El Consejo de Estado echa por tierra la reforma del Registro Civil de Gallardón

Algunos pensarán que se está haciendo leña del árbol caído, pero hay otros que más bien lo comparan con Atila por aquello de que por donde pasó no creció la hierba. No ha sido únicamente la ley del Aborto, que ha terminado por costarle el cargo, ni la ley Orgánica del Poder Judicial, que ha abierto un intenso debate social. También la reforma y privatización del Registro Civil en una operación que está empezando a salpicar al mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y que se ha convertido en serio motivo de polémica tras el reciente ‘suicidio político’ de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre todos lo mataron y él solo se murió.

El enésimo varapalo ‘póstumo’ contra la labor del hasta hace unos días ministro de Justicia lo acaba de dar el Consejo de Estado en su esperado dictamen sobre la Corporación de Derecho Público auspiciada por Ruiz-Gallardón para modernizar los registros en España. La intención resultaba encomiable pero el procedimiento ha dejado mucho que desear hasta el punto de que los propios registradores afectados han considerado que una especie de ‘mano negra’ ha estado urdiendo un pelotazo a costa del negocio de casi 80 millones de euros anuales que supone en España la actividad registral.

El Gobierno, a instancias de Ruiz-Gallardón, ha aprobado uno más de sus recurrentes decretos-leyes con objeto de traspasar la gestión informática de los registros a una entidad de nueva creación que vendrá a sustituir al Colegio de Registradores. La constitución de este organismo estaba contemplada dentro del conglomerado legislativo de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros. Los estatutos de la Corporación Pública que se encargará del sistema registral electrónico han dado lugar a un expediente del Consejo de Estado cuya resolución es realmente demoledora para los promotores del proyecto.

El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno señala que la atribución a la citada Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, “supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigesimoséptima del Real-Decreto-ley 8/2014, en relación con el artículo 36 de la Constitución Española”. El Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por Ruiz-Gallardón “se extralimita al pretender un ámbito de actividad de la Corporación” al tiempo que denuncia la pretensión de modificar normas legales de cara a la gestión integrada de los registros civil y mercantil, tal y como pretende el Ministerio de Justicia.

Los detalles contenidos en el expediente de 39 páginas fechado el pasado 25 de septiembre por el Consejo de Estado ponen en evidencia la labor de la futura Corporación de Derecho Público, llamada a ser el ‘convidado de piedra’ encargado de abonar el coste de la nueva plataforma electrónica de los registros. El concurso para la dotación de los programas y aplicativos tecnológicos ha sido encargado en paralelo a Isdefe, empresa de ingeniería de sistemas dependiente del Ministerio de Defensa. El argumento de esta bifurcación de responsabilidades se justifica en la trascendencia que la información de los registros tiene para la seguridad pública del Estado y la nación.

Demanda ante la Fiscalía contra Rajoy

El Consejo de Estado destaca la excepcionalidad de un procedimiento en el que una compañía se encarga de preparar los pliegos, seleccionar los contratistas y adjudicar un contrato, mientras que otra es la responsable de formalizar, firmar y pagar la operación. Dentro del colectivo de Registradores no son pocos los colegiados que han denunciado maniobras presuntamente orientadas a favorecer a determinadas empresas afectas al régimen de la actual Dirección General de los Registros y del Notariado. Por si acaso, el Ministerio de Hacienda se ha curado en salud sugiriendo que se incluya en la normativa una cláusula para someter dicha contratación a los principios de publicidad y concurrencia.

A la vista de las múltiples observaciones que suscita este proyecto, el Consejo de Estado estima que el Real Decreto de marras “debiera reconsiderar las previsiones que dedica al régimen de gestión de la nueva Corporación y valorar las evidentes ventajas que reportaría encomendar tal gestión al Colegio de Registradores”. El dictamen no menciona lógicamente entre dichas ventajas los problemas que se ahorraría también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dada su vinculación con la profesión en calidad de registrador en excedencia y titular como es, mientras no renuncie y aunque no ejerza, de la plaza de Santa Pola.

El Colegio de Registradores y otras asociaciones profesionales han decidido presentar denuncias ante la CNMC contra la reforma, a la vez que se ultiman las impugnaciones contra el proceso de adjudicación de los sistemas informáticos. A todo ello se une la demanda interpuesta por CCOO ante la Fiscalía General del Estado contra Rajoy y Ruiz-Gallardón a quienes acusan por no haberse inhibido en la decisión del Consejo de Ministros que aprobó la privatización de los registros. El sindicato justifica las medidas legales en un supuesto conflicto de intereses dado que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos son registradores. También lo son la nuera y el cuñado del dimisionario ministro de Justicia.