TENDRÁN QUE SER DEMANDAS INDIVIDUALES

Victoria de Bankia: el juez tumba la primera demanda colectiva por la salida a bolsa

En medio del maremágnum por las consecuencias de la OPV de Bankia, la entidad ha conseguido una victoria judicial porque el juez ha tumbado la primera demanda colectiva por la OPV
Foto: Protesta por la comercializacion de preferentes. (EFE)
Protesta por la comercializacion de preferentes. (EFE)

La demanda fue presentada por el bufete Rosales en Valencia y agrupaba a 2.570 inversores que acudieron en julio de 2011 a la colocación de acciones de Bankia y ahora pretenden recuperar el dinero basándose en la denuncia de los peritos del Banco de España de que las cuentas no reflejaban la realidad de la entidad. Dicha presentación hizo mucho ruido mediático por la gran cantidad de gente agrupada, que pretendía ser el banderín de enganche para atraer a otros muchos accionistas de Bankia (ver cotización) que perdieron prácticamente toda su inversión con la nacionalización.

Sin embargo, esta pretensión ha sido desmontada por un auto del juez David Gericó del Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital del Turia. La demanda solicitaba la nulidad por vicio del consentimiento, es decir, la fórmula habitual utilizada por los preferentistas; significa que, cuando contrataron estas inversiones, no fueron informados correctamente de sus características o directamente fueron engañados, lo que implica que la transacción es nula y la entidad debe devolverles el dinero. En este caso, el citado bufete hablaba de "engaño, publicidad engañosa y realidad patrimonial distinta de la informada", sobre la base de los famosos informes de los peritos.

Este auto no entra a valorar si las cuentas de Bankia estaban falseadas o no –algo que compete a la Audiencia Nacional y que Fernando Andreu parece tener bastante claro a decir de su último auto, en el que fijaba los 800 millones de fianza–, sino en si es admisible una demanda colectiva por este asunto. Los demandantes defienden que sí porque Bankia engañó a todos de la misma forma, falseando presuntamente sus cuentas, ya que los 2.570 afectados acudieron a la OPV basándose en la misma contabilidad, el mismo folleto, la misma publicidad y los mismos argumentos esgrimidos por la red comercial de la entidad.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el día de la salida a bolsa. (EFE)
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el día de la salida a bolsa. (EFE)

Sin embargo, el citado juez considera que esto no es así. En primer lugar, explica que existe una gran heterogeneidad entre los 2.570 demandantes, ya que hay clientes muy modestos que invirtieron 2.000 euros y sociedades que metieron 300.000, y entre ellas hay una empresa dedicada a la inversión y una sociedad profesional de economistas y abogados. En su opinión,  aunque la información suministrada hubiera sido idéntica para todos, "no puede partirse de que la incidencia, el impacto o los efectos de la estrategia de comercialización utilizada fueran idénticos en cada una de las suscripciones".

Además, considera que "también podría sufrir gravemente el derecho de defensa de la demandada, a la que no se puede forzar, si se pretende la declaración de nulidad de cada uno de los cientos de contratos a que se refiere la demanda, a pasar por un tratamiento genérico, difícilmente compatible con la acción ejercitada, obligándola a la contestación en el breve plazo legal con las lógicas dificultades para ejercitar el derecho de defensa en relación con cada uno de los contratos cuya declaración de nulidad se pretende".

Bankia gana tiempo

En efecto, la gran victoria de Bankia no es que un juez le dé la razón (puesto que no se la da), sino el tiempo que le permite ganar, ya que ahora todas las demandas tendrán que ser individuales, lo cual no es poca cosa, según admiten fuentes de la entidad, dada la situación en que se encuentra por culpa de todo este lío. En el otro lado, el juez Gericó no tiene en cuenta otros elementos que aparecen en la jurisprudencia que cita como apoyo a su decisión: en sentencias precedentes, se trataba de distintos instrumentos financieros y vendidos a lo largo de un período de tiempo relativamente largo, mientras que en la OPV de Bankia todo el mundo compró acciones y en el mismo momento.

Otros despachos de abogados sostienen que es preferible la vía mercantil a la civil, que es la que ha seguido Rosales. Es el caso de otro de los bufetes que buscan clientes entre los accionistas de Bankia, Arriaga, que sostiene que la mejor forma de obtener una sentencia favorable es apelar al artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, que sostiene que "todas las personas indicadas en los apartados anteriores [los responsables del folleto de una OPV], según el caso, serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante".

Incertidumbre total sobre Bankia

La situación de Bankia no puede ser más incierta en estos momentos. La entidad pretende presentar sus resultados de 2014 antes de la fecha tope para las entidades cotizadas, el sábado 28 de febrero, pero para ello sigue pidiendo que el FROB le aclare cuál será el reparto del coste de las demandas por la salida a bolsa. Sin embargo, Hacienda con el apoyo de Moncloa, no tiene ninguna prisa y cree que hay que esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie para asumir ningún impacto; en su opinión, Bankia debe dar sus cuentas sin ninguna provisión.

Mientras el reloj corre sin alcanzarse ninguna solución, también está encima de la mesa el reparto de la fianza de 800 millones impuesta por Andreu, para el que Bankia y Hacienda (que aquí van de la mano) pretenden exprimir a los seguros, tanto los individuales de los consejeros como el contratado con Willis para la salida a bolsa. Claro que, si se puede, de lo que se trata es de evitar dicha fianza, y aquí son Bankia y el FROB los que están del mismo lado; de hecho, el fondo de rescate va a incluir en su recurso sendos contrainformes elaborados por el Banco de España y por la CNMV para tratar de tumbar los elaborados por los peritos, como ha adelantado El Confidencial. Y por si todo esto fuera poco, sigue adelante la instrucción de las tarjetas black, donde también podrían imponerse fianzas a los beneficiarios.

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