El Gobierno hiberna Castor: le compensa con 1.350 millones que asumirá Enagás

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor. Reconoce además una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS, tal y como había adelantado El Confidencial. El importe lo asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

La compensación será abonada por Enagás, en una operación "muy ligada a financiación del BEI", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Posteriomente, el sistema gasista resarcirá durante un periodo de 30 años a Enagás. La hibernación de la instalación "implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, cuya concensión a Escal queda extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una "solución" a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno "intentó una declaración de lesividad" ante los tribunales. "Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras", señaló.

Tal y como avanzó El Confidencial,el pacto lo ha alcanzado Florentino Pérez con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, después de conseguir el beneplácito del ministro de Industria, José Manuel Soria. El político canario ya reconoció públicamente este verano que “no había otra opción” que indemnizar a ACS debido a que cuando se aprobó la construcción en 2008 se incluyó una cláusula por la que se permitía la renuncia del constructor en el caso de que la inversión se considerase no rentable.

Una vez aceptada la carga tras la decisión de Florentino Pérez de abandonar el proyecto el pasado mes de julio, el Gobierno consultó con la Comisión Europea cómo debía contabilizar esos 1.350 millones. La respuesta de Bruselas fue que pasaría a aumentar el déficit público, notificación que sentó como un tiro en los aposentos de Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda se negó a aceptar esta factura envenenada, por lo que instó a Rajoy y al responsable de Industria a que buscaran otra solución.

El mal arreglo consiste en que Enagás se hará cargo de la “hibernación” de Castor, es decir, del cierre de la planta situada entre Tarragona y Castellón, y el mantenimiento de la instalación. Al mismo tiempo, un grupo de bancos articulará un mecanismo de financiación con el que pagar a los bonistas que previamente financiaron la construcción del gaseoducto submarino.

Debido a que la instalación no va a entrar en funcionamiento, los inversores que compraron los bonos emitidos por Escal, cuyo mayor accionista es ACS, tienen derecho a que se les devuelva el dinero el 30 de noviembre como fecha límite. Industria está sopesando con estos bancos cuál es la mejor alternativa para evitar que el agujero del Castor recaiga sobre el balance de Enagás, que vería aumentado sensiblemente su endeudamiento en el caso de que finalmente tuviese que hacerse cargo del coste financiero de la infraestructura.