Martinsa cede a la banca el 70% del capital y reduce del 80 al 66% la quita de deuda

Los bancos acreedores de Martinsa tienen desde el pasado sábado sobre la mesa la nueva propuesta mejorada de convenio que supone el último y definitivo intento para evitar la liquidación de la compañía. La empresa que protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia corporativa en España en julio de 2008 dispone de plazo hasta el día 31 para llegar a un nuevo acuerdo de refinanciación con un grupo de 14 bancos encabezados por Caixabank, Banco Popular, Abanca y la Sareb. Precisamente, el llamado banco malo creado a raíz del rescate financiero es ahora el principal acreedor, con más del 20% del pasivo acumulado por Martinsa.

La compañía que preside Fernando Martín acumula un endeudamiento total de 6.900 millones, si bien la renegociación del convenio se concentra en la deuda ordinaria financiera, que es de 3.550 millones de euros. El convenio actualizado que ofrece Martinsa a los bancos se sustenta en una rebaja de la quita inicialmente prevista del 80% y que ahora se sitúa en el 66%, equivalente a 2.340 millones en números redondos. El 34% restante, algo más de 1.200 millones, será amortizado mediante dación en pago de activos en dos tramos de 1.000 y 200 millones respectivamente.

La propuesta de refinanciación comprende también el reequilibrio patrimonial de Martinsa mediante una opción de recapitalización de deudas que supondría la entrada de la banca en la propiedad de la compañía con una participación mayoritaria de hasta el 70% en un plazo de nueve años. La nueva empresa despejaría así el fantasma de una eventual quiebra con una posición favorable de balance en el que los fondos propios alcanzarían los 170 millones, la deuda se situaría en torno a los 680 millones y los activos rozarían la cifra de los 900 millones de euros.

El rescate de la Nueva Martinsa, enunciado en lo que se ha dado en llamar ‘Proyecto Aurora II’, da lugar a una empresa mucho más reducida en tamaño de la que nació en 2007 tras la compra de Fadesa. Precisamente esta fusión se ha convertido en el motivo de las mayores tribulaciones que desde entonces han tenido que sufrir los accionistas, acreedores y clientes de la inmobiliaria. Afortunadamente, éstos últimos han conseguido superar mayoritariamente la crisis como demuestra la práctica inexistencia de conflictos sociales, toda vez que la compañía ha construido 12.000 viviendas y ha entregado casi 15.000 desde la suspensión de pagos.

La oferta de convenio ha sido hasta ahora rechazada por los bancos, si bien fuentes de los propios acreedores han reconocido su deseo de evitar la liquidación de una empresa que está presente en casi 240 ámbitos urbanísticos y más de 70 juntas de compensación. Martinsa tiene pendientes cerca de 5.000 gestiones urbanísticas y cuenta con 1.400 unidades en construcción. La compañía da empleo indirecto a 3.500 personas y suma más de 6.000 acreedores comerciales, lo que da una idea de las consecuencias nefastas que pueden derivarse de un proceso irresoluble de quiebra y desaparición de las actividades.

Solución final: Ahora…o nunca

El plan de refinanciación incluye también medidas de amortización de la deuda con el grueso de acreedores no financieros, que tendrán que asumir igualmente importantes quitas, pero recibirán el pago de la parte restante en efectivo. A los titulares de hasta 10.000 euros de deuda, que constituyen la mitad del total de acreedores, se les pagará un 50% en dos tramos equivalentes a lo largo de los dos próximos años. A los poseedores de deuda entre 10.000 euros y 5 millones se les plantea una quita del 65%, en tanto que por encima de los 5 millones de deuda la quita se sitúa en el 70%.

La modificación del convenio es esencial para asegurar una solución definitiva de futuro que garantice la viabilidad de la empresa sin tener que recurrir a nuevos y arriesgados procesos de refinanciación. Martinsa entiende que la situación es crítica y no está dispuesta a vivir dentro de la agonía financiera que se deriva de su elevado apalancamiento. La compañía suspendió en 2013 el pago de 32 millones de euros que tenía que hacer efectivos por el 1% de la deuda y ahora debe afrontar antes del 31 de diciembre otros 384 millones comprometidos igualmente en el acuerdo de acreedores vigente.

El incumplimiento de este segundo pago daría lugar a una causa de disolución, que se puede evitar con la nueva propuesta mejorada de convenio. La renegociación es posible gracias al último decreto de medidas urgentes en materia concursal que estos días se tramita como proyecto de ley en el Parlamento. Martinsa necesita adhesiones de hasta el 75% de la masa de la deuda para sacar adelante un plan de viabilidad que está siendo observado con el natural interés por parte del Gobierno. A fin de cuentas, la magnitud de la compañía y del desastre que implicaría su caída es una prueba de fuego para la recuperación que empieza a atisbarse dentro del mercado inmobiliairo en España.