Enésimo fleco en la OPV de Aena: Montoro debe aprobar aún el descuento de empleados

Al perro flaco todo son pulgas. La salida a bolsa de Aena se está convirtiendo en un vodevil para los grandes inversores internacionales, que todavía se preguntan los motivos de fondo que han provocado el frenazo de la operación. El gestor aeroportuario se ha aprestado a convocar el concurso público que permitirá contratar la auditoría externa de la oferta pública, tal y como exigió el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero ahora falta otro pequeño fleco, aunque no menos importante, como es un decreto de Hacienda para que los empleados de la empresa puedan beneficiarse del típico descuento en este tipo de privatizaciones.

El Programa de Modernización del Sector Público (PMSP), que otorgó cobertura legal a las grandes OPV realizadas por el Gobierno de José María Aznar a finales de los años noventa, impulsó también la participación de los trabajadores en el accionariado de las principales compañías vendidas por el Estado. Para ello se habilitó de manera recurrente en todos los planes de privatización un descuento al que podían acogerse los empleados que quisieran comprar acciones de sus empresas y que venía a situarse en el 10% del precio de colocación de los títulos en bolsa.

La reserva de tramos para empleados fue moneda de uso común en la privatización de las antiguas joyas de la corona empresarial, pero los tiempos han cambiado mucho desde entonces y la crisis ha aflorado tensiones políticas que eran impensables hace veinte años. El Gobierno ha decidido curarse en salud hasta límites que empiezan a rayar en el paroxismo y de ahí también que los imponderables legales se hayan dispuesto en contra de los casi 11.500 trabajadores de Aena. En esta plantilla se incluye todo el personal de Enaire, en la que reside el servicio de navegación aérea y de la que dependen los controladores.

Modificar la ley de Presupuestos

Ambos colectivos profesionales están sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público, una ley vigente desde el año 2007 y cuyo artículo 21 establece la prohibición de abordar incrementos retributivos que globalmente supongan un aumento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El eventual descuento en el precio de las acciones de Aena suponía el equivalente a una retribución en especie para los empleados del grupo aeronáutico, lo que inicialmente condicionaba la verificación del folleto de la salida a bolsa por parte de la CNMV.

El equipo supervisor que encabeza Elvira Rodríguez puso el dedo en la llaga exigiendo una rápida enmienda legal que permitiera encauzar la oferta pública con arreglo a la normativa laboral de la Administración del Estado. La solución fue sugerida a instancias del asesor jurídico de Aena, el bufete Pérez-Llorca, y consiste en deducir de la nómina las cantidades que sean objeto de descuento a todos los supuestos beneficiarios que deseen comprar acciones de la empresa. El importe del descuento será “descontado”, valga la redundancia, de la última nómina del año a menos que se modifique la ley de Presupuestos Generales del Estado.

El dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) deja claro todos estos pormenores que, en definitiva, obligan ahora a llamar de nuevo a la puerta de Cristóbal Montoro para que tenga a bien decretar una revisión presupuestaria que haga realmente efectivo el descuento para los trabajadores de Aena y Enaire. El CCP también puso inconvenientes sobre la necesidad de extender el tramo de empleados a los controladores, pero los agentes promotores de la OPV demostraron que el convenio laboral suscrito impide hacer distingos entre los trabajadores de las dos entidades que fueron escindidas precisamente con el fin de facilitar la privatización del negocio aeroportuario.

Carrera contrarreloj o carrera de obstáculos

La venta de Aena necesita, en definitiva, algún que otro encaje de bolillos para poder despegar en bolsa el próximo mes de febrero, como es el deseo de Ana Pastor. La contratación de PwC como auditor de la OPV se da por descontada después de la licitación restringida, que fija en el próximo lunes, día 24, la fecha límite para la presentación de ofertas. El concurso facilitará posiblemente una rebaja final del servicio, cuyo importe máximo está fijado ahora en los 650.000 euros que habían sido destinados inicialmente para sufragar la denominada comfort letter que necesitan los bancos colocadores de la oferta.

PwC ya mostró su disposición a reducir el precio del contrato en la víspera del Consejo de Ministros que decidió paralizar la operación. Es de esperar que el auditor tradicional de Aena ajuste ahora su oferta para evitar susceptibilidades y, sobre todo, para satisfacer los objetivos temporales de una operación que supone en estos momentos lo más parecido a una carrera contrarreloj. Por lo menos, esa es la perspectiva con la que se trabaja ahora en el Ministerio de Fomento, porque para el resto de departamentos ministeriales la privatización de Aena no ha dejado nunca de ser una gran carrera de obstáculos.