'La venta a pérdida en productos reclamo deja sin margen a la parte débil de la cadena'

El debate está encima de la mesa. Casi un año después de que la Ley de la Cadena Alimentaria echara a rodar, algunos de los principales actores del sector hicieron balance de su desarrollo en la mesa redonda organizada por El Confidencial y Promarca hace unos días. Para ello, además, la cita contó con la participación especial de José Miguel Herrero, director general de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) del Ministerio de Agricultura, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de este nuevo marco regulatorio con que se ha dotado a la industria agroalimentaria.

"Supone un antes y después para el sector", subraya el alto cargo ministerial para referirse a esta ley. Por primera vez, un organismo público tendrá potestad para inmiscuirse en los contratos comerciales entre partes privadas y vigilar el cumplimiento de la ley para garantizar el buen funcionamiento de la cadena, como las malas prácticas que una serie de grandes agentes (distribuidores) ejercen sobre el resto de agentes por su posición de fuerza. Sólo su mera existencia, como añade Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, es positiva para que se corrijan esos desequilibrios latentes.

Agustín Herrero, subdirector general de Cooperativas Agroalimentarias, también considera positiva esta ley para corregir los abusos en las relaciones comerciales entre agentes. Aunque parezca simple, pues puede simplificarse a "unos principios, un supervisor y un régimen sancionador", este nuevo marco legal es pionero en Europa. Por todo ello, como resalta Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, "puede ser un ejemplo de cómo equilibrar las fuerzas en el sector", aunque puede haber un problema de expectativas creadas, tal y como apunta José Antonio García, director de la consultora Brattle Group.

Para corregir la dificultad de que se produzcan denuncias de malas prácticas la nueva agencia tendrá la potestad de actuar de oficio, siempre con "las antenas puestas y las puertas abiertas" para saber que pasa en la industria, como describe Herrero. En algunos aspectos, la nueva ley va muy lejos, hasta el punto de regular el uso de información confidencial entre productores y distribuidores, a su vez competidores por su condición de comercializadores de sus propias enseñas (marca blanca), lo que abunda en relaciones no leales o de abuso, según recuerda el responsable de Promarca.

El deterioro de las relaciones comerciales comenzó a acentuarse "cuando el precio pasó a adquirir más importancia en la decisión de compra del consumidor", apunta el dirigente cooperativista. Y en ese contexto, el auge de los productos de marca blanca ha ido dotando de un mayor poder en la cadena a los distribuidores con marca propia, según resume el directivo de Brattle Group, una situación que al final, aunque parezca contradictoria, puede volverse en contra de los intereses del consumidor si el conjunto de desequilibrios de la cadena se perpetúa entre la parte fuerte y la parte débil.

Para poder recuperar ese equilibrio, el director general de la AICA considera necesaria esta legislación específica, dado que la legislación mercantil o de competencia no permitía que los mecanismos de denuncia funcionaran por la asimetría de fuerzas. "Se trata de que haya una competencia leal, justa y equilibrada para que elija el consumidor", puntualiza el dirigente de FIAB, que coincide en la necesidad de cambiar los modelos de relación, como también apunta Herrero, aunque igual lo más importante pase por un proceso de transformación del sector productor, la parte más débil de la cadena.

"Hoy la competencia en el mercado no es perfecta, ni es saludable ni es meritocrática. Hoy no gana el mejor, sino quien controla el lineal. Una situación que es imposible entre marcas, pero que si lo es cuando una de las marcas es la dueña de tu acceso al consumidor", como denuncia otra vez Larracochea. En este contexto, José Antonio García considera que la ley trata de corregir, de forma implícita, que el distribuidor traslade los riesgos asociados a su actividad a la parte más débil, una decisión que abunda por tanto en ese espíritu de equilibrar la relación asimétrica entre las partes.

De momento, las sanciones económicas que pueda interponer la AICA preocupan poco, casi importan más la faceta reputacional o los aspectos que se han podido quedar en el tintero, como la relación discriminatoria entre marcas o la destrucción de valor que provocan los precios de las referencias de marca blanca, ya que como denuncia Herrero "la venta a pérdidas empleada con los productos reclamo fija los precios en cada categoría". Hablamos de un escenario cada vez más común, que ha dado pie a pensar que "cuando hay un precio muy bajo puede haber algo que no funcione correctamente".

En el lado opuesto, José Antonio García defiende la existencia de guerras de precio y productos reclamo. "En general, es bueno que existan. No podemos alarmamos porque el consumidor compre barato. Lo que no puede ser es que exista un precio distorsionado porque los márgenes estén sesgados entre productos de fabricantes y distribución". El debate gira sobre quién asume los riesgos y en qué proporción debe hacerlo, donde los proveedores tienen la sensación de que la distribución les ha trasladado gran parte del suyo. Un año después de su nacimiento, la Ley de la Cadena aún busca legitimarse.