Cisma entre abogados por el negocio millonario de las ejecuciones hipotecarias

Amigos de la infancia, socios en diferentes aventuras empresariales y desde hace meses enemigos irreconciliables. Dos abogados de éxito protagonizan en la sombra, desde hace meses, una de las peleas más viscerales que se recuerdan en el mundo jurídico de Madrid. Esta disputa ha girado en torno a Chávarri & Muñoz, el joven bufete creado en a finales de 2010 por Antonio Chávarri y Santiago Muñoz, un proyecto de nicho que en menos de un lustro se ha colado en el ranking de los despachos más rentables gracias al negocio millonario generado con la tramitación de las ejecuciones hipotecarias.

Chávarri & Muñoz construyó su vertiginoso crecimiento en torno a la práctica de Procesal/Bancario. Su fórmula para triunfar en ese mercado fue reducir los plazos de las ejecuciones hipotecarias a la mitad (menos de un año) y hacer de esa bandera su gran gancho comercial ante las entidades financieras. En un breve espacio de tiempo, el despacho implementó un maquinaria de pleitos perfectamente engrasada cuyo día a día gestionaba Santiago Muñoz como socio-director general y administrador único. Sin embargo, a rebufo del éxito los problemas tardaron poco en aparecer y a enquistar la relación.

El repentino triunfo permitió a Chávarri & Muñoz plantearse el desarrollo de nuevas áreas. Para este cometido, Antonio y Santiago dieron entrada a terceras personas en el proyecto que, a la luz de los acontecimientos, han terminado rompiendo una relaciónde cuatro décadas. El primero de los actores secundarios en aparecer fue Juan Vila-Coro, a quien además de hacer responsable del desarrollo jurídico convirtieron en socio con una participación del 10%, mientras que el otro 90% estaba en manos de una empresa holding (Vara) donde Antonio controla un 75% y Santiago otro 20%.

Al tiempo que el nuevo socio iba encontrando su espacio, Chávarri & Muñoz acometió otro importante hito en su reciente andadura con la incorporación del despacho Romero Moreno Abogados, es decir, el pequeño bufete del catedrático José Manuel Romero Moreno, a la sazón conde de Fontao y asesor externo de la Casa Real durante los últimos 20 años de reinado de Juan Carlos I. A diferencia del fichaje anterior, el veterano jurista (73 años) se incorporó como presidente del consejo asesor, sin participación en el capital, y con la disposición de ponersu agenda al servicio delnegocio.

Desde ese momento, las discrepancias entre los fundadores empiezan a ser manifiestas. Por un lado, Santiago Muñoz se apoya en Juan Vila-Coro y en un cambio de estatutos para disputar el poder real de la firma a Antonio Chávarri, a quien recriminan sus aventuras latinoamericanas para abrir mercado del brazo del conde de Fontao. Donde unos veían oportunidades, otros veían humo y preferían optimizar al máximo un negocio de 10 millones de euros anuales, cuyo reparto debía ser reconsiderado según los méritos reales de cada uno de los socios en liza. El debate del dinero estaba servido.

Tras meses de desencuentros, en marzo de 2014 se destapan todas las hostilidades. Santiago Muñoz y Juan Vila-Coro consiguen el control de facto del despacho, dejando a Antonio Chávarri sin poderes. A partir de ese momento, comienza un enquistado proceso judicial (Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid) a través del cual el socio mayoritario ha ido recuperando sus facultades, como la de administrador único antes de acabar el año. Por el camino, el tercer socio en liza abandonó el bufete a las puertas del verano tras vender su 10% de CHM Abogados al entonces socio-director general.

Mientras tanto, el supuesto retiro dorado de José Manuel Romero se ha convertido en un aterrizaje convulso. De hecho, uno de los abogados que le acompañó en esa nueva etapa, Jesús Merino, procedente de su despacho original, tuvo que salir de Chávarri & Muñoz por diferencias insuperables con Juan Vila-Coro. Los bandos estaban definidos y no se hacían prisioneros. Tan sólo una posible venta del despacho habría calmado los ánimos, pero las negociaciones mantenidas con varias de las cuatro grandes (Deloitte, PwC, KPMG y EY) resultaron infructuosas. Tocaba batallar a cara de perro.

El último cartucho se quemó en diciembre. Olvidada una posible venta entre ellos o a un tercero, Antonio y Santiago firmaron un pacto de socios para convivir durante los próximos cinco años. Era un gesto para preservar un negocio muy rentable. Sin embargo, nada sería como antes. El socio-director general no tenía elmismopoder. Además, el consejo de administración, compuesto por cinco integrantes, estaba controlado por el accionista mayoritario. Ante esta relación de fuerzas, fue cuestión de semanas que Muñoz salierade la firma que montó con Chávarri. El secreto terminó ayer lunes.