Repsol defiende en una carta a Nadal que la ley impide bajar los carburantes en España

Las grandes petroleras, con Repsol a la cabeza, han intensificado estos días sus contactos con el Ministerio de Industria a fin de encontrar alguna solución de emergencia que permita imponer a las estaciones de servicio nuevas rebajas en el precio de las gasolinas. La situación no es nada sencilla, según ha expuesto la primera petrolera española en una carta dirigida al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. La compañía que preside Antonio Brufau considera que las últimas disposiciones legales aprobadas por el Gobierno en el sector han supuesto un ‘tiro por la culata’ a la hora de abaratar los carburantes en España.

Fuentes cercanas al ministro José Manuel Soria han reconocido la misiva, firmada por el director general del área Comercial de Repsol, Nemesio Fernández-Cuesta, antiguo secretario de Estado de Energía en los primeros Gobiernos de José María Aznar y uno de los que mejor conoce los entresijos del gran enigma de las gasolinas en nuestro país. La intensiva y permanente caída de los precios del crudo ha puesto en evidencia la capacidad política del Gobierno para trasladar la rebaja al consumidor final y una vez más la única manera de arreglar el entuerto pasa por Repsol, en su calidad de operador dominante del mercado petrolero en España.

Dentro de las conversaciones que mantienen los altos cargos de Industria con las grandes compañías del sector, incluyendo también a Cepsa y BP, se ha puesto de relieve el gran problema que plantea el Real Decreto 4/2013 de hace año y medio sobre medidas de apoyo al crecimiento, en el que se incorporaban medidas para aumentar la competencia en la comercialización de carburantes. La experiencia ha demostrado que el remedio ha sido peor que la enfermedad porque la normativa en cuestión ha limitado los contratos de abanderamiento en exclusiva con los que las petroleras solían mantener la ‘sartén por el mango’ en sus relaciones mercantiles con las estaciones de servicio.

Lo peor de todo ha sido que el Gobierno prohibió, además, de manera explícita la posibilidad de recomendar precios de venta al público en un intento de evitar subidas intempestivas de los carburantes. La paradoja reside en que esta restricción hace ahora especialmente difícil que las petroleras puedan inducir a mayores rebajas que se trasladarán directamente en una caída de los márgenes con que trabajan los empresarios de las gasolineras. Cabe recordar que las estaciones de servicio no actúan como comisionistas de las petroleras, sino que estas facturan el combustible a un precio fijo pactado en el contrato de abanderamiento.

Las peculiaridades del proceso de liberalización de los carburantes van a exigir importantes retoques de la ley de hidrocarburos que serán aprobados antes de finales de año. El secretario de Estado de Energía no quiere que las petroleras se limiten a señalar el diagnóstico de los problemas y ha reclamado su participación activa en la búsqueda de soluciones que ayuden a esa nueva “política de actuación ciudadana” que pretende llevar a cabo Mariano Rajoy en el último año de legislatura. En esta línea de actuación se pronunció recientemente el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando el pasado miércoles invocó la “imperiosa necesidad” de que las familias españolas se beneficien de la caída del precio del petróleo.

La CNMC enciende las alarmas

La tensión entre el Gobierno y las petroleras se ha recrudecido a raíz del último informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que denuncia la escasa reducción del importe de las gasolinas en España. Durante el mes de octubre, los precios han bajado sólo un 3,4%, mientras que la referencia internacional muestra una caída del 9%. En el caso de los gasóleos, la cotización internacional muestra una disminución del 6% que en España sólo ha sido del 3%. Como consecuencia, y pese a la caída del petróleo, los distribuidores están aumentando sus márgenes hasta los 17,9 céntimos por litro de gasolina y los 17,3 céntimos por litro de gasóleo.

Las alarmas del organismo regulador dentro del segmento de carburantes se encienden cada vez que los márgenes de las gasolineras tocan los 16 céntimos por litro de venta, una frontera que, según los defensores de la sagrada competencia, pone de manifiesto el desequilibrio de un mercado que funciona en la práctica dentro de un claro régimen de oligopolio y que tiende de manera natural a lo que se conoce como un “abuso de oferta”. La CNMC ha trasladado su preocupación al titular de la política económica, y Luis de Guindos ha tocado a rebato para que su colega y amigo José Manuel Soria meta en vereda a las petroleras.

La situación que se describe es similar a la que ya se produjo en noviembre de 2012 cuando las presiones inflacionistas amenazaban con disparar la factura correspondiente a la actualización de las pensiones. En aquella ocasión, el ministro de Industria formó una comisión mixta con Repsol, Cepsa y BP para reducir el precio de los carburantes en sintonía con los precios medios existentes en la Unión Europea. Las petroleras adujeron entonces argumentos fiscales para demostrar que sus márgenes no superaban siquiera los dos céntimos por litro de carburante vendido. No en vano, la mitad del precio son impuestos y casi un 10% corresponde a labores de logística y comercialización.

El coste de la materia prima supone en números redondos un 40% del precio de venta al público y es ahí donde el Gobierno reclama a las petroleras que se esmeren para hacer valer su poder de venta ante las estaciones de servicio. A buen seguro que las empresas terminarán situándose en primer tiempo de saludo ante el Gobierno con el fin de evitar males mayores en sus relaciones institucionales. Por lo demás, el Ministerio de Industria tampoco tiene inconveniente en modificar de nuevo la legislación para evitar coartadas que puedan manejarse como si fueran un ‘freno legal’ para evitar que los carburantes bajen en España como Dios manda.