La Generalitat denuncia ante la UE el pago del Gobierno a Florentino Pérez por Castor

Hibernar el almacén de gas submarino Castor ha supuesto el cobro de 1.350 millones de dinero público por la empresa Escal UGS, controlada por la constructora de Florentino Pérez, ACS. La compensación se ha tratado como una cuestión de Estado. Pero hay una parte del Estado que está luchando con uñas y dientes contra esta indemnización: la Generalitat de Cataluña, que incluso ha advertido a la Comisión Europea de posibles irregularidades por este abono multimillonario.

La Generalitat está desplegando una batería legal en múltiples frentes para que el Gobierno dé marcha atrás. Incluso elevando su pulso con el Gobierno español ante la Comisión Europea.

En concreto, la Generalitat ha abierto tres frentes: el primero ante el Tribunal Constitucional, el segundo ante la UE y el tercero ante la empresa Enagás, que es la que ha efectuado el pago.

En el caso de la UE, la Generalitat ha remitido dos cartas a cargos de la Comisión Europea fechadas el pasado 2 de diciembre y a las que ha accedido El Confidencial. Una al director general de Competencia, Alexander Italianer; y otra al director general adjunto para Ayudas del Estado, Gert-Jan Koopman.

Fuentes cercanas a la administración catalana aseguran que se ha escogido a estos dos cargos para esquivar a Miguel Arias Cañete, flamante comisario del Cambio Climático y Energía y a quien competería una cuestión como el almacén gasista de Castor.

Ambas misivas son idénticas. En ellas se recuerda que ACS es el accionista mayoritario de Escal UGS con un 66,67% y que “han obtenido ventaja en el mercado donde actúan al haberlas liberado de costes con lo que normalmente deberían haber cargado, con los posibles efectos de distorsión de la competencia que pueden derivarse de ello”.

El almacén gasista submarino de Castor en la costa de Castellón fue declarado en estado de hibernación y se indemnizó a sus promotores después de que desatase una oleada de terremotos presuntamente provocada por la inyección de gas. En sus cartas la Generalitat denuncia que la compensación se ha abonado “a pesar de no haber quedado descartada la posible negligencia de la empresa titular en la ejecución del proyecto”.

A los dos altos cargos de la Comisión Europea se les solicita que en sus respectivas direcciones “se tomen las iniciativas oportunas para supervisar si el reconocimiento retributivo otorgado a favor de la empresa Escal UGS puede constituir una vulneración de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado”.

Medida selectiva

Para la Generalitat, la ayuda a los promotores de Castor “ha impedido que Escal UGS haya tenido que asumir las pérdidas del proyecto empresarial, pérdidas que tenían que haber asumido con su propio presupuesto”, por lo que define el pago como “medida selectiva”.

El Gobierno autonómico afirma que, pese a que el pago a ACS y sus socios lo ha llevado a cabo Enagás, y que es esta compañía la que lo repercutirá a los clientes en la factura de gas durante los próximos 30 años, “este pago no está soportado directamente por el Estado, pero sí está financiado con cargo al sistema gasista” por lo que concluye que “existe un alto grado de intervención de la autoridad pública en la definición de esta medida”.

Fuentes cercanas a la administración catalana aseguran que la Generalitat recurre a Bruselas porque da el tema por perdido ante el TC, al menos mientras haya mayoría del PP. Pero considera que el pago a Florentino Pérez, tal y como muestra un informe de Dirección General de Política y Promoción Económica de la conselleria de Economía, como mínimo viola el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que, además, se ha llevado a cabo sin informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que coloca al Gobierno español y su ayuda en situación de ilegalidad.

Carta a Enagás

La Generalitat no se ha quedado aquí. El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha remitido una carta al presidente de Enagás, Antoni Llardén, en la que se pide a la empresa gasista “que se abstenga de ejercer el derecho de cobro que le otorga el Real Decreto –por el que se aprobó la ayuda a Castor– hasta que se resuelvan los procedimientos iniciados por el gobierno catalán”, según consta en la misiva a la que ha accedido El Confidencial.

En su argumentación legal, la Generalitat denuncia que los costes por el cierre de Castor serán mucho mayores que los 1.350 millones. En las cartas a Bruselas se cifra la cantidad en 3.500 millones, incluyendo los intereses a 30 años, el mantenimiento de la plataforma y los costes de su clausura.