Aire para CCOO: negociará el ERE de Barclays pese al rechazo de la plantilla

La guerra interna de la plantilla de Barclays, donde la mayoría de los servicios centrales se oponía a la gestión de los sindicatos y pretendía contratar a un bufete para defenderse del duro ERE planteado por su comprador, CaixaBank, se ha saldado con la victoria de los sindicatos liderados por Comisiones Obreras. Este lunes se ha celebrado la votación para su revocación y, aunque esta opción ha obtenido una mayoría aplastante –346 votos a favor y 23 en contra–, no ha sido suficiente para superar el 50% del censo, que era de 720 personas. Por tanto, la federación de banca de este sindicato, Comfia, seguirá negociando con la entidad que preside Isidre Fainé el número de salidas y las condiciones de las mismas.

Como adelantó entonces El Confidencial, la mayoría de los trabajadores de los servicios centrales de Barclays en Madrid (tiene otros en Zaragoza heredados del Banco Zaragozano) decidió, en una asamblea celebrada el 23 de enero, revocar el comité de empresa formado por los representantes sindicales y contratar al despacho Jiménez de Parga. Pero esta decisión debía ser ratificada en una votación, que es la que se ha celebrado este lunes. Y en ella, aunque los partidarios de la revocación han vencido de forma abrumadora, no han alcanzado el 50% más uno de los votos necesarios para que esta medida sea efectiva.

Esta votación no ha estado exenta de polémica. Los promotores de la revocación no han tenido acceso al censo de empleados de los servicios centrales, que la empresa sólo ha facilitado a los miembros actuales del comité de empresa. De hecho, estos han presidido la votación de su propia destitución y el recuento de la misma. Para completar la ceremonia de la confusión, un primer recuento ha arrojado 366 votos a favor, lo que sí suponía la mayoría necesaria. Pero el comité de empresa ha procedido a un segundo recuento donde se han contabilizado 20 votos menos a favor, lo que ha dado la victoria a los sindicatos. Estas circunstancias, calificadas de "irregulares" por los promotores de la revocación, pueden dar pie a la impugnación de la votación e incluso a una demanda.

De esta forma, Comfia –sindicato mayoritario en la banca española– logra un balón de oxígeno dentro de la dramática situación en que le ha colocado la revelación de los sobresueldos y los fastuosos gastos en viajes y comidas por el periódico El País. Una situación sobre la que su secretario general, José María Martínez, va a dar explicaciones este martes por la mañana, pero que ya se ha convertido en el nuevo escándalo que afecta a los sindicatos tras casos como los de las tarjetas black de Caja Madrid o los ERE de Andalucía.

"Los sindicatos sólo buscan salvarse"

Los trabajadores 'rebeldes' consideran que los sindicatos no están defendiendo con suficiente contundencia sus intereses en un ERE muy duro, sino que priorizan la situación de los propios miembros del comité. "No parece una respuesta muy contundente dejar la huelga para el final de la negociación o convocar una concentración delante del CaixaForum de Madrid un domingo", señala una fuente de la plantilla. ¿A qué obedece esta aparente laxitud? Aquí algunos trabajadores se muestran muy críticos con el comité: "Están buscando salvar su propia situación y no se lucha igual cuando sabes que tu cuello no está en juego".

Después de las dos primeras reuniones del comité de empresa con los representantes de CaixaBank, en las que se ha comunicado que habrá 1.120 salidas y las condiciones ofrecidas para las mismas, un grupo de empleados decidió consultar con el citado bufete, el único que consideraba que estaba a la altura del asesor de la entidad catalana: Sagardoy. Según una de las fuentes citadas, Jiménez de Parga les dijo que tenían tres opciones: no hacer nada, dejarles asesorar al comité de empresa en las negociaciones o, si los sindicatos se oponían, revocar el comité, que es por lo que optaron.

Las condiciones de La Caixa

La propuesta inicial de CaixaBank se divide, como es habitual, en prejubilaciones para los mayores de 53 años y bajas voluntarias para los menores de esa edad. En el primer caso, ofrece una indemnización del 70% del salario neto hasta los 61 años, descontando la prestación por desempleo, con un máximo de 180.000 euros. En el segundo, propone a los afectados una indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, a la que se añade un plus de 1.000 euros por cada tres años. El máximo por todos los conceptos es el mismo que en el primer caso, 180.000 euros.

Estas condiciones se aplican a las bajas voluntarias. Si no se alcanzan las 1.120 salidas previstas, las bajas serían forzosas con peores condiciones: 28 días por año trabajado con un máximo de 22 meses, con el mismo tope que las anteriores. Según las fuentes consultadas, el principal caballo de batalla es el tope de las 24 mensualidades, ya que la media de antigüedad de la plantilla se sitúa entre 12 y 13 años. "A esta gente no le importa tanto si son 35 o 45 días por año, sino el tope de 24 meses, porque todos se pasan", explican.