del Sepblac en Madrid, donde escuchó literalmente que el banco gallego se había convertido en objetivo prioritario para la unidad de delincuencia financiera.

Álvarez Naveiro regresó a las oficinas centrales de La Coruña con una honda preocupación, que le trasmitió a Escotet, el inversor venezolano que compró Abanca en diciembre de 2013 por apenas 1.003 millones de euros. El dueño de Banesco recuperó esa inversión en apenas un año al publicar beneficios de 1.157 millones en el ejercicio 2014. El anuncio el pasado mes de febrero de estos resultados provocó una serie de críticas contra De Guindos por haber malvendido la entidad gallega, a la que se rescató con una inyección de dinero público de 9.000 millones de euros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)

El secretario del consejo de Abanca recibió órdenes del Sepblac de extremar los sistemas internos de control de riesgos relacionados con posibles clientes sospechosos y le reiteró que el banco era objetivo “prioritario”. El organismo le informó que tenía sospechas de que a través de Abanca podrían colarse en España operaciones de procedencia ilícita de clientes latinoamericanos, tal y como se ha demostrado en Banco Madrid.

La filial de Banca Privada d´Andorra (BPA) fue la plataforma que utilizaron tres exviceministros de Venezuela, el exjefe de inteligencia de este país y un exdirectivo de la petrolera estatal PDVSA para blanquear dinero desde el otro lado del Atlántico.

Foco en la propiedad del banco

Más aún, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y formado por inspectores del Banco de España informó a Álvarez Naveiro de que una de sus preocupaciones era “la propiedad” del banco, en clara referencia al accionista mayoritario de Abanca Holding Financiero, el titular del 88% de las acciones de la entidad gallega. Es decir, el propio Escotet.

Esta firma, cuyo máximo accionista es Banesco, lanzó en octubre de 2014 una emisión de bonos por 269,6 millones de euros convertibles obligatoriamente en acciones de Abanca en el momento en el que la entidad saliera a bolsa. Con vencimiento en 2019, estos bonos fueron suscritos por "inversores cualificados", entre los que se incluyen algunos vinculados ya al holding hispano-venezolano. El interés que pagó Banesco fue del 10%, ampliable al 11%, si finalmente no se hacía la oferta pública de acciones.

El diferencial es el habitual que se paga para compañías de alto riesgo o high yield, perfil que no se adaptaba a la garantía que ofrecían las acciones de Abanca, una entidad que había sido nacionalizada, limpiado su balance de las operaciones más dudosas y con uno de los mejores niveles de solvencia, según consta en los últimos test de estrés realizados por el Banco Central Europeo (BCE). Es decir, Banesco pagó mucho interés a los inversores.

La entidad que actuó como coordinadora de los bonistas fue Structuerd Finance Management Spain, una filial de SFM European Holding Limited, sociedad con domicilio fiscal en Irlanda. La firma, que según su propia página web corporativa no está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene como representante en España a Jaime José Azcona San Julián, presidente de Goldwyns Auditores.

El hijo del guardián

José Eduardo Álvarez Naveiro Sánchez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade, E-3). Comenzó su actividad profesional en Uría Menéndez hasta que en 1994 se incorporó a Caixa Galicia, donde trabajaba su padre. Esto es una práctica habitual porque en la caja gallega por excelencia se sucedían los cargos entre familiares, como demuestra que el primer ejecutivo, José Luis Méndez, tenía a sus dos vástagos en funciones de responsabilidad.

Pero José Luis Álvarez Naveiro, el padre del actual responsable jurídico, no era otro más. Era el hombre que guardaba todos los secretos de José Luis Méndez, el gran banquero coruñés venido a menos tras la intervención de la entidad por el Banco de España en 2010. Fue el subdirector del departamento jurídico durante siete años y posteriormente el secretario general de la caja a lo largo de tres lustros. Su poder era tal que, cuando falleció a finales de 2006 el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, emitió un comunicado oficial con las condolencias.

El hijo heredó los dos cargos.

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