Los usuarios de tarjetas contraatacan y piden por burofax sus datos fiscales a Caja Madrid

La inspección de Hacienda ha empezado a llamar a capítulo a los 86 beneficiarios de las célebres tarjetas ‘black’ de Bankia, quienes en mayor o menor medida están asumiendo el coste del escarnio público como corresponde a todo aquel al que le pillan con las manos en la masa. Pero eso no implica que los más avezados en cuestiones fiscales hayan desplegado su defensa legal con una clara estrategia destinada a que sea la propia entidad emisora, en este caso la Fundación Caja Madrid, la que termine dando la cara ante la Agencia Tributaria.

El director general de la institución heredera de la vieja caja de ahorros madrileña, José Guirao, ha empezado a recibir los primeros requerimientos que algunos consejeros de Bankia están enviando por burofax siguiendo las indicaciones de sus respectivos abogados penalistas. El objetivo de estas reclamaciones no es otro que forzar la carga de la prueba sobre la Fundación Caja Madrid tanto en el supuesto de que la entidad conteste a la solicitud informativa de los demandantes como en el caso de que termine dando la callada por respuesta.

Los requerimientos formales de información parten de una base jurídica que puede ser clave para entender el desarrollo de los futuros acontecimientos en los tribunales. Al parecer, los consejeros de la antigua Caja Madrid disfrutaban de tarjetas sin necesidad de presentar justificantes, pero eso no implica que fueran realmente opacas desde el punto de vista de la contabilidad interna, ya que todos los cargos estaban incluidos en los estados financieros de la entidad bajo un epígrafe con el enunciado de “Gastos de órganos de gobierno”.

Las tarjetas de los consejeros estaban sometidas, en consecuencia, al control ordinario de la dirección financiera, así como a la revisión de la auditoría interna, al informe de la auditoría externa y a la propia supervisión del Banco de España. A partir de ahí se abre una vía argumental que tiene por objeto demostrar que la tarjeta, limitada en el mejor de los casos a un máximo anual de 50.000 euros, constituía una aportación dineraria para los administradores de Caja Madrid, que puede ser criticable desde un punto de vista social pero que exoneraría de cualquier otra responsabilidad a sus privilegiados usuarios.

Tres peticiones concretas de información

Bajo este argumento algunos de los antiguos consejeros de la entidad que entonces presidía Miguel Blesa han emprendido la vía legal, y el primer paso ha sido reclamar a la Fundación que ahora actúa como accionista de Bankia una información exhaustiva sobre las tarjetas de la discordia. Partiendo de la ‘buena fe’ y en la creencia de que tal incentivo o retribución se ajustaba a la ‘legalidad vigente’, el requerimiento ‘ruega’ a sus destinatarios que tengan a bien facilitar tres tipos de información.

En primer lugar, los peticionarios reclaman a la Fundación los “distintos acuerdos del consejo de administración (de la antigua Caja Madrid) sobre el uso de la tarjeta de crédito en cuestión". En segundo término, muestran su interés por ser "ilustrados sobre la legalidad aplicable en materia de incentivos a los consejeros”. El tercer motivo del requerimiento, y probablemente el más determinante, es la aclaración de los certificados de retenciones a fin de conocer si la información fiscal remitida a efectos de la declaración del IRPF incluía los cargos generados por el uso de la tarjeta de crédito.

Los beneficiarios recuerdan en los requerimientos que nunca han recibido comunicación alguna de Caja Madrid sobre la posible ilicitud de la tarjeta y de su uso, que consideran una remuneración añadida por el desempeño de sus cargos. En consecuencia, y de acuerdo con la estrategia legal de sus abogados defensores, el dinero ni tiene que ser devuelto ni tampoco debe ser regularizado a efectos fiscales, al menos hasta que Hacienda no diga expresamente lo contrario.