Guerra de convenios entre la banca y el consejo en las filiales de Pescanova

El G-7 de los bancos acreedores de Pescanova ha replicado al desafío lanzado por el consejo de administración que representa a los antiguos accionistas. Las entidades de crédito han anunciado que presentarán sus propios convenios de acreedores en las diez filiales de Pescanova compitiendo con los acuerdos que ya han sido remitidos al juzgado por los actuales administradores del grupo pesquero. Ahora tendrá que ser la junta de acreedores primero y la junta de accionistas después las que resuelvan el conflicto para evitar que la espada de Damocles de una eventual liquidación amenace el futuro de la entidad.

El pacto inicial apuntaba a la conveniencia de formular un único convenio y no dos alternativos por cada una de las 10 filiales de Pescanova en las que está concentrada la actividad industrial de la compañía. La matriz no deja de ser un cascarón vacío desde el punto de vista de la operativa de negocio, por lo que el reflotamiento de las filiales es básico para garantizar la viabilidad de todo el grupo. En principio estaba previsto que el consejo de administración se presentarse en el juzgado mercantil de Pontevedra con una propuesta previamente acordada con los bancos, pero los acontecimientos de estos últimos días han demostrado que accionistas y acreedores siguen todavía muy distanciados.

Desde un punto de vista técnico los dos tipos de convenio son parecidos, pero la diferencia reside en que la banca no está dispuesta a ceder en los términos de su planteamiento y amenaza con una liquidación si su propuesta no es plenamente aceptada. El G-7 asume una quita de hasta el 75% de la deuda media de las 10 filiales con objeto de que la nueva Pescanova ajuste su pasivo ordinario a un máximo de 1.000 millones de euros. El reparto patrimonial que ofrecen los bancos brinda a los actuales accionistas un 5% de las acciones ampliable a un 20% si participan en las futuras ampliaciones.

Pescanova acumula en la actualidad una deuda de 3.100 millones de euros y cuenta entre sus socios con un 60% de accionistas particulares. El 40% restante se distribuye entre instituciones como la cervecera Damm de la familia Carceller y el fondo luxemburgués Luxempart, aparte del que fuera primer accionistade la empresa, Manuel FernándezSousa. Todos ellos están representados por un consejo de administración encabezado por Alejandro Legarda Zaragüeta, uno de los independientes que se quedó en la empresa tras la dimisión de Juan Manuel Urgoiti como presidente en mayo del pasado año.

Los bancos que forman el G-7 son Popular, Sabadell, Bankia, CaixaBank, Abanca, BBVA y el italiano UBI. Entre todos han aportado 150 millones de euros para asegurar la liquidez de la empresa y ahora están dispuestos a financiar una cantidad equivalente para reflotar Pescanova como complemento del convenio de acreedores. Todos estos esfuerzos financieros exigirán una contrapartida a los actuales accionistas que quedarán en clara minoría dentro de la nueva Pescanova, pero que no se librarán de aportar nueva financiación si quieren mantener una posición de relieve en la futura empresa.

El periodopara la presentación de los convenios definitivos expira la próxima semana. El juez dio de plazo hasta el lunes 23 para formalizar la propuesta de Fricatamar, Frivipesca, Frigodis, Pescanova Alimentación y Bajamar Séptima. Las otras cinco subsidiarias; Novapesca Trading, Frinova, Pescafina Bacalao, Pescafresca e Insuiña, deberán entregar suproyecto de acuerdo el martes 24. Las juntas de acreedores en las que se votarán las hojas de ruta están fijadas para el 21 y 22 de mayo, mientras que la junta de accionistas que debe ratificar el convenio definitivocon los acreedores tendrá lugar en agosto. En definitiva, cuando menos hasta el veranolas negociaciones se presentantortuosas en el alambicado grupo gallego.