El 95% de las empresas del Ibex 35 suspende el examen de transparencia fiscal

En un momento en el que la corrupción se ha erigido como una de las principales preocupaciones para los españoles, y en el que escándalos como Luxembourg Leaks o la lista Falciani han puesto al descubierto las cloacas del sistema, la Fundación Compromiso y Transparencia ha elaborado un detallado estudio sobre la transparencia de las grandes compañías del Ibex 35 en materia fiscal. Y el resultado es demoledor.

Apenas tres compañías del selectivo aprueban el examen, lo que significa que el 95% de las mayores empresas españolas son opacas a la hora de informar al mercado sobre su fiscalidad. Bajo este paraguas se enmarcan aspectos que van desde la presencia en territorios offshore, y explicar la actividad que ahí se desarrolla, hasta la publicación de los impuestos que pagan y las subvenciones que se reciben en cada una de las Administraciones españolas y extranjeras en las que se opera, sin olvidar puntos como la independencia del auditor, el detalle sobre la naturaleza y cuantía de los litigios fiscales que mantienen con las distintas Administraciones tributarias, el haber suscrito el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT o las Líneas Directrices de la OCDE para multinacionales.

En total, el informe cuenta con doce indicadores, que buscan estandarizar la información sobre responsabilidad fiscal de las empresas, y que se han puntuado a partir de los datos que ofrecen las propias compañías en sus páginas web. Iberdrola, con 9 puntos, BBVA, con 8, y Repsol, con 6, son las únicas sociedades que cumplen al menos con la mitad de estos parámetros. La otra cara de la moneda corresponde a Viscofan, Técnicas Reunidas, DIA y Mediaset, que suspenden todas.

Llama la atención que las 35 empresas del Ibex incumplen a la hora de informar con transparencia sobre los litigios que tienen pendientes con las Administraciones tributarias. "La mayoría de las empresas no parece tener conciencia de estar rindiendo cuentas a la sociedad", denuncia el informe. "La información sobre los litigios fiscales suele encontrarse, en general, con poco detalle, acompañada de una frase del siguiente tono: los administradores consideran que las actuaciones han sido ajustadas a derecho y, de surgir discrepancias en la interpretación de la normativa vigente, los eventuales pasivos resultantes no afectarían significativamente", se añade.

Dos puntos donde el informe pone el acento respecto a la falta de transparencia es a la hora de informar si las empresas tienen alguna denuncia por evasión fiscal, aspecto sobre el cual "no consta" ninguna información (ni en positivo ni en negativo); y en todo lo relacionado con la información aportada sobre su presencia en paraísos fiscales, donde las tasas de cumplimiento son muy pobres: el 77% de las empresas no da ninguna información sobre su presencia en territorios offshore, el 71,43% no informa sobre sus políticas y procedimientos establecidos para luchar contra el blanqueo de capitales y el 40% carece de canales de denuncia abiertos a todas las partes interesadas.

Suma y sigue, porque sólo el 11% de las empresas informa con cierto desglose sobre los impuestos pagados en los países en los que opera, y sólo una compañía publica un documento ad hoc sobre su contribución fiscal (BBVA). Peor es el resultado cuando se trata de informar sobre las subvenciones recibidas, ya que es una tónica generalizada no ofrecer apenas información detallada.

Probablemente, una de las conclusiones más preocupantes que puede extraerse del informe es que, a pesar de la creciente preocupación ciudadana por la corrupción, la evasión fiscal o la creación de agresivas estructuras societarias para reducir la factura fiscal, las grandes compañías españolas apenas muestran sensibilidad ante el impacto que sus prácticas en esta materia puedan terminar teniendo en su reputación. Y esta atraviesa una negra etapa.

Por ejemplo, según el Barómetro Fiscal de 2012, el 41% de los encuestados atribuye a los empresarios una conducta fiscal deshonesta; al mismo tiempo que los técnicos del Ministerio de Hacienda denuncian que el 70% del fraude es atribuible a los grandes patrimonios y a las grandes empresas.

A pesar de ello, Bankia es el único miembro del Ibex 35 que incluye estos aspectos dentro de sus principios corporativos, al haber marcado como una de las misiones del Plan Estratégico 2012-2015 "realizar una aportación positiva a las finanzas públicas".

Acciona e Iberdrola son otra excepción a la norma al incluir el cumplimiento de los marcos regulatorios fiscales en sus códigos de conducta; el 48,57% no ha suscrito el Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributarias y la mitad de las que sí lo han hecho no le dan publicidad en sus webs, un reflejo de la poca sensibilidad que sigue habiendo sobre cómo estos aspectos pueden llegar a afectar a la reputación de las compañías.

También resulta llamativo que el 71% de las empresas no informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia del auditor, sobre todo cuando el informe también alerta sobre la responsabilidad que tienen las denominadas Big Four –Deloitte, PwC, EY y KPMG–, así como los despachos de abogados, "en la cristalización de una cultura en la que acudir a los resquicios de la ley para rebajar la factura impositiva no sólo no se considera una conducta inapropiada, sino que, en ocasiones, se muestra como la mejor tarjeta de presentación de un servicio de calidad".