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El Gobierno evita 'in extremis' la liquidación forzosa de las autopistas de peaje
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El Gobierno evita 'in extremis' la liquidación forzosa de las autopistas de peaje

El administrador judicial de la AP-36 Madrid-La Roda podría suspenderse para evitar un efecto dominó de liquidaciones en el sector de autopistas de peaje

Foto: Vista del peaje de la R-2 (EFE)
Vista del peaje de la R-2 (EFE)

Frenazo de última hora a la maquinaría que hoy se iba a poner en marcha para comenzar la liquidación de las autopistas de peaje en España, cuya deuda asciende a 5.000 millones de euros. El administrador judicial tiene previsto suspender la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda que se iba a celebrar este viernes y que habría supuesto la quiebra oficial de una de las principales autovías que está en suspensión de pagos.

Según han informado fuentes próximas a las negociaciones, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid pretende aplazar esta mañana la decisiva reunión con los acreedores, en la que, debido a la ausencia de acuerdos con la banca, se tendría que aprobar la liquidación de esta carretera que une Madrid con Levante. Sus dos principales propietarios, Ferrovial y Sacyr, no han podido hacer frente a la deuda de 550 millones que acumula la concesión por el escaso número de vehículo que circulan por ella, motivo por el cual ya solicitaron la suspensión de pagos en octubre de 2012.

La primera convocatoria de la junta de acreedores fue para el pasado 18 de abril, pero el administrador decidió dar tres meses más a las partes para encontrar un punto de encuentro. Aquel primer aplazamiento se debió a la ruptura de última hora del acuerdo entre los bancos acreedores de las otras ocho autopistas de peaje que están en la misma situación que la Ocaña-La Roda y el Gobierno, que había habilitado una solución para compensar a las cerca de 40 entidades financieras pilladas.

Cuando se daba por hecho que el Gobierno crearía una sociedad estatal para agrupar todas las autovías en concurso y que los acreedores aceptarían el interés de un bono en compensación por digerir una quita del 50% del importe de la deuda, el acuerdo saltó por los aires antes de Semana Santa. Los seis grandes bancos españoles se quejaron de que los ministerios de Fomento y Hacienda habían cambiado el tipo del cupón del bono, que sería del 1 en lugar del 4%.El Gobierno aseveró, por el contrario, que los que habían roto la baraja eran Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell.

Tres meses después y cuando parecía que no habría otro camino que la liquidación, el administrador concursal está por la labor de propiciar otra prórroga. El plazo adicional se conocerá hoy, pero previsiblemente será de otros tres meses para que accionistas, acreedores y ministerios afectos vuelvan a encontrar una vía de escape. Fuentes próximas al Ejecutivo aseguran que Fomento y Hacienda no han variado su postura y que la fórmula consensuada en marzo sigue vigente, por lo que esperan que la banca vuelva la a la posición original y se arregle un entuerto que tendría consecuencias directas para todos.

La situación es especialmente problemática para las entidades financieras, la mayoría de las cuales no ha provisionado en su totalidad la deuda impagada, y también para el Estado, como responsable final subsidiario. Las únicas entidades que han dotado casi al completo su posición de riesgo son las propias empresas concesionarias –Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, OHL e Isolux–, que desde hace tiempo han contabilizado como perdido todo el dinero desembolsado en concepto de capital.

Una propuesta imposible

La propuesta de rescate de la AP 36 que se iba a someter a votación en la junta de acreedores consistía en aplazar 43 años, hasta 2057, el pago íntegro de su deuda de 522 millones de euros. La sociedad concesionaria de la autopista Ocaña-La Roda indica que el aumento del tráfico es un factor "vital" para superar el concurso, pero que su evolución "está unida a la de la economía", lo que hace prever "un estancamiento prolongado en la utilización de las autopistas de peaje".

También augura un "dilatado periodo de tiempo para la obtención de pronunciamientos judiciales favorables para que la concesión recupere el equilibrio económico-financiero", en referencia a los procesos judiciales abiertos sobre las expropiaciones de terrenos donde se construyó la vía. Con todo, para que la autopista pueda cumplir con su plan de pago, el convenio considera "esencial" que se mantenga operativa y en marcha en todo su plazo de concesión de 75 años.

Además de la Ocaña-La Roda, las otras autopistas que actualmente están en concurso y a la espera del rescate son las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Estas nueve autopistas contabilizaron un tráfico medio de 5.751 vehículos diarios en el primer semestre del año, un 4,6% menos que el año anterior. En el caso de la AP-36, lo aumentó un 5,3%, hasta 2.545 usuarios al día.

Frenazo de última hora a la maquinaría que hoy se iba a poner en marcha para comenzar la liquidación de las autopistas de peaje en España, cuya deuda asciende a 5.000 millones de euros. El administrador judicial tiene previsto suspender la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda que se iba a celebrar este viernes y que habría supuesto la quiebra oficial de una de las principales autovías que está en suspensión de pagos.

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