Ana Pastor ‘endulza’ el AVE a Levante y no pedirá pago de entrada ni servicios mínimos

El Gobierno no exigirá ningún canon de entrada ni establecerá servicios mínimos al futuro concesionario del AVE a Levante, según el proyecto de orden ministerial anunciado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, que tiene por objeto dar soporte jurídico al próximo concurso público para la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. La Secretaría General de Transporte, que dirige Carmen Librero, viene trabajando desde hace meses en los detalles técnicos del pliego de condiciones que será repartido entre los potenciales competidores de Renfe antes de finales de año.

La singularidad de la operación ha motivado que el Ministerio de Fomento elimine cualquier tipo de pretensión económica a favor del Estado para concentrar su estrategia en apoyo de una mayor competencia en el sector que se traduzca en mejoras de precios para los usuarios del ferrocarril. Los operadores que aspiren al único título habilitante del corredor Madrid-Levante tendrán que pujar exclusivamente con la propuesta de un business plan que sea suficientemente atractivo desde el punto de vista comercial y que, en consecuencia, esté avalado con plenas garantías de cumplimiento.

Ana Pastor ha señalado en el Congreso de los Diputados que la apertura de esta primera línea de alta velocidad servirá para incrementar decisivamente la utilización de una infraestructura cuyo grado de ocupación sólo alcanza ahora el 50%. El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ratificó esta misma idea cuando hace unos días aseguró que el AVE en España “no es sostenible” con los 24 millones de pasajeros que a día de hoy utilizan este servicio público. El administrador de la red ferroviaria se ha comprometido a duplicar esta cifra, hasta los 50 millones de viajeros, en 2018.

El máximo responsable de Adif ha señalado su intención de abrir una ronda de conversaciones con todas las empresas privadas que han solicitado licencia para operar la red ferroviaria a fin de coordinar un marco de actuación que facilite la transición hacia el nuevo modelo de liberalización. Las muestras generales de interés son múltiples, pero la licitación solitaria del corredor que transita desde Madrid a Cuenca, Albacete, Alicante, Murcia y Castellón no termina de satisfacer las expectativas de las empresas privadas, tal y como han manifestado sus máximos directivos al nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Los potenciales aspirantes a entrar en el AVE pretenden que el pliego de condiciones establezca un calendario en firme de apertura en toda la red nacional. La petición viene avalada por la CNMC, cuyos informes al Gobierno inciden sobre todo en la liberalización de los corredores con mayor demanda, como son el Madrid-Sevilla y el Madrid-Barcelona. Los candidatos quieren que la licencia del Madrid-Levante conlleve la opción para operar al menos estos dos pasillos emblemáticos de la Alta Velocidad Española y que los futuros concursos, en su caso, sólo sirvan para incorporar terceros licenciatarios en abierta competencia.

A cuestas con el canon de Adif

En segundo lugar, y no menos importante, las empresas exigen como condición sine qua non una rebaja del canon que percibe actualmente Adif del operador estatal, que es Renfe. La compañía que preside desde hace unas semanas Pablo Vázquez destina un 47% de sus ingresos a sufragar los costes de la empresa que administra la red, un porcentaje que podría ser bastante más elevado para cualquier operador privado que intente competir con Renfe a fuerza de bajar los precios, como es la intención reconocida del Gobierno.

Los planes de negocio que se manejan en el sector sitúan el ratio de costes derivado del actual canon de Adif en un 62% de los ingresos que puede generar la línea Madrid-Valencia, lo que hace prácticamente inviable cualquier proyecto. Las empresas privadas han recurrido a la propia Renfe para efectuar los oportunos estudios de benchmarking y conocer el coste real que podrían soportar por la utilización de la infraestructura. Los resultados indican que el Gobierno debería reducir el canon al menos en un 50%, lo que puede causar estragos en las cuentas plagadas de deudas que registra el administrador ferroviario.

El pulso del sector con el Ministerio de Fomento no ha hecho más que empezar y de ahí que la ministra no quiera exasperar los ánimos con una orden ministerial restrictiva que podría terminar de desalentar los ánimos de las empresas. El Gobierno trata de evitar que la liberalización suponga el punto de partida para la aparición de inversores financieros dispuestos a actuar al modo y manera de los habituales ‘fondos buitre’ que sobrevuelan la economía española de un tiempo a esta parte. Tampoco parece deseable que la red del AVE sea campo de pruebas para una competencia feroz entre Renfe y alguno de los grandes gigantes estatales, como la francesa SCNF o la alemana Deutsche Bahn.

La liberalización está diseñada también con la finalidad de impulsar la inversión industrial de capital español, lo que va a exigir un cierto encaje de bolillos a la hora de lanzar el definitivo concurso. Entre las entidades que permanecen al rebote de las negociaciones se han empezado a configurar las primeras alianzas corporativas que sitúan en la ‘pole position’ de la carrera al Grupo Planeta, a través de su filial Veloi Rail, en consorcio con la empresa de transportes Alsa, perteneciente a la familia Cosmén. Su rival más directo sería la resultante del proyecto que lideran Juan José Hidalgo y José Manuel Entrecanales a través de Globalia y Acciona. Otras constructoras como Ferrovial, OHL, ACS y Comsa figuran también a la cola de candidatos que intentan subirse al AVE, si es que finalmente el negocio se demuestra rentable.