La liquidación de las autopistas costará este año 600 millones a los españoles

La liquidación de las autopistas no saldrá gratis al erario público. Las cuentas que maneja el Ministerio de Hacienda contradicen la versión más optimista de la ministra de Fomento, Ana Pastor, cuando asegura que el fiasco de las concesionarias creadas en los años de la abundancia no va a costar ni un solo euro a los contribuyentes españoles. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con los bancos obligará al Estado a provisionar, de entrada, 600 millones de euros en los presupuestos de 2015.

Este nuevo ‘agujero negro’, que hasta la fecha no había sido oficialmente reconocido, es uno de los argumentos que han utilizado las constructoras de Seopan para presionar al Gobierno sobre la conveniencia de adecuar el plan de rescate a los intereses de los acreedores, incluyendo entre éstos a los viejos reyes del ladrillo. Haciendase ha cerrado en banda a abrir más la mano de un pacto que poco antes del verano había recibido los parabienes de las grandes entidades financieras españolas.

La ruptura de las negociaciones pone de manifiesto la insolvencia económica de las empresas concesionarias que han ido entrando en concurso a lo largo de los últimos años, lo que obliga al Estado a ir provisionando también los importes pendientes de pago en la contabilidad nacional. El caso más apremiante se sitúa en la AP-36 entre Ocaña y La Roda cuya quiebra oficial fue retrasada en varias ocasiones el pasado verano a instancias del Ministerio de Fomento hasta que en febrero pasado el juzgado mercantil número 2 de Madrid dicto su irremisible liquidación.

La estrategia del Gobierno consiste ahora en trasladar la defensa de los intereses públicos a la Abogacía del Estado para que vaya recurriendo una por una todas las decisiones judiciales en una clara huida hacia adelante que no hará sino dilatar el problema hasta la próxima legislatura. Las siguientes autopistas en la rampa que conduce al precipicio de la liquidación son las Radiales 3 y 5 de Madrid, bajo concesión de la empresa Accesos de Madrid en la que están involucradas como accionistas ACS, Sacyr, Abertis y Bankia.

El ‘efecto dominó’ derribará una por una hasta un total de nueve sociedades con una deuda bancaria total de 4.000 millones más otros 240 en obras pendientes de pago a las empresas constructoras. La suma de estas partidas constituye la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA) que actúa como una espada de Damocles sobre la Hacienda Pública. El Gobierno ha decidido asumir el riesgo que implica dicha contingencia financiera ante lo que considera una actitud injustificable por parte de los acreedores.

La coartada de la banca extranjera

Fuentes oficiales no se explican que algunos de los bancos más importantes del país formularan de manera expresa su felicitación al Gobierno por el plan de rescate que fue anunciado por Ana Pastor hace ahora un año. La ministra de Fomento obtuvo el respaldo de Hacienda y de la propia Comisión Europea para llevar a cabo una ‘operación de socorro y salvamento’ que suponía básicamente una quita del 50% y el reconocimiento de 2.000 millones a reembolsar mediante un bono a 30 años al 1% de interés.

La gran banca española, encabezada por el G-6 que forman Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, se mostró proclive en principio al acuerdo pero no terminó de dar su beneplácito a la propuesta al considerar que la retribución de la deuda estaba muy por debajo de la tasa de rentabilidad que paga el Tesoro en sus emisiones a 30 años. Ahora el tipo de interés de la deuda a largo plazo está situada, en efecto, en el 1,98% y Hacienda considera que el tiempo juega a su favor dada la tendencia a la baja del mercado de bonos soberanos.

Con este panorama el Gobierno se niega a pagar un solo euro más y espera que los acreedores de las autopistas terminen por entrar en razón. En el fondo de la cuestión subyace un importante malestar en medios oficiales por lo que se considera ‘el doble juego de la banca española’. Los conflictos en los juzgados han sido sustanciados en última instancia por los bancos extranjeros, un grupo de más de treinta entidades, que también están afectados por la crisis de las autopistas, pero tanto Hacienda como Fomento consideran que esta beligerancia está respaldada y, si se apura, inducida por los propios bancos españoles.