La banca impone un ‘controller’ en Martinsa como condición para el nuevo convenio

La banca de Martinsa, encabezada por el Banco Popular, La Caixa, Abanca y la Sareb, quiere disponer de un lugar privilegiado en los principales órganos de gobierno y gestión de la compañía como condición sine qua non para rubricar un nuevo convenio de acreedores. El derecho de admisión del eventual ‘controller’ es uno de los principales obstáculos en la carrera contra reloj que la inmobiliaria presidida por Fernando Martín ha intensificado en las últimas semanas para refinanciar antes de que acabe el año una deuda ordinaria de casi 3.600 millones de euros.

El acuerdo sobre lo que se ha dado en llamar ‘Proyecto Aurora 2’ es el último cartucho para evitar la inmediata liquidación de la empresa, que en julio de 2008 protagonizó la mayor suspensión de pagos de toda la historia corporativa en España. Fernando Martín consiguió levantar el concurso en marzo de 2011 pero la persistente crisis del sector inmobiliario ha trastocado el plan de viabilidad y la compañía necesita renovar la confianza de sus acreedores con nuevos esfuerzos financieros que las entidades de crédito no están dispuestas a asumir de manera gratuita.

Martinsa pide una quita del 80% de sus obligaciones de pago y ofrece a cambio créditos participativos que los bancos podrían transformar a medio plazo en acciones de la compañía. Los bancos entienden que esta propuesta sólo es asumible a partir de la entrada inmediata en la gestión de la empresa, como única garantía real para vigilar in situ la evolución del negocio y participar en las decisiones estratégicas. Las entidades financieras justifican sus pretensiones con el argumento de que la propiedad futura es una quimera y sólo caerá de rebote si Fernando Martín fracasa en su intento de reflotar la inmobiliaria.

El mayor protagonismo de la banca no debe entenderse como una desautorización contra el timonel de la empresa fundada por Fernando Martín. La figura del actual presidente sigue siendo considerada de gran valor para el desarrollo del proyecto empresarial, pero las entidades de crédito no quieren que Martinsa se convierta en una ‘cita a ciegas’ a la que acuden como convidados de piedra. La solución que está sobre la mesa pasa por la creación de un comité especial de seguimiento y vigilancia del nuevo convenio de acreedores formado con carácter mixto por ejecutivos de la compañía y representantes de los bancos.

El importe de la quita hasta una cuarta parte del total de la deuda causa también una lógica preocupación entre los acreedores ordinarios, aunque en este caso los recelos no están motivados por la situación concreta de Martinsa. El temor de los bancos viene dado principalmente por el mal ejemplo que puede deparar en el mercado una refinanciación de esta magnitud a la que rápidamente intentarán acogerse otras empresas en parecidas circunstancias de insolvencia financiera. El Real Decreto de medidas urgentes en materia concursal facilita las quitas superiores al 50% pero los bancos entienden que apurar hasta el 80% puede resultar excesivo dada la atonía del sector inmobiliario.

La urgencia de un acuerdo en diciembre

Lo que sí tienen muy claro tanto los bancos como la dirección de Martinsa es la urgencia de cerrar un pacto antes de finales de año. La compañía tiene todavía que hacer frente en 2014 al reembolso de 400 millones de euros comprometidos en el convenio de acreedores que está vigente desde tres hace años. Fernando Martín no está por la labor de acometer estos pagos si no es para asegurar la garantía de viabilidad de su empresa. Dicho de otro modo, la refinanciación es clave para evitar el viaje a ninguna parte del grupo resultante de la fusión con Fadesa en diciembre de 2007.

El promotor vallisoletano lleva demasiado tiempo luchando contra los imponderables de una operación que resultó fallida, tribunales de por medio, y ha decidido reemprender su actividad en el mercado del ladrillo con una empresa mucho más reducida en su balance. Fernando Martín tiene claro que la refundación de Martinsa pasa por una compañía con una deuda total de no más de 500 millones y unos activos valorados en torno a los 1.500 millones. Este es el plan A, que requiere el beneplácito de los bancos y su colaboración financiera. La otra opción o plan B no necesita de ninguna componenda porque se sustancia lisa y llanamente en la liquidación.