Blackstone lleva a los tribunales a FCC por la quita forzosa de 200 millones de deuda

Poco dura la alegría en la casa del pobre. Tras conseguir oxígeno con la ampliación de capital de 1.000 millones de euros, FCC se enfrenta ahora a una demanda colectiva de varios de sus acreedores, que se oponen a la quita forzosa de parte de la deuda. Entre los principales fondos activistas se encuentra GSO, una filial de Blackstone, grupo que hasta ahora había prestado mucho dinero al grupo participado por Carlos Slim y la familia Koplowitz.

Según aseguran fuentes financieras, un conjunto de acreedores ya tienen preparada la demanda que van a presentar en los próximos días en los tribunales españoles después de que FCC forzara el perdón de 200 millones de euros correspondientes al tramo B de la deuda corporativa del holding. El citado tramo B ascendía a 1.350 millones y la compañía había conseguido el visto bueno del 85% de los acreedores para que le condonaran un 15% del total.

El acuerdo había sido posible gracias a que los seis grandes bancos españoles –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular– habían aceptado esa quita. El llamado G6 poseía el 75% de la deuda, con lo que FCC se acogió a la homologación para que el resto de acreedores también se sumaran a la amortización sin pago. Pero varios fondos, que en su conjunto tienen más de 500 millones de euros en préstamos al grupo, han rechazado la propuesta y han decidido acudir a los tribunales.

Una demanda inédita

Se trata de la primera vez que un colectivo de acreedores demanda a una empresa española por disconformidad en la reestructuración de la deuda. Entre los que dirigen a este conjunto de tenedores de deuda se encuentra GSO, el fondo oportunista de Blackstone, que ya ha sacado de algún apuro a las Koplowitz. De hecho, en 2012 les prestó 350 millones de euros para refinanciar Giant, la filial cementera de FCC, y actualmente es dueño de parte de los 1.000 millones que adeuda y no paga Cementos Portland. Blackstone, presidido en España por Claudio Boada, es uno de los mayores fondos del mundo, con 284.000 millones de dólares bajo gestión.

Los fondos han contratado los servicios del bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner para cursar la demanda contra FCC y los bancos que han aceptado la quita. Los acusan de condonar esos 200 millones porque han cobrado su parte por otros conceptos. En concreto, porque han percibido comisiones del grupo por intermediar operaciones de venta de activos y por haber sido los colocadores de la ampliación de capital de 1.000 millones.

“La compañía de construcción e infraestructuras está buscando imponer una quita del 15% usando la ley española. Mientras la reestructuración está siendo apoyada por bancos locales, algunos de los cuales se han beneficiado y han recibido comisiones por otras vías, incluyendo la refinanciación de B 1998, la sociedad patrimonial de la familia, otros acreedores nos oponemos porque consideramos desproporcionado el sacrificio”, indican los fondos disidentes.

En opinión de estos acreedores, acudir a la homologación forzosa de la quita sólo es razonable cuando el beneficio de aceptar una pérdida del dinero prestado es mayor. Es decir, se evita con ello ir a la liquidación. Consideran que no es el caso porque, precisamente, FCC acaba de reforzar sus recursos propios con la ampliación de capital de 1.000 millones, la venta de activos y la reestructuración global de 5.000 millones aprobada en abril de 2014.

La situación es tan complicada que Carlos Slim, el nuevo mayor accionista de FCC, ha presionado a varios de los acreedores para que firmen la quita si no quieren verse fuera de otras operaciones que el magnate mexicano puede llevar a cabo a través de sus múltiples intereses. Pero Blackstone se ha negado por considerar que esta fórmula “unilateral” de renegociar la deuda es perjudicial no sólo para los acreedores, sino también para la compañía por la pérdida de confianza del mercado.