La Audiencia culpa a Economía y CNMV de la multa fallida contra Jaime Botín

Jaime Botín se ha librado de la multa de 700.000 euros que le impuso el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque el expediente sancionador abierto por la CNMV fue finalmente resuelto y notificado con una semana de demora sobre la fecha límite de caducidad prevista legalmente. Los abogados del bufete Ramón y Cajal encargados de la representación legal del financiero han conseguido hilar muy fino para que la Audiencia Nacional anule la que estaba considerada hasta ahora como una sanción histórica por infracción muy grave contra la ley del Mercado de Valores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso interpuesto a nombre del ex presidente de Bankinter, tal y como adelantó ayer el diaro El País. Pero al margen del estricto fallo judicial es también llamativo el detalle de una sentencia que no tiene desperdicio y pone de relieve la falta de eficacia en las relaciones entre la CNMV y el Ministerio de Economía. A fin de cuentas, los representantes de la Administración del Estado dejaron pasar el plazo límite de 18 meses en la tramitación de un expediente sancionador que finalmente se prolongó durante 23 meses y 1 día.

La situación es todavía más hiriente si se tienen en cuenta los periodos de tiempo en los que el procedimiento administrativo estuvo suspendido por coincidir en paralelo la investigación de la causa penal instruida también en la Audiencia Nacional contra doce miembros de la familia Botín por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad. La coincidencia de ambos procesos obligó a parar el expediente del organismo regulador hasta que la querella criminal fue archivada por el juez Fernando Andreu. Esta situación provocó la pérdida de un tiempo precioso que hubiera sido indispensable para hacer efectiva la multa contra el mayor de los Botín.

Según precisa la nueva resolución judicial, el Estado, llámese Comisión de Valores o Ministerio de Economía, “tardó mes y medio en levantar efectivamente la suspensión” del expediente. A juicio de la Audiencia Nacional, este retraso “parece a todas luces no solo injustificado, sino excesivo dado el principio de unidad administrativa”. Para más inri, la sentencia recuerda que la Administración no puede modular a su antojo los plazos previstos normativamente a socaire de la mera realización de actos de comunicación interna.

Cronología de los hechos

Sea como fuere, lo cierto es que el consejo de administración de la CNMV se reunió el 2 de octubre de 2013 y acordó multar al financiero y máximo accionista de Bankinter debido a una falta continuada y muy grave por ocultar su verdadera participación en el banco. De esta forma, al tratarse de una infracción permanente se evitaba la eventual prescripción de la sanción. La Comisión de Valores elevó entonces su decisión al Ministerio de Economía, que finalmente notificó la resolución sancionadora el 11 de octubre del pasado año.

Esta última fecha marca la conclusión de un procedimiento que se había iniciado el 10 de noviembre de 2011 pero que estuvo suspendido desde el 19 de enero de 2012 hasta el 12 de junio de 2012. En definitiva, el expediente se prolongó a lo largo de los mencionados 23 meses y 1 día pero estuvo parado 4 meses y 24 días. Si se descuenta este paréntesis del periodo total que empleó la CNMV en tramitar la sanción se deduce que el expediente caducó el 4 de octubre de 2013, justo una semana antes de que el Gobierno hiciera pública la multa de los 700.000 euros.

Aunque sólo sea una mera coincidencia, la resolución de la Audiencia Nacional se produce nada más conocerse que la exjefa de Sanciones de la CNMV está a punto de sumarse a la causa de Jaime Botín contra el propio organismo regulador. Según publicó ayer El Confidencial, el bufete Ramón y Cajal está negociando el fichaje de Cristina Vidal, antigua directora jurídica del organismo regulador, que previsiblemente se hará efectivo en enero. El ex presidente de Bankinter trabaja por otra parte con el bufete Jaime Mairata Abogados en la querella que tiene abierta contra el secretario de la CNMV, Fabio Pascua, a quien acusa de precisamente de revelar información reservada sobre el expediente sancionador del que ahora acaba de librarse por los pelos.