Anticorrupción investiga por prevaricación al despacho que fundó Montoro

La Fiscalía Anticorrupción investiga por un posible caso de prevaricación al despacho de abogados Equipo Económico, empresa fundada en 2006 por el actual ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, según publica hoy el diario El País. La investigación tratará de determinar si la adjudicación del contrato vulneró la Ley de Contratos del Estado y por qué fue elegido este despacho y no otro. Por su parte, desde el despacho señalan que no conocen ni tienen competencia alguna en relación con el procedimiento interno de contratación.

Concretamente, la Fiscalía se está centrando en un contratofirmado en 2012 entre el entonces Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la firma Equipo Económico. El bufete, hoy dirigido por Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda durante la era Aznar, cuenta con otros antiguos colaboradores del titular de Hacienda como Salvador Ruiz, Francisco Piedras, Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud.Según explica el diario, dicho contrato "ordenaba la elaboración de un documento orientativo que sirviera como borrador para la nueva ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en 20012 y se aprobó dos años más tarde". El objeto del trabajo era, según explican desde Equipo Económico, "la elaboración de un estudio sobre la configuración jurídico-económica, estructura y nuevo modelo de negocio del Consejo Superior de Cámaras, tras la indefinición jurídica creada por el Real Decreto Ley 13/2010".

Martínez Rico declaró hace varias semanas en la sede de la Fiscalía, así como la secretaria en funciones de la Cámara Carmen de Miguel, el expresidente de la misma Manuel Teruelyel asesor jurídico de este organismo. Además de ser preguntados por el contrato, se les requirió las actas de las reuniones del comité ejecutivo. En un primer momento, la investigación incluso llegó a dudar que el trabajo se hubiese llevado finalmente a cabo. Respecto a ello, Martínez Rico es tajante: "Tuvimos múltiples reuniones, nos entrevistamos con el presidente del Consejo y con otros responsables. Hay muchos correos y documentos que acreditan que el trabajo se realizó".

A día de hoy, la investigación se centra en determinar por qué dicha adjudicación se produjo 'a dedo' y no se sacó a concurso público, ya que la ley establece que a partir de 12.000 euros las adjudicaciones no pueden ser directas.Según un portavoz de la Cámara, el trabajo se pagó con "fondos privados" y la normativa de contratación pública "sólo se aplica cuando se trata de actividades o programas financiados con fondos comunitarios". En un primer momento el contrato ascendía a 216.000 euros, cantidad que finalmente fue reducida hasta los 90.000 euros.Desde el despacho explican que Equipo Económico "se ajustó a los requerimientos" que se fijaron por el cliente y añaden que, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Cámaras de Comercio, ésta reconoce de forma expresa que su régimen de contratación es el correspondiente al derecho privado, criterio que comparten numerosos expertos en la materia.Para otros análisis también se contrató a las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC), Dentom y al despacho de abogados Pérez-Llorca.

La investigación lleva abierta desde el pasado año, concretamente desde el 10 de enero de 2014, fecha en la que se decretó la apertura de diligencias de investigación por parte de Anticorrupción y se solicitaron todos los contratos que firmó el entonces Consejo Superior de Cámaras con empresas y proveedores durante los últimos cinco años. Algunas de las compañías que figuran son PwC, Deloitte, Indra y EY, entre otras. A pesar de que la investigación dura ya más de un año, todas las pesquisasapuntan alcitado contrato firmado por el despacho Equipo Económico.

Tras publicarse la información, Equipo Económico ha anunciado que se reserva el derecho de emprender acciones legales si lo consideran necesario en defensa del "buen nombre y prestigio profesional tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran".