Greenpeace cambia de estrategia y tira de economía para defender las renovables

Combatir con las mismas armas. Es el paso que ha decidido dar Greenpeace dentro de su lucha en defensa del cambio climático, una estrategia tradicionalmente cargada de argumentos sociales y medioambientales que ahora ha girado hacia razonamientos puramente económicos en uno de los debates más enquistados del momento y con mayor cargo para los bolsillos españoles: el energético.

Más allá de la capa de ozono, los gases invernaderos, el deshielo de la Antártida o las especies protegidas, la ONG ha decidido enarbolar la bandera del ahorro familiar, la creación de empleo, la recaudación de impuestos y la seguridad jurídica como condición sine qua non para que fluya la inversión extranjera.

Este cóctel de argumentos es la base sobre la cual la organización ecologista defiende que la recuperación económica debe venir de la mano de las renovables. Y, para sustentar sus tesis, encargó un estudio a la consultora independiente Abay Analistas, cuya cartera de clientes abarca desde la Administración Pública –Ministerio de Industria incluido– hasta las Cámaras de Comercio o el Fondo Europeo de Inversiones.

Las conclusiones de este informe se resumen en que un modelo económico basado en renovables permitiría crear hasta de tres millones de puestos de trabajo, abarataría en un 24% la factura de la luz, inyectaría 14.000 millones a los ayuntamientos vía impuestos y generaría un crecimiento anual de dos puntos en el PIB.

Obviamente, este idílico escenario tiene un coste, como todo modelo económico, y este consiste en unas millonarias inversiones de aquí a 2030, horizonte que se ha marcado la propia Unión Europea para definir sus próximos objetivos climáticos y energéticos, y que Greenpeace ha tomado como fecha clave para realizar su estudio.

En el escenario más conservador, se requeriría una inversión anual de 5.414 millones de euros para lograr que la electricidad cubriera más del 28% del consumo de energía total en España y el porcentaje de renovables a la generación eléctrica sería del 29,6%.En el intermedio, se necesitarían 13.552 millones anuales, la electricidad cubriría el 33,5% y el porcentaje de renovables en dicha generación aumentaría al 67,6%; mientras que en el más ambicioso, la electricidad cubriría el 42,5% del consumo total de energía y el peso de las renovables llegaría al 94,7%. Eso sí, a cambio de invertir 19.535 millones al año durante los próximos quince ejercicios.

¿Y de dónde puede salir ese dinero? De varias fuentes. La primera, y Greenpeaceno lo oculta, de las primas, que son el anzuelo que necesitan los grandes fondos internacionales para invertir en estas infraestructuras. Un arma de doble filo, ya que al mismo tiempo que atraen inversiones para construir una fuente de energía que consigue abaratar el coste mayorista –el famoso pool– encarece la factura porque es donde termina yendo el coste de esas primas.

Frente a este argumento, el informe de Abay Analistas defiende quelas renovables no son, precisamente, las únicas responsables de que la factura de la luz se haya encarecido un 46,1% entre 2008 y 2012, periodo sobre el cual se ha elaborado el informe. Las energías limpias son responsables de un 14,7%, ya que esta cifra es el resultado de restar el 11% que las energías limpias abaratan el pool al 26,21% en que se cifra el impacto de las primas en el encarecimiento del recibo.

Por tanto, el impacto neto se cifra en el citado14,7%. ¿De dónde salen los otros 31,4 puntos que faltan hasta alcanzar el 46,1% que se ha encarecido la luz? Esa pregunta también se la hace Greenpeace, que pide al Gobierno obligar a todas las partes –compañías eléctricas y autoridades públicas– a detallar con claridad qué se paga y por qué motivo en cada factura eléctrica.

Esta petición la hace para que también quede negro sobre blanco quéenergías fósiles se están financiandoy cuánto,inversiones que propone eliminar en pro de energías limpias; así como cuánta energía se importa y a qué precio, con su propuesta de ir eliminándolo conforme aumente laproducción renovable.

Otra vía de ahorro, según Greenpeace, vendría de cumplir los requisitos de Kioto, ya que así se dejarían de pagar multas por rebasar los límites pactados, algo que ha supuesto ya para el bolsillo de todos los españoles un desembolso de 800 millones, según la organización ecologista.