La Bankia de Rato cubría las letras vencidas a los morosos para evitar provisionarlas

"Los papeles de auditoría denotaban la pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito en BFA [matriz de Bankia] o incluso su carencia". Estas palabras del perito del Banco de España Antonio Busquets en su declaración de esta semana ante el juez Fernando Andreu subrayan unas prácticas generalizadas que llevaron a la quiebra a la entidad que presidía Rodrigo Rato. Entre ellas, la que se aplicaba a muchos morosos: se les refinanciaba mediante un nuevo crédito mayor, ya que sumaba al importe original el de la letra impagada, y le concedía uno o dos años de carencia. E incluía además una comisión de apertura que la entidad se apuntaba como beneficio, según explican compañías que recibieron ese trato.

Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo un empresario inmobiliario con un crédito de 6 millones para una promoción que no se vende por la crisis. Llegamos a 2011 y el promotor lleva seis meses sin pagar porque se ha quedado ya sin liquidez. Las letras, según cálculos de expertos en la materia, podrían ser de 15.000 euros al mes con los tipos de ese momento, es decir, acumula un retraso de 90.000 euros. Y Bankia debe considerarlo moroso (oficialmente se entra en mora con tres letras impagadas) y empezar a provisionar su crédito, es decir, a poner dinero para tapar el probable impago y la pérdida del mismo.

Ante esa tesitura, lo que hacía la entidad es llamarle a la oficina y proponerle una solución, que consiste en concederle un mayor plazo para devolver el préstamo y un período de carencia en el que no debe pagar nada. Esto era lo habitual en estos casos en todo el sector, en teoría para darle tiempo a que llegara la recuperación económica y pudiera vender los pisos (aunque en realidad era lo que se llamaba "patada a seguir" para evitar considerarlo moroso, ya que nadie veía la recuperación por ningún lado, sino todo lo contrario). Pero en el caso de Bankia, además, se hacía con un nuevo préstamo que no sólo incluía el principal del original -los 6 millones del ejemplo, que el promotor cancelaba inmediatamente con el nuevo préstamo- sino el importe de las letras pendientes, es decir, los 90.000 euros. Es decir, el nuevo crédito era de 6.090.000 euros.

Y no acababa ahí la cosa. Además, Bankia cobraba al cliente una comisión de apertura del 1% en el nuevo crédito, es decir, 60.000 euros más. Pero como el cliente no podía pagarla, la incluía en el mismo préstamo (que se elevaba a 6.150.000 euros en el ejemplo), es decir, que en realidad era Bankia la que se pagaba a sí misma esta comisión... y encima se la apuntaba como beneficio. Era una jugada redonda con la que todo el mundo salía contento: el cliente se salvaba del embargo de sus bienes, no entraba en ningún registro de morosos y conseguía un año o dos de alivio en que no debía pagar nada; y Bankia evitaba tener que provisionar los 6 millones -las provisiones son pérdidas en la cuenta de resultados- y encima se apuntaba como beneficio la comisión.

Eso sí, ahora Bankia en vez de tener una deuda morosa de 6 millones, tenía una deuda igual de morosa de 6.150.000. Y con las mismas -casi nulas- expectativas de recuperarla agún día. Esto es lo que se llamó la "morosidad oculta" y era práctica habitual en todo el sector, si bien no todas llegaron a los extremos ni a los volúmenes de la entidad de Rato (si no, habrían quebrado más y habrían necesitado ayudas similares). Este desmadre fue el que llevó al Banco de España a exigir al sector en 2013 pasar a mora el grueso de los créditos refinanciados (que pasaban a considerarse por defecto subestándar).

Esconder la porquería debajo de la alfombra

"Este tipo de guarrerías eran el pan nuestro de cada día en aquellos tiempos, e incluso se hacían cosas peores", asegura un exejecutivo de la entidad. "Había que frenar la escalada de la morosidad como fuera, meter la porquería debajo de la alfombra para no desvelar su magnitud. Hasta que llegó un momento en que era imposible de ocultar y todo salió por los aires", añade.

Como ejemplo del "desmadre" que presidía Bankia en esa época, Busquets citó el miércoles ante el juez una parte de su informe en el que se refiere a 137 grandes clientes del banco que el auditor, Deloitte, revisó para concluir que las provisiones dotadas en 2010 eran las adecuadas. Pues bien, de ellos, 58 (con un riesgo conjunto de 1.366 millones) no habían facilitado sus estados financieros a la entidad, y 91 (con un riesgo de 2.684 millones) no daban información del valor de las garantías de sus préstamos, básicamente inmobiliarias, lo cual hacía imposible concluir cómo debían clasificarse o provisionarse estos créditos.

En el interrogatorio a Busquets y su compañero Victor Sánchez Noguera, los abogados de los gestores de la entidad en aquella época no han negado que aquello fuera un desastre, sino que se han enzarzado en una pelea sobre quién es el responsable de que eso no se reflejara en las cuentas de 2010 y 2011, tal como sostienen los informes periciales. Los directivos afirman que la responsabilidad de la formulación de las cuentas recae en el consejo y así se recoge en la Ley, algo en lo que coinciden los dos expertos del Banco de España; los consejeros, por su parte, aseguran que ellos no podían mirar expediente por expediente los créditos del banco, que eso era el trabajo de los directivos y que ellos tenían que fiarse de la información que éstos les facilitaban.

Bankia y el FROB contra los peritos

En los cuatro días de interrogatorios maratonianos, el FROB, BFA, Bankia y los imputados individuales han tratado de desacreditar el trabajo de los peritos tanto por cuestiones metodológicas -tardaron mucho en hacer el informe, no revisaron suficientes expedientes, se fiaron de las investigaciones de la propia Bankia en asuntos como las black- o conceptuales -hay 5.000 millones de diferencia entre las conclusiones de uno y otro, cómo se debieron contabilizar las provisiones y los activos fiscales, cuándo se debían imputar los ajustes, etc.-. Su objetivo es que el juez no dé validez a sus conclusiones y evitar así tener que devolver los 3.000 millones obtenidos con la OPV, algo que sería catastrófico para BFA-Bankia.

El único error que han admitido Sánchez Noguera y Busquets se refiere a las retribuciones, ya que admiten que se equivocaron en considerar que se incumplió la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid por Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y otros consejeros, ya que no hubo simultaneidad en las percepciones procedentes de las cajas originales y de BFA-Bankia.

Más reclamaciones y más irregularidades

Más allá de esta cuestión colateral, el abogado de Jausas Jordi Ruiz de la Villa, que representa a inversores profesionales que acudieron a la OPV, considera que "tanto respecto a la ruptura de la consolidación, como respecto a la fecha de los ajustes por reclasificación de créditos y por participadas, existe una gran solidez de los informes y, por tanto, creo que hay posibilidades muy notables de que la mayoría de los inversores institucionales reclamen". Como informó El Confidencial, los bancos que acudieron a la OPV esperan recibir el espaldarazo del juez para reclamar las cantidades perdidas.

Ahora, Andreu debe continuar con la instrucción, que la próxima semana se centrará en las tarjetas black (es posible que decida llamar a declarar a los 86 beneficiarios de las mismas). Además, cuenta con las denuncias de Bankia sobre las prácticas irregulares del 'cuidador' de a acción, Juan José Llinares, e incluso del propio Rato para sujetar el valor en bolsa, que ha desvelado este medio y que pueden abrir una nueva línea de investigación con nuevas imputaciones.