Carta a Linde y Guindos de los trabajadores de Banco Madrid para pedir explicaciones

Más de 400 trabajadores e inversores de Banco Madrid exigen por carta al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicaciones precisas y claras sobre la intervención de Banco Madrid. Estos afectados, representados por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo presidido por el letrado Javier Cremades, se preguntan por qué una entidad “que cumplía sobradamente con los ratios de solvencia días antes de su intervención por el Banco de España, se encuentre ahora en situación de concurso de acreedores.¿Quién es el responsable de esta situación?”.

La misiva, de dos folios de extensión y a la que ha tenido acceso El Confidencial, cuestiona los métodos de la intervención y cómo, a su juicio, “se ignoraron todas las medidas que podían haber preservado la continuidad de la actividad empresarial, como mensajes de tranquilidad a clientes y contrapartidas, inyecciones de liquidez o, en última instancia, facilitar la venta de la entidad a alguno de los numerosos compradores potenciales que aparecieron”.

Según los trabajadores e inversores, Banco Madrid gozaba de “gran salud financiera, al situarse su coeficiente de solvencia al cierre de enero en el 30%, cerca del triple del promedio del sector. La entidad, con un balance de 1.349 millones de euros, un patrimonio neto de 130 millones y un valor económico de 170 millones, gestionaba 6.000 millones de euros de clientes e inversores a través de 21 oficinas”.

“Entendemos que las autoridades tengan que investigar y depurar todas las responsabilidades penales que pudieran encontrarse de supuestas actuaciones ilícitas o delictivas. Pero la intervención del Banco no es un medio necesario para ello ni una consecuencia obligada de ese procedimiento”, añaden en la carta tras tachar la situación de la entidad como “corralito”. Y para ello se remiten al auto de declaración de concurso de acreedores dictado el pasado 25 de marzo en el que el juez afirma que de la documentación aportada por el supervisor bancario se concluye que la fuga de depósitos fue originado por “el pánico y desconfianza de los clientes de la entidad provocados por esa decisión”.

Un informe sin “indicios” de blanqueo de capitales

En la carta también se pregunta cómo el informe del SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado el 9 de marzo de 2015, cuyo estudio comenzó el pasado 9 de abril de 2014, concluyera “con simples recomendaciones de gestión interna y de recursos humanos, no advirtiendo el más mínimo indicio actual de delito por blanqueo de capitales”.

Explican con más detalle que días después, el SEPBLAC emitió un nuevo dictamen, contradictorio con el anterior, “denunciando la comisión de delitos por blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas”. “¿Y era además necesario que, en contra de la práctica habitual, esa sorprendente denuncia se hiciese pública, con el consiguiente avivamiento del pánico bancario iniciado por la intervención?”.

Una de sus principales preocupaciones es el presunto daño reputacional y de imagen pública que aseguran sufrir no sólo la plantilla, sino los banqueros, agentes e inversores. En especial la asociación directa por parte de la opinión pública de Banco Madrid con “operaciones de blanqueo de capitales y otras operaciones ilegales”. “¿Quién reparará el truncamiento de su carrera profesional y su actual incertidumbre económica?”, cuestionan.

En esta misma línea, al mismo tiempo que piden conocer cuánto tiempo tendrán que esperar los partícipes y los depositantes en fondos en la entidad para reembolsar su dinero, exigen acceder al texto completo de la resolución que justificó la intervención del Banco de España. “Entendemos que no se puede aplicar el argumento del blanqueo de capitales, ya que tiene otros protocolos de actuación por el regulador y varias entidades contra las que se han seguido denuncias por blanqueo no fueron intervenidas”.

Los trabajadores e inversores representados por Cremades & Calvo-Sotelo estudian “todas las medidas legales necesarias para resarcirnos de los perjuicios causados por la desproporcionada medida de intervención y la sobreactuación de los poderes públicos”.