"Los papeles de Luxemburgo son un golpe a la credibilidad de Juncker como presidente"

Menos de 24 horas después de la publicación de los acuerdos confidenciales que delatan las ventajas fiscales de las multinacionales en Luxemburgo, Estado miembro y fundador de la Unión Europea, los representantes comunitarios están saliendo al paso para condenar la situación del Gran Ducado. Muchos de ellos ya lo han hecho, mientras que otros, como el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, han preferido cancelar sus compariciones ante la prensa previstas para hoy. En España, Hacienda ha asegurado ese tipo de acuerdos ya están bajo los focos de la Agencia Tributaria.

La situación es delicada para Juncker, que ha llegado a Bruselas tras ejercer de primer ministro del pequeño ducado desde 1995 hasta 2013. Es bajo su mandato que la autoridad tributaria local acordó los tax rulings de las 343 empresas que esta investigación ha hecho públicos por primera vez. Unos acuerdos que, en cuanto legales en el país, han sido una práctica habitual que ha permitido ahorrar impuestos a compañías con beneficios millonarios.

Juncker, por su parte, todavía no ha comentado los hechos. A última hora de este miércoles ha anulado una charla-debate que había organizado en Bruselas con los diario Le Sor (Bélgica), L’ Obs (Francia) y De Standaard (Bélgica), según han confirmado los organizados. El portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, ha sido tajante: "Si los esquemas de ayudas de Estado de Luxemburgo no se ajustan a las normas del mercado interior, se actuará".

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"Un problema político"

Margrethe Vestagers, la nueva comisaria Europea de Competencia (ocupará el que ha sido el sillón de Joaquín Almunia) ha comentado los hechos a través de un portavos: los tax ruling son "una práctica común", pero "si las autoridades fiscales de un Estado Miembros aceptan que la base imponible de una compañía específica ha sido calculada en su ventaja, esto podría considerarse un trato favorable para la empresa, una situación que podría implicar una ayuda de Estado". Esta práctica es ilegal en la UE y la Comisión está investigando la situación en el Gran Ducado de empresas como Amazon o la italiana FIAT. Las filtraciones de Luxembourg Leaks exponen por primera vez este tipo de documentación.

Una velada amenaza de investigación que el Partido Popular Europeo, mayoritario en el Parlamento de Bruselas, asegura querer respaldar. "La investigación no será un problema para Juncker en el momento en que deje de actuar como Primer Ministro de Luxemburgo y empiece a hacerlo en calidad de presidente de la Comisión", comentan fuentes populares a El Confidencial. El mandato de Juncker ha comenzado oficialmente esta semana.

Pero los estados tienen que poner algo de su parte: "Hay un problema político, el del doble lenguaje de los gobiernos nacionales: vienen a Bruselas para hablar de todos los mecanismos para combatir la evasión y el fraude fiscal, pero después en sus países montan todo tipo de esquemas", remata un portavoz de los populares europeos consultado. "La única fiscalidad común es el IVA, en todo lo demás, cada gobierno, de cualquier colores políticos, hace lo que quiere, permitiendo que se creen esquemas de todo tipo", añade.

"Luxemburgo tiene mucho por hacer"

La situación de España, según fuentes de Hacienda, es muy clara. En abril de este año, como parte del G-5, ha apoyado el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, en inglés) de la OCDE, pensado para evitar la erosión de bases imponibles a escala internacional y la transferencia artificial de beneficios empresariales. Es decir, el esquema puesto en marcha por la mayoría de empresas involucradas en la investigación que publica hoy este diario.

En la misma línea, la Agencia Tributaria "está dando prioridad a la lucha contra la planificación fiscal agresiva, tanto en el ámbito interno (nacional) como en el de la fiscalidad internacional", recuerdan fuentes de Hacienda. También en la reforma fiscal pendiente de aprobación en el Congreso se incluyen aspectos relativos a la lucha contra el fraude para evitar abusos como los llamados "productos híbridos".