Sareb reúne a su consejo para fijar una posición sobre la liquidación de Martinsa

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha convocado estejuevesuna reunión de su consejo de administración para adoptar una decisión sobre el futuro de Martinsa. El encuentro del máximo órgano ejecutivo del llamado ‘banco malo’ es clave porque en el mismo están representados los principales acreedores de la compañía inmobiliaria, como son CaixaBank y Banco Popular, además de Abanca. El convenio presentado por la compañía que preside Fernando Martín tiene que ser ratificado antes de este juevesante el juzgado mercantil de La Coruña. En caso negativo, la empresa entrará en fase de liquidación.

El llamado G-4 de Martinsa, con más del 55% del total de la deuda de la compañía, ha constituido una plataforma única de acreedores para gestionar el proceso de liquidación en el supuesto, cada vez más previsible, de que el actual accionista mayoritario, Fernando Martín, se niegue a ceder la propiedad total de la inmobiliaria. El nuevo convenio de acreedores cede a los bancos el 70% del capital, pero las entidades de crédito consideran que la única forma de asegurar el control pleno sobre el futuro de la compañía pasa por obtener el 100% de las acciones.

Fuentes de Martinsa consultadas por El Confidencial han mostrado su extrañeza ante este último planteamiento de los bancos y aseguran que nadie de la banca ha informado formalmente de ninguna condicionalidad en este sentido. En el fondo de la cuestión, los bancos pretenden que Fernando Martín rinda definitivamente la plaza y pase a convertirse en un mero empleado de la compañía, lo que implica un cambio radical de concepto sobre la propuesta de acuerdo formulada por el presidente y todavía dueño de la empresa.

Más de 6.000 acreedores y 3.000 empleados

En la trastienda de las complejas negociaciones que el empresario vallisoletano viene manteniendo con los bancos desde hace más de un año subyace el problema de una falta de confianza derivada de la enorme deuda acumulada por la compañía. A ello se unen diferencias de criterio sobre la valoración de activos que la empresa está dispuesta a ceder en prenda a sus acreedores. En definitiva, y como resumen fuentes de las entidades financieras, “el problema es de la misma naturaleza que el de Grecia con Europa, sólo que aquí el coste de la liquidación no es comparable con la ruptura del euro”.

Este tipo de declaraciones muestran el estado real de la situación a 24 horas escasas del plazo límite otorgado por el juzgado mercantil de La Coruña para la adhesión al nuevo convenio formulado por la empresa el 30 de diciembre. El ‘deadline’ marcado en rojo es el26 de febrero, una fecha que puede resultar fatídica para la empresa surgida a mediados de 2007 tras la fusión de Martinsa y Fadesa, un proyecto que dio lugar a la más importante compañía inmobiliaria española durante los últimos años de la célebre y no menos aciaga burbuja del ladrillo.

La promotora presentó suspensión de pagos en julio de 2008 con una deuda récord de 7.000 millones de euros, de los que 3.400 corresponden a la deuda ordinaria contraída con un grupo de 17 entidades financieras. El resto del pasivo se reparte entre más de 6.000 acreedores, de los que la mitad son proveedores comerciales con deudas individuales inferiores a los 10.000 euros. Los esfuerzos de Fernando Martín permitieron levantar el concurso de acreedores en marzo de 2011, pero la intensidad y duración de la crisis no ha facilitado el cumplimiento de los reembolsos y la empresa ha tenido que abordar una nueva propuesta de rescate que no convence para nada a los grandes bancos.

Si Martinsa no consigue el respaldo de un 75% de su masa de acreedores, el juez tendrá que ratificar la liquidación de una empresa que da empleo directo e indirecto a 3.000 personas y que cuenta con 5.000 gestiones urbanísticas pendientes, además de 1.500 unidades en construcción y 850 contratos vivos con clientes. Estos últimos serán las víctimas colaterales de una ‘defunción’ empresarial que supone también un serio revés para el Gobierno en un momento crítico de especial tensión electoral en España y justo cuanto el presidente Mariano Rajoy presume de haber encarado una fase de recuperación económica.

Fallo de la nueva ley concursal

La caída definitiva de Martinsa implica el fracaso de la reciente normativa de suspensiones de pagos adoptada para facilitar el arreglo de aquellos convenios que han tenido que ser renegociados como consecuencia de la gran recesión. La promotora inmobiliaria es el mejor ejemplo y, si se apura, uno de los objetivos esenciales que motivó la aprobación del último decreto ley de medidas urgentes en materia concursal.

La Sareb se enfrenta también a una verdadera prueba de fuego con Martinsa ya que el ‘banco malo’ nació con la misión de facilitar el saneamiento de los bancos pero no a cambio de provocar la desaparición del tejido empresarial en España. La sociedad de capital mixta tiene mucho que decir en este conflicto dado que es el primer acreedor de la empresa, con un 21% de las deudas. Su decisión puede ser determinante para definir la postura de La Caixa, que cuenta con el 16%, así como la del Banco Popular, con el 12%. Abanca dispone del 7% de los créditos pero parece más receptiva a aceptar la propuesta de convenio, al igual que ocurre con la banca extranjera, que suma más del 20% del pasivo y ha dado, en principio, su consentimiento para facilitar el rescate de la compañía.