por la indemnización del gaseoducto del castor

Florentino Pérez carga 182 euros a la factura del gas de todos los españoles por el Castor

El Gobierno confirmó que indemniza a ACS con 1.350 millones por el fracaso del Castor, un coste que finalmente recaerá en la factura de los consumidores

Foto: Instalaciones del proyecto Castor.
Instalaciones del proyecto Castor.

Florentino Pérez ha conseguido entrar en la casa de todos los españoles. No solo en la de los seguidores del Real Madrid, sino en todos aquellos hogares que tienen cocina, calefacción y caldera. Cuando cualquier consumidor encienda algunos de estos electrodomésticos en los próximos años, asumirá un coste adicional de 182 euros que servirá para indemnizar a ACS por el agujero causado al Estado por el gaseoducto del Castor.

Como adelantó El Confidencial el 10 de septiembre, el Gobierno ha aprobado la indemnización a Escal UGS, sociedad controlada por el grupo presidido por Florentino Pérez, por la no entrada en funcionamiento de la plataforma situada entre Castellón y Tarragona conocida como Proyecto Castor. El Ejecutivo decidió pagar 1.350 millones de euros a la compañía liderada por ACS mediante el traspaso del almacenamiento subterráneo a Enagás, que a cambio recibe un derecho de cobro por la misma cantidad.

Para evitar que este embolado tuviera consecuencias en la solvencia financiera de la empresa presidida por Antonio Llardén, Enagás ha firmado un crédito sindicado con Caixabank, Bankia y Banco Santander, que ahora recibirán una rentabilidad por este préstamo a 30 años. El coste final irá a parar a los operadores del sistema gasístico (Iberdrola, Gas Natural, BP, Petrobras…), que posteriormente se lo traspasará a las compañías comercializadoras (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Gas Comercializadora, EDP, Cepsa).

Florentino Pérez. (Efe)
Florentino Pérez. (Efe)

Aunque la decisión final dependerá de cada compañía, lo lógico es que, para mantener los márgenes, cada vendedor le endose en último lugar este coste al consumidor, ya sea minorista o mayorista. Teniendo en cuenta que en España hay unos 7,4 millones de usuarios de gas, cada español y pyme tendrá que hacerse cargo de 182 euros por el fracaso del Castor, cuyo coste de construcción se multiplicó por tres respecto al presupuesto inicial.

De esta forma, ACS se lava las manos por el escándalo de una instalación que provocó varios terremotos cerca de Vinaroz y que alertó a la población. Florentino Pérez negó en su entrevista televisiva en Salvados cualquier incidencia pese a regisrarse más e 500 alteraciones del terrenoEn aquel programa de La Sexta, el presidente del Real Madrid dijo que “se asustaron por nada”. “Se creó una alarma que no se corresponde con la realidad. No pasó nada”, añadió el máximo accionista de la compañía constructora para quien “no hubo ningún temblor en ninguna casa”. Ahora, el temblor se producirá en la factura de gas de todas.

Evitar el impago

El Gobierno ha justificado la medida de indemnizar a ACS para “evitar males mayores”. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se refiere con esta explicación a que en octubre había que hacer frente al cupón de una emisión de bonos lanzada en julio de 2013 para financiar el gaseoducto. Estos bonos tenían la garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por lo que el impago hubiera repercutido en la credibilidad de España en los mercados internacionales.

El coste final irá a parar a los operadores del sistema gasístico, que posteriormente se lo traspasará a las compañías comercializadoras

El apoyo de la UE fue clave para la financiación del proyecto. La colocación de bonos de Castor fue la primera que se llevó a cabo bajo el vehículo “project bond”, un producto financiero que Bruselas quería impulsar para facilitar una serie de infraestructuras estratégicas, entre otras, un almacén gasista en Italia o autopistas en Bélgica, Eslovaquia, Alemania y el Reino Unido. El apoyo del BEI también resultó fundamental porque gracias a él la emisión consiguió una calificación de rating atractiva.

Para maquillar esta decisión que irá finalmente contra el bolsillo de los españoles, el real decreto que publica hoy el Boletín Oficial del Estado deja una puerta abierta a que el Gobierno de Mariano Rajoy exija responsabilidades ulteriores a ACS si se demuestra que hubo alguna negligencia por parte de Escal. 

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