El 'número dos' del FROB, Alfonso Cárcamo, ficha como secretario general de BMN

Sigue la diáspora en el sector público financiero. Tras la dimisión por sorpresa de Belén Romana como presidenta del banco malo de la Sareb, ahora toca el turno de nuevo al FROB, el fondo de rescate creado expresamente por el Gobierno para llevar a cabo la reestructuración y ordenación del sector financiero en España. Alfonso Cárcamo, secretario del consejo de la entidad desde septiembre de 2012, se incorporará a primeros de marzo al Banco Mare Nostrum (BMN), que preside Carlos Egea, como secretario general y director de la asesoría jurídica.

A diferencia de la espantada protagonizada por la presidenta de la Sareb con la socorrida apelación a supuestos “motivos personales”, los cambios en el FROB están plenamente justificados dado el proceso de renovación que esta institución ha de experimentar a raíz de la creación del Mecanismo Único de Resolución bancaria (MUR) en Europa. La salida de Cárcamo se venía barruntando desde hace ya unas semanas, cuando se conoció la marcha del director general del FROB, Antonio Carrascosa, para formar parte precisamente del equipo rector del MUR.

Cárcamo ha sido la mano derecha de Fernando Restoy en el FROB. Ambos trabajaron codo a codo en la CNMV durante la etapa de Julio Segura como presidente del organismo regulador de los mercados. La llegada al poder del Partido Popular provocó un movimiento de tierras institucional en el sector financiero que catapultó a Restoy como hombre fuerte de todo el proceso de reordenación bancaria. El todavía presidente del FROB no dudó un instante en llevarse consigo a Cárcamo como máximo responsable jurídico de la entidad que ahora va a ser remodelada por el Ministerio de Economía.

El FROB quedará descabezado en poco más de dos semanas, cuando está prevista las salidas de Carrascosa y Cárcamo. El ministro Luis de Guindos relevará también al propio Restoy con la designación de un nuevo presidente, cargo para el que suenan los nombres de Ignacio Mezquita y Jorge Dajani, actuales directores generales de Política Económica y de Análisis Macroeconómico. No se descarta una tercera opción, que implicaría recurrir a un perfil de acreditada experiencia bancaria como ha ocurrido en Sareb con la promoción de Jaime Echegoyen, antiguo consejero delegado de Bankinter (ver cotización) y de Barclays.

La llegada de Cárcamo a BMN supone interesantes connotaciones de futuro para el banco nacido tras la fusión de las antiguas Cajas de Ahorros de Murcia, Granada, Sa Nostra y Penedés. La entidad es junto a Bankia (ver cotización) la única que todavía permanece bajo control del propio FROB, que controla un 65% del capital, si bien los planes de rescate prevén una eventual colocación en bolsa de BMN con una oferta pública que podría llevarse a cabo este mismo año. Conviene recordar que el próximo secretario general del banco cuenta con una probada experiencia en los mercados de valores, pues no en vano fue secretario del consejo de la CNMV durante dos años y medio.

Informe contrapericial al juez Andreu

Antes de abandonar el cargo, el máximo responsable jurídico del FROB deberá resolver algunas de las decisiones más trascendentales que todavía le competen por su actual responsabilidad de servicio público. Entre las tareas más importantes que Cárcamo tiene aún sobre la mesa de trabajo sobresale el envío a la Audiencia Nacional del informe que estos días está siendo analizado con todas las cautelas legales por el consejo rector del fondo de rescate sobre el caso Bankia. El objetivo de este dictamen no es otro que desmontar las acusaciones de los dos peritos del Banco de España nombrados por el juez Fernando Andreu.

El papel del FROB es fundamental para evitar que el Gobierno tenga que asumir la llamada Responsabilidad Patrimonial del Estado en el supuesto de que finalmente se disponga judicialmente la anulación de la OPV llevada a cabo por Bankia en julio de 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado instrucciones para luchar a brazo partido contra los informes periciales, que no sólo han puesto en tela de juicio la gestión y los estados financieros de la entidad nacionalizada, sino que amenazan con hacer un agujero de hasta 3.000 millones de euros en las cuentas públicas.