Ultimátum de Bruselas a España: las minas de Iberpotash son "un peligro para la salud"

Las minas de Iberpotash en la comarca catalana del Bagés se han convertido en un problema serio para la diplomacia española en Bruselas. La Comisión Europea está a punto de abrir un dictamen motivado como paso previo a un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que considera “un peligro para la salud de las personas” derivado de la gestión de los residuos extractivos que produce la citada empresa, filial de la israelí ICL, en los términos municipales de Súria, Sallent y Balsareny.

La secretaría general de la CE ha hecho llegar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, una carta de emplazamiento que constituye todo un alegato bien detallado de las graves consecuencias medioambientales que pueden derivarse de dichas explotaciones mineras. La misiva, demoledora en muchos de sus términos, señala de forma concreta “los efectos nocivos sobre las aguas subterráneas y superficiales” y arremete contra las autoridades españolas que “no han tomado las medidas necesarias para garantizar que los residuos de extracción se gestionen sin poner en peligro la salud humana”.

El conflicto se sitúa en cinco escombreras salinas de la Cuenca del río Llobregat donde se depositan los residuos de las minas de potasa. La exposición de los hechos justifica la gravedad del caso con arreglo al propio plan director de restauración transmitido por España a Bruselas y en el que de manera más específica se definen los efectos sobre la hidrogeología del área como “realmente críticos”. La contaminación salina está provocando una larga serie de problemas, “siendo uno de los más importantes las repercusiones en la calidad de las aguas destinadas al consumo humano”, añade la Comisión Europea.

La carta, firmada por el hasta ahora comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, afirma que se han vulnerado una amplia serie de las obligaciones contenidas en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo sobre gestión de residuos de las industrias extractivas. Bruselas considera que ni siquiera se ha adoptado un plan de gestión con arreglo a esta legislación y denuncia que, aunque se han reconocido oficialmente los enormes perjuicios causados, España sigue permitiendo a fecha de hoy que las instalaciones que todavía tienen actividad “operen sin una autorización otorgada por la autoridad competente”.

La Comisión Europea va más allá y deja entrever la incapacidad política del Estado español para exigir que la entidad explotadora tome las “medidas necesarias para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana”. Bruselas hurga de manera indirecta en la herida de las complejas relaciones entre el Gobierno y la Generalitat en un momento especialmente crítico y que para muchos supone una pequeña gota de agua en el océano de tensión política que se vive en Cataluña.

El drama es que la gota a la que se refiere el ultimátum comunitario termine llegando envenenada a los hogares de muchos catalanes, convirtiéndose en un problema de primera magnitud para la salud pública. Fuentes del Partido Popular han mostrado sus quejas a los partidos catalanes por lo que consideran una escasa diligencia para implicar a Iberpotash en la búsqueda de soluciones efectivas. No en vano, la denuncia de la Comisión Europea responde a una queja ciudadana presentada en noviembre de 2012 en la que ya se advertía del peligro de contaminación de las aguas que abastecen a Barcelona.

El apoyo de Artur Mas en su visita a Israel

El expediente llevado a cabo por Bruselas, dentro de lo que se ha denominado el marco de la investigación EU Pilot 4681/2013, ha implicado durante estos dos años a las autoridades medioambientales de la Administración del Estado, pero los requerimientos formales no han servido, a la vista de las pruebas, para evitar que la Comisión Europea amenace ahora con un procedimiento de infracción en Luxemburgo. Los programas de inversión anunciados por Iberpotash en la zona del Bagés han prevalecido sobre el resto de cuestiones sociales, y el propio Artur Mas no dudó hace un año en defender los planes de la compañía minera.

El presidente de la Generalitat se entrevistó con los responsables de ICL durante la visita que efectuó en noviembre de 2013 a Israel. Para entonces, el cerco sobre Iberpotash empezaba a estrecharse y ponía en tela de juicio la conveniencia de sus explotaciones. Artur Mas trató de apaciguar los ánimos de la multinacional aportando la garantía de apoyo político a la filial en nuestro país. La vinculación de la Generalitat con los intereses de ICL es uno de los motivos que ha inspirado la airada reacción de Bruselas, alimentando las sospechas de complicidad institucional que pueden dar lugar a un pleito en toda regla contra España.

Iberpotash ha decidido, mientras tanto, paralizar las inversiones anunciadas dentro del denominado Proyecto Phoenix, considerado como el más importante plan industrial que ahora se desarrolla en España y en el que están previstas inversiones por valor de 800 millones de euros. La empresa, que lleva desembolsados hasta la fecha 500 millones en la cuenca minera del Bagés, se siente amenazada por las presiones de otras empresas internacionales de la competencia que son las que, a su entender, están ejerciendo con toda las consecuencias su capacidad de influencia en Bruselas.

La compañía israelí afronta además una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a restaurar la enorme montaña de sal que posee en el Poblat Ibèric del Cogulló, dentro del término municipal del Sallent. Esta resolución ha obligado a la empresa a pagar una fianza de casi siete millones de euros, que pueden ser muy pocos comparados con las consecuencias del pleito comunitario contra España. Los responsables de ICL han decidido que la mejor defensa de sus intereses es un buen ataque, y han pasado a la ofensiva con la congelación de las inversiones, en lo que se considera un reclamo para que la Generalitat cumpla sus compromisos de apoyo a Iberpotash.