Bankia limita la devolución por la OPV a 1.800 millones y mantiene el dividendo

Bankia va perfilando su estrategia para devolver el dinero de la salida a bolsa tras el informe de los peritos, si finalmente se ve obligada a hacerlo. Lo haría mediante un arbitraje limitado a los accionistas particulares que acudieron a la colocación, lo que reduce el importe máximo de la devolución a 1.800 millones. Ello significa que los institucionales deberán acudir a los tribunales. Por otro lado, considera que esta devolución le permitirá mantener su intención de pagar dividendo desde 2015, aunque eso dependerá de la autorización del supervisor.

Así lo comunicó el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, en un reciente encuentro con analistas. Allí estimó que, en caso de que se lleve a cabo un arbitraje, se limitaría a los minoristas, lo que supone un importe máximo de 1.800 millones. Pero, además, sólo a aquellos que han perdido dinero; es decir, quedarían fuera aquellos que vendieron con beneficio tras la OPV, lo que reduciría aún más ese importe.

La cuestión es que, en este caso, es complicado discriminar entre particulares e institucionales. En el caso de las preferentes, se puede aducir que eran un producto complejo que no comprendían los primeros mientras que los profesionales sí eran conscientes de sus riesgos. Pero ahora no se trata de si los inversores conocían qué son las acciones, sino de que las cuentas en las que se basó su decisión de comprarlas no reflejaban la realidad de Bankia, según los peritos del Banco de España. Y eso es algo que afecta por igual a unos y otros, por lo que no se justifica devolver el dinero a unos sí y a otros no.

En consecuencia, las afirmaciones de Sevilla dan a entender que están dispuestos a acometer el arbitraje para aplacar el escándalo social, que de otro modo será una losa para la gestión de José Ignacio Goirigolzarri hasta que los tribunales resuelvan los miles de demandas potenciales (compraron acciones más de 300.000 accionistas individuales). Sin embargo, los institucionales que acudieron –sobre todo entidades financieras españolas que prestaron oídos a la llamada de socorro de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado– se verán obligados a ir por la vía judicial si quieren recuperar el dinero perdido.

Mantener el dividendo pese a todo

Por otro lado, Sevilla insinuó en ese encuentro que el pago podría hacerse en acciones en vez de en efectivo, como se hizo con los preferentistas. Aunque para el inversor es prácticamente lo mismo –puede vender las acciones inmediatamente y sólo asume el pequeño riesgo de que ese día se desplomen–, esto sí tiene una implicación relevante para Bankia, ya que reduce la participación de su matriz BFA, es decir, del Estado.

Precisamente, las ventas de paquetes del Estado previstas para el próximo año pueden quedar en suspenso si la acción –es el banco que cotiza más 'caro' respecto a su valor en libros– se resiente por el impacto de esta devolución en el dividendo: en función de cuánto devuelva, estará más o menos años sin poder pagarlo, como informó El Confidencial. Ahora bien, el consejero delegado insistió en que la entidad mantiene su intención de pagar dividendo a partir del próximo año a pesar de esta devolución. En consecuencia, la valoración bursátil no debería resentirse.

Bankia pretende que pague el FROB

Este empecinamiento se explica por dos razones. La primera es que el impacto real que calcula la entidad es muy inferior a esos 1.800 millones, porque sólo se devolverá el dinero a quienes puedan demostrar que mantuvieron las acciones hasta que se hundieron cuando la situación se hizo insostenible y hubo que nacionalizar Bankia. Y la segunda es que pretende no pagarlo ella, sino el FROB.

Esto también es muy discutible, ya que la colocación fue una ampliación de capital de Bankia, no una venta de acciones de BFA; de hecho, las condenas que ya han dictado los tribunales señalan a la primera como responsable. Ahora bien, Goirigolzarri se agarra a que después del rescate Bankia no es la misma entidad y no puede asumir la responsabilidad de lo ocurrido en la salida a bolsa –que además fue una imposición del Gobierno, de quien depende el FROB–, y que no puede perjudicar a sus accionistas, el primero el Estado, devolviendo ese dinero con el patrimonio que han puesto en la entidad.

Claro que, antes de decidir quién paga la fiesta, hay que determinar si se paga o no. Porque existe el riesgo de precipitarse y de que, después de devolver el dinero, la Audiencia Nacional dictamine que no debía haberlo hecho. Es cierto que los informes de los peritos son muy contundentes y sirven de base para las demandas de los perjudicados, pero tienen debilidades y contradicciones, y además, saldrán nuevos informes de expertos teóricamente independientes que pueden refutarlos. En todo caso, la necesidad de quitarse esta nueva losa sobre la gestión (una vez resuelto el problema de las preferentes y con un nuevo caso en el horizonte por los salarios irregulares de 14,8 millones denunciados ayer por el FROB) y de evitar un colapso de los tribunales hacen muy probable que finalmente veamos el arbitraje.