El Gobierno quiere excluir a los directivos de Aena del tramo de empleados de la OPV

El Gobierno quiere curarse en salud con Aena evitando cualquier sospecha de favoritismo a favor de los que gestionan la privatización de los servicios públicos. Para erradicar cualquier suspicacia, los responsables de Enaire, la empresa estatal que actúa como agente de la oferta pública de venta (OPV), ha planteado que los directivos de Aena sean excluidos del tramo destinado a los empleados de la compañía. Una medida insólita que pone de relieve las cautelas políticas que rodean el estreno en el parqué de la entidad que gestiona los aeropuertos en España.

Aena va a inaugurar en bolsa una categoría específica como primera empresa cotizada bajo control mayoritario del Estado. En realidad, la venta del 49% no puede entenderse como una privatización propiamente dicha, sino más bien como una apelación al mercado de valores con objeto de asegurar la financiación mixta de una gran multinacional dentro del sector aeroportuario. Desde esta perspectiva, la colocación otorga a la empresa un blindaje político que repele cualquier tentación destinada a favorecer la enajenación parcial y separada de los principales aeropuertos del país.

El objetivo de la ministra de Fomento, Ana Pastor, por mantener a salvo la red completa de Aena exigía la venta integrada de la empresa y con ese mismo planteamiento ‘nacionalista’ algunos otros compañeros de su gabinete decidieron que lo mejor era reservar siempre el control accionarial de la compañía en manos del Gobierno. Todos estos condicionantes planean ahora sobre el desarrollo técnico de la OPV y generan una especie de paroxismo a la hora de cuidar los detalles más nimios de la mal llamada privatización.

La cuota destinada a los empleados se incluye dentro del tramo minorista, que en el caso de Aena alcanza un total de 4,2 millones de títulos. Dicho importe equivale a una décima parte del 28% del capital que será colocado mediante oferta pública. El restante 21% ha sido comprometido con el núcleo estable de socios de referencia que capitanea el Grupo March, con una participación del 8%, junto con Ferrovial y el hedge fund The Children Investment (TCI), cada uno con el 6,5% de las acciones.

El ‘capitalismo popular’ de la antigua SEPI

El aislamiento de los ejecutivos de Aena en la inminente OPV supone la pérdida de las ventajas que tienen tradicionalmente todos los empleados de las empresas que salen a bolsa. Durante la era de las grandes privatizaciones, hace ya casi veinte años, la SEPI se esmeró por cuidar con especial mimo y sin distinción a todos los trabajadores de las compañías que fueron lanzadas al mercado. La doctrina del denominado ‘capitalismo popular’ promovía el paternalismo del Estado hacia los empleados públicos y nadie se atrevió a discriminar a los directivos que pilotaban las ofertas públicas de venta.

Los tiempos han cambiado, y de qué manera, por lo que ahora se imponen otros procedimientos que, además de asegurar los resultados económicos, garanticen también la aceptación social ciudadana de cualquier programa de desregulación o desinversión pública. La incorporación de capital privado a Aena se ha adoptado a pesar de los múltiples intereses creados en su contra y ha levantado demasiadas ampollas durante todos estos meses atrás, por lo que los asesores del presidente Mariano Rajoy han preferido ahora tentarse la ropa con medidas cosméticas que contribuyan a apaciguar los ánimos.

Descuentos del 10% para empleados

Las ventajas de los empleados que deseen ejercer su opción natural de compra se traducen lisa y llanamente en un descuento, estimado en el 10%, sobre el precio final que resulte de la OPV y cuya referencia máxima son los 53,33 euros por acción que ha ofrecido la Corporación Financiera Alba de la familia March. Los directivos podrán también adquirir acciones, pero en su caso, un colectivo que alcanza a casi 40 profesionales, deberán rascarse el bolsillo y pagar la factura entera como cualquier otro inversor particular.

La oferta pública se iniciará oficialmente mañana con la verificación del folleto por parte de la CNMV y hasta el lunes no se cerrarán los mandatos revocables de compra en el tramo institucional. El precio máximo minorista se fijará el 4 de noviembre y el día 10 se acordará el importe definitivo. Los analistas estiman que la valoración de Aena a efectos de la salida a bolsa no superará los 6.000 millones de euros, lo que supone un precio final en el entorno de 40 euros por cada uno de los 150 millones de títulos en que se distribuye el capital del operador aeroportuario.