La otra 'trampa' del Wall Street Institute: usaba Luxemburgo para no pagar impuestos

El Wall Street Institute, la academia de inglés denunciada en España por hacer pagar a sus alumnos tras su quiebra, firmó en 2009 un acuerdo secreto con la autoridad tributaria de Luxemburgo para poder reducir las facturas fiscales de sus franquicias europeas. La marca del instituto en el Gran Ducado, entonces perteneciente al fondo de capital riesgo Carlyle Group, poseía los derechos de propiedad intelectual de la franquicia y cobraba por su uso a las sucursales en otros países. Con este sistema, sus ganancias se veían sometidas a las ventajas fiscales del pequeño país centroeuropeo.

Los detalles del complicado esquema que permitió a la empresa ahorrarse miles de euros en impuestos se encuentran entre los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un equipo de más de 80 periodistas de 26 países, El Confidencial en España, en una investigación ya conocida como 'LuxLeaks'. Tan solo 30 páginas, plasmadas por la auditora PriceWaterhouseCoopers, bastaban al Wall Street Institute para reorganizar su fiscalidad en el viejo continente.

Acuerdos de este tipo, conocidos como tax rulings, no son ilegales ni constituyen un delito. Sin embargo, Bruselas los está poniendo en entredicho. La Comisión de Competencia, bajo la dirección de Joaquín Almunia, abrió investigaciones a empresas como Amazon o FIAT para establecer si ha habido tratos de favor "que constituirían ayudas de Estado, ventajas injustas y distorsión". Esta semana, la publicación de los papeles del Gran Ducado ha puesto al nuevo presidente de la Comisión y exprimer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, en el ojo del huracán.

Entre la Audiencia Nacional y Luxemburgo

El Wall Street Institute Group (WSI) es una de las treinta empresas multinacionales con intereses directos en España que este periódico ha identificado en los documentos consultados, y la única del sector del aprendizaje. Un detalle que hace su "método" de enseñanza su principal producto. Se trata de una propiedad intelectual, a cuyos cánones en el pequeño país centroeuropeo se aplica una exención fiscal del 80%.

En 2009, año del acuerdo con la autoridad luxemburguesa, el centro había enseñado inglés a más de dos millones de estudiantes y contaba con 160.000 alumnos matriculados en más de 400 centros distribuidos por 28 países.

Sin embargo, ese año su nombre en España había quedado casi exclusivamente en los autos judiciales. Después de una fuerte caída de matrículas al comienzo de la década, en 2003 clausuró 65 centros en franquicia y cinco en propiedad en la península. Cerró con más de dos millones de pérdidas y un ERE que afectó a cerca de 200 trabajadores. Los centros dejaron de impartir clases, pero siguieron cobrando las matrículas de sus alumnos, domiciliadas en diferentes bancos.

La academia fue entonces una de las cinco que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunció por no haber informado claramente a sus alumnos: al firmar los contratos para recibir los cursos estaban suscribiendo simultáneamente créditos bancarios. Los préstamos vinculados eran legales, pero no el hecho de ocultar o disimular su existencia a los usuarios. Con esta 'trampa', una vez que el centro cerraba, los estudiantes, que según la demanda tenían que pagar matrículas de entre 1.000 y 3.000 euros, tuvieron la obligación de continuar pagando los préstamos obtenidos. Sin recibir ni un minuto más de clases de inglés.

Tras la pelea judicial, los alumnos se llevaron la palma. En 2005, dos sentencias dictaron que las entidades bancarias habrían abonado a los afectados las cuotas mensuales que les cobraron desde que los centros dejaron de impartir sus cursos. Cinco años más tarde, la Audiencia Nacional ratificó esa sentencia.

Es en ese lustro que se sitúa la documentación a la que ha tenido acceso este diario. En mayo de 2009 se creaba la firma en Luxemburgo del Wall Street Institute como filial de la firma húngara del grupo, en el marco de una "reorganización" empresarial. Este cambio afectaba a las transferencias a realizar a la matriz desde una de las empresas españolas que operaban en franquicia con el WSI, Learn English Center Operation, hoy en liquidación.

Fiscalidad y economía digital

La rama luxemburguesa de la academia aseguraba mantener una oficina con fax y teléfono, "una mesa" y otros materiales y documentos necesarios para sus actividades y dos empleados a tiempo parcial. Esta sociedad poseía unos bienes intelectuales por 150 millones de dólares. A partir de esa base, establecía unos ingresos por royalties durante los siguientes diez años de 2,7 millones de euros. En los primeros seis años, según establece en el documento, habría pagado el 2% por sus ganancias derivadas de la Propiedad Intelectual.

"Esta sucursal se consideraba al 92% financiada por deuda normal, al 6% por deuda subordinada y al 2% por recursos propios. Y lo que tributa, en Luxemburgo, es la parte proporcional de ese 2%", explica un experto en tributación que ha consultado el documento. El Wall Street Institute Group no ha querido hacer declaraciones para esta reportaje.

Como otras empresas cuyos activos los constituye una propiedad intelectual, el WSI cobraba para que las franquicias utilizaran su nombre: como si el miembro de una familia cobrara a sus familiares en otros países para utilizar su mismo apellido. Y tuviera una exención sobre los rendimientos que ello le genera, como ocurre en Luxemburgo.

Se trata de una situación de la que se aprovechan varios gigantes tecnológicos, como Amazon, para optimizar la fiscalidad de sus patentes. Es un fenómeno "extendido a las grandes empresas de tecnología", explica Algirdas Semeta, comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Anti Fraude preguntado por el ICIJ sobre este asunto. "Efectivamente, en todos los sectores existen aspectos relacionados con la economía digital que deben de ser reenfocados en nuestras prácticas tributarias, y los derechos de propiedad intelectual son un elemento clave", asegura.